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Por Sofía Hart.- El Indec acaba de publicar los datos de pobreza y de indigencia correspondientes al segundo semestre 2021, del cual se desprende que el 37,3% de los argentinos es pobre y el 8,2% indigente. El gobierno, por su parte, se vanagloria por esta leve mejoría en relación al semestre anterior, cuando estamos hablando de índices muy elevados que tenderán a agravarse conforme avancen las medidas dictadas por el FMI.

Proyectado a la población total, estamos hablando de 17,4 millones de pobres en Argentina. En términos de hogares, el 27,9% yace bajo la línea de pobreza (con un ingreso medio de $46.712) y el 6,1% se encuentra sumido en la indigencia (con $20.633 como ingreso medio), es decir, no llega a cubrir con sus ingresos la canasta alimentaria.

El cuadro varía según las franjas etarias: la pobreza alcanza el 51,4% entre los menores de 14 años; el 44,2% entre las personas de 15 a 29 años y el 32,6% entre quienes tienen desde 30 años a 65. Asimismo, el índice de indigencia es del 12,6%, 10,4% y 6,7% respectivamente para estos tres grupos poblacionales. Como vemos, las infancias en nuestro país son las más golpeadas por esta realidad.

Con todo, la tentativa de mostrar este panorama desolador como un progreso en relación a la anterior medición carece de seriedad. Más aún si reparamos en que las cifras exhibidas son anteriores a que tuviera lugar el pico inflacionario del primer trimestre 2022, que hundió en la miseria a nuevas capas de la población. Ni hablar de los tarifazos en los servicios, la devaluación y aumentos en el combustible que vendrán como parte de la agenda pactada con el FMI, la cual terminará de derrumbar los ingresos de los trabajadores, con un gobierno empecinado en fijar pautas salariales a la baja y perpetuar la precarización laboral.

A su turno, la caída de 4,7% en el índice de pobreza respecto al mismo semestre del 2020 no tiene nada de meritorio, ya que la comparación se realiza sobre un período signado por el cierre parcial del aparato productivo -fruto de la pandemia- y sus consecuencias sociales. Por otra parte, recordemos que en el segundo semestre del 2021 tuvieron alguna incidencia las migajas preelectorales que lanzó el gobierno.

De todas maneras, vale detenerse en que, “rebote” económico mediante luego de la fuerte caída del 2020, la reducción en el índice de pobreza fue magro. Sucede que la “recuperación” del empleo de la cual se jacta el oficialismo se dio fundamentalmente en el terreno de la informalidad laboral, donde la remuneración promedio equivale a la mitad de un sueldo en blanco. A su vez, operó el desmadre inflacionario que el gobierno fue incapaz de controlar, e incluso incentivó por medio de naftazos y fomentando las presiones sobre el tipo de cambio al momento de vaciar las reservas para el pago de la deuda.

Los voceros oficialistas destacan los resultados del nuevo informe, adelantando que Alberto Fernández buscará asirse del supuesto “descenso” en los niveles de pobreza para justificar un recorte en la asistencia social y avanzar en nuevas medidas de ajuste contempladas en el acuerdo con el Fondo. Sin embargo, el escenario sigue siendo alarmante, sobre todo considerando que las estadísticas del Indec no incluyen, al momento de calcular la canasta de pobreza, gastos fundamentales que debe afrontar una familia -como el pago del alquiler- con lo existe un subregistro de ese indicador.

Abajo el ajuste del gobierno y el FMI, impulsemos un plan de lucha para salir de la pobreza. Esto es, pelear por un salario igual a $130 mil, por paritarias sin techos con aumentos indexados a la inflación, trabajo bajo convenio para todos, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Los índices mencionados reafirman la necesidad de un paro nacional.

En esa perspectiva, decenas de miles de luchadores nucleados en la Unidad Piquetera, quienes combaten la pobreza todos los días en sus barrios, se encuentran acampando frente a las puertas de Desarrollo Social por trabajo y alimentos. Contrastando con la parálisis de las organizaciones obreras oficialistas y las direcciones sindicales, cómplices del ajuste.