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La investigación sobre la contaminación que produce en el Río Juramento en Salta, la empresa agro ganadera del NOA, llamada «Juramento», con el feedlot más grande de Argentina, está a cargo del fiscal federal Eduardo Villalba. La denuncia fue realizada el año pasado por un vecino de la zona con el patrocinio del abogado Álvaro Arias Camacho. La ex Inversora Juramento, que acortó su nombre a sólo “Juramento”, es la empresa del hijo del fallecido Jorge Brito. Por Claudia Ferreyra 

La investigación está a cargo del fiscal federal Eduardo Villalba. La denuncia fue realizada el año pasado por un vecino de la zona con el patrocinio del abogado Álvaro Arias Camacho.

Juramento, la mayor empresa agro ganadera del NOA, con el feedlot más grande de Argentina, que se ubica en Joaquín V. González, en el sur de la provincia de Salta, fue denunciada por arrojar desechos al río, del que tomó también su nombre. La causa está a cargo del fiscal federal Eduardo Villalba desde febrero de 2023.

La denuncia surgió por “por la deyección de residuos bovinos, el excremento, en gran cantidad proveniente del Feedlot de la empresa en el Río Juramento. También, por la gran cantidad de excremento reunido en cercanías de población urbana”, explicó el abogado Álvaro Arias Camacho.

La demanda se presentó en el fuero federal porque tiene que ver con la cuenca del río Juramento, la más larga del país, que se comparte con otras provincias. En Santiago del Estero es el río Salado del Norte, sigue hasta Santa Fe, vuelca sus aguas en la cuenca del río Paraná que concluye en el Río de la Plata.

La ex Inversora Juramento, que acortó su nombre a sólo “Juramento”, es la empresa del fallecido Jorge Brito y hoy sigue siendo manejada por su familia. El presidente de la empresa es Jorge Brito hijo.

Arias Camacho representa al denunciante, Eric Zamora, vecino ambientalista del departamento Anta. En la causa se presentó material audiovisual como elemento probatorio y se ofrecieron testigos. El abogado indicó que la fiscalía federal de Salta remitió el expediente para la elaboración de un informe técnico a una unidad fiscal especializada en medio ambiente en Buenos Aires, se deduce que sería la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA). 

La acusación contra la empresa se sostiene en la ley nacional de Residuos Peligrosos, 24.051, “que castiga el delito de contaminación de manera dolosa o de manera culposa. En cualquiera de los dos casos tendría que caber alguna responsabilidad a la empresa”, señaló Arias Camacho.

El abogado indicó que buscan una sanción para la empresa, ya que la ley 24.051 “sanciona al que envenenare, alterare o contaminare de algún modo peligroso el suelo, el agua o la atmósfera. Entonces nosotros entendemos que es un delito de peligro. Según el tipo penal del artículo 55 de esta ley”, sostuvo. Recalcó que se está poniendo en riesgo el agua, también el suelo y al ambiente en general. “Había mucha contaminación de excremento amontonado que se había solidificado”, afirmó.

Además, el lunes pasado otro vecino de la zona denunció de forma pública a la empresa. En su caso, sostiene varios conflictos con “Juramento” y denuncias de por medio en la fiscalía provincial de Joaquín V. González, a cargo de María Celeste García Pisacic, por una casa heredada, que se encuentra al lado de la agroganadera y se torna inhabitable por las condiciones del entorno. El vecino dio a conocer un video en el que muestra el vuelco de desechos al río, aunque no sería reciente.

“El hecho de que no se cause un daño actual o no se pueda evidenciar un daño actual existente en el ambiente, no exime de responsabilidad a la empresa, porque el peligro fue generado. Están las filmaciones, las fotos, entonces eso es lo que entendemos que genera el delito. Creemos que el hecho de que genere un peligro nomás, ya constituye el delito. Entonces se denuncia esa cuestión”, dijo Arias Camacho.

“Que una empresa que tiene esa envergadura, ese poder, pueda manipular tanta cantidad de desechos y dejarlos, generando un riesgo al ambiente, por ejemplo, al echarlos al río con tanta impunidad, es lo que nos parece a nosotros incorrecto y constituye un delito, en su momento es por eso que se hace la denuncia”, resaltó el abogado.

Hace unos años hubo protestas de vecinos y vecinas de Joaquín V. González, que empezaron a quejarse en redes sociales y medios de comunicación locales por los olores nauseabundos que provenían del feedlot y dificultaban poder respirar y el desarrollo de la vida cotidiana, ya que debían cerrar puertas y ventanas y aún así el ambiente se impregnaba, lo cual era fácilmente comprobable para cualquier automovilista que transitara por la ruta nacional 16.

Aquella vez un grupo de vecinos y vecinas decidió salir con carteles a la calle a reclamar por la situación y señaló el posible daño al ambiente. Para apaciguar esas manifestaciones, la empresa resolvió trasladar la gran cantidad de animales que tenían  al costado de la ruta 16 más al fondo y también colocaron plantas alrededor, con el fin de mitigar los olores. El traslado mayoritario se hizo, sin embargo, aún se ve a muchos animales desde la ruta. Los vecinos coinciden en que los olores han disminuido.

La empresa se presenta como “integrada” porque participa de “todas las etapas de cadena de valor”, es propietaria además del Frigorífico Bermejo y de Cabaña Juramento donde comercializan la carne al público minorista. Según la información de su web, el 90% de la producción se destina al mercado interno y el 10% restante se exporta a Chile, Perú, Uruguay, Brasil y la Unión Europea. Engordan a corral más de 80.000 animales por año. Tienen 90 mil hectáreas de superficie, 46.000 se destinan a la cría, recría, invernada y engorde en feedlot y 14.000 a la producción de granos y materia prima para engordar a los animales.