Por Sonia Aiscar (especialista en Niñez) –
La ley de Migraciones en Argentina es del año 2003 y lleva el número 25.871. Está reconocida internacionalmente como de vanguardia en lo que hace a las garantías y respeto a los DDHH de las personas migrantes y con su sanción quedó derogada la que arrastrábamos desde los tiempos de la dictadura. La ley 25.871 es una ley -decíamos- respetuosa de los DDHH pero no es una ley “blanda” como a veces nos quieren hacer creer. Su capítulo II, titulado “De los impedimentos”, enumera en un largo artículo que lleva el número 29, las causales que impiden a las personas extranjeras ingresar o permanecer en el territorio nacional.
Entonces, ¿qué era o qué pretendía ser el tristemente célebre Decreto 70/2017 del gobierno de Macri? Se nos dijo en ese momento que era una herramienta eficaz en favor de la seguridad, o, dicho en forma inversa, en contra de la delincuencia. Quienes no miramos el tema desde afuera, sabíamos que ni una cosa ni la otra. Desmenucemos: No quedaba claro de entrada cuál era la necesidad de emitir un decreto que contuviera una previsión que ya existía en la ley pero tampoco quedaba claro cuál era la urgencia de expulsar migrantes en pos de mejorar la seguridad, cuando el grueso de las personas que delinquen en Argentina, son nacionales, hombres, adultos. Vemos entonces que, de movida, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no superaba el test de necesidad, ni el de urgencia.
Ahora bien, no menos grave, cabe recordar que se convirtió en una herramienta de criminalización y expulsión de migrantes en situación irregular, invariablemente pobres, mayoritariamente oriundos de países limítrofes, la Patria Grande, muchas veces mujeres y niñxs, nada más lejos del crimen o la delincuencia organizada transnacional con la cual pretendían encandilarnos.
Argentina, un país de profundas raíces migrantes, vergonzosamente tenía un Decreto que, mediante un procedimiento expedito, con plazos brevísimos que de por sí vulneraban el derecho de defensa, más costos procesales lejos del alcance de las poblaciones pobres que perseguían, intimaba a regularizar su situación a migrantes pobres en tiempo récord que, al no poder cumplir con una imposición arbitraria, el propio Decreto los dejaba en infracción y a las puertas de la deportación.
Esas deportaciones, en algunos casos intempestivas y mediáticamente sonoras, dejaron familias separadas, niñxs solxs y las deportadas con frecuencia eran mujeres, incluso con hijxs nacidxs en nuestro país, es decir de nacionalidad argentina.
Las personas más vulnerables, nuevamente vulneradas y un discurso oficial que nos quería hacer creer que perseguía la delincuencia organizada transnacional. La intención real era expulsar migrantes pobres probablemente, pero la mejor prueba de que no perseguía la delincuencia es que la delincuencia no bajó. Durante marzo de 2021, el actual gobierno nacional derogó el Decreto ¿de necesidad y urgencia? 70/2017 que en su breve existencia ya era un lastre difícil de cargar para cualquier democracia que se precie tal y algunos defensores de la xenofobia salieron a decir que “ahora los delincuentes pueden entrar”, etc., sin que otra vez notemos que durante su existencia el Decreto no movió el amperímetro de lo que decía venir a resolver y, en cambio, le mortificó la vida tantas veces vulnerada a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, mujeres y niñxs, migrantes pobres. Esperemos que, ahora sí, continuemos por la senda del acceso a la regularización de su situación para que puedan gozar efectivamente de los mismos derechos que las personas nacionales, rumbo al país más justo, que todxs nos merecemos. Con Memoria, para honrar, con inclusión, a nuestrxs ancestros: migrantes!.
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