Fuente: ANRed / Detenciones arbitrarias e ilegales, torturas en comisarías, retenes en rutas y avenidas, toque de queda, persecuciones a sindicalistas, entre otros abusos, configuran un estado policial que se maneja en base a resoluciones del ministerio de seguridad sin siquiera publicarse en el boletin oficial. Es decir, fuera del marco jurídico. Sólo para citar un ejemplo, el cierre total de la frontera interprovincial entre Río Negro y Chubut en la Comarca Andina, causó la muerte de una paciente oncológica que debía cruzar esa frontera para una cirugía programada. La medida fue tan extrema que el mismo intendente de Lago Puelo (Augusto Sánchez) tuvo que apersonarse en el retén para intentar, sin éxito, que permitieran cruzar a los recolectores de residuos o personal de salud que vive en una provincia y trabaja en la otra. Tampoco se permitió el paso a comunicadores y comunicadoras populares de FM Alas. Por correpsonsal popular, para ANRed, desde Chubut.
El jefe del operativo, una autoridad policial, le respondió al intendente, autoridad política, que obedecía órdenes no escritas y sólo podrían cruzar quienes tramitaran exitosamente (puede ser denegada, como en el caso de la paciente oncológica) una autorización de circulación cuya demora oscila en los 15 días.
Los audios filtrados de la máxima jerarquía policial y la sobreactuación obscena del ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Federico Massoni, con medidas extrajudiciales, parecieran llevarnos a pensar que la pseudo dictadura establecida en Chubut es obra de un desquisiado neonazi, sebado en la impunidad y el abuso de poder, dirigido por un gobernador mitómano e incompetente.
Pero el seguimiento histórico de la cadena de sucesos acaecidos en Chubut, desde la “campaña del desierto” en adelante, inscriben este último capítulo chubutense como un round más de los genocidas versus los y las defensoras del territorio, como la puesta en terreno de una política represiva y de control social especialmente diseñada, y que pretende legitimarse postulandose como la causa del no contagio provincial. Es decir, vender la mano dura y la violación de los derechos humanos en la cuarentena como forma eficaz de enfrentar al covid-19.
La cuarentena mundial le vino como anillo al dedo al tandem gobierno-megamineras, aunque está por verse si es posible el éxito de la legitimación represiva, enterrando el no pago de salarios a estatales, la renuncia del Estado a sostener hospitales y escuelas, el desfalco financiero a los fondos públicos y los abusos previos de las fuerzas, que las llevan a ser de las más denunciadas por torturas, desapariciones y asesinatos, sin mencionar el accionar parapolicial.
Y es justamente en Chubut donde se continúa librando en éste momento una batalla épica por el extractivismo megaminero. De un lado, comunidades originarias y no originarias. Del otro, poderosas multinacionales y los gobiernos genuflexos de provincia y nación. Luego de la victoria popular en Mendoza, que logró la restitución de la ley 7722 protectora del agua, las asambleas y comunidades de Chubut renovaron fuerzas para resistir embate tras embate los intentos de desembarco megaminero y nuclear.
La resistencia popular es tan fuerte que ni tres años consecutivos de política de shock ni el discurso antiterrorista, pretendiendo colocar como enemigo interno al pueblo nación mapuche-tehuelche, ha logrado doblegarla.
Movilizaciones masivas todos los 4 de cada mes, movilizaciones a la legislatura cuando se amenaza con derogar la ley 5001, que prohíbe la megamineria, campaña de expulsión de Pan American Silver, apoyo a la marcha frustrada de los Pueblos en Defensa del Agua, que iba a concretarse el 22 de marzo, formación continua de nuevas asambleas y las nuevas recuperaciones territoriales mapuche-tehuelche en los ultimos meses, son expresiones del dinamismo y vitalidad de quienes defienden el territorio o ñuque mapu.
Desde las comunidades, las organizaciones de base y populares sostienen que resulta vital luchar en el plano discursivo contra semejante concepción fascista, con denuncias y declaraciones públicas. Pero también la prevención organizativa, autodefensiva, y con acciones colectivas en el territorio, aún cuando impliquen rupturas de la cuarentena.
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