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A 16 años de la Guerra del Gas, Senkata volvió a ser escenario de muertes y enfrentamientos entre la población alteña y las Fuerzas Armadas. Desde hace una semana, vecinos de esta Planta de Combustibles la mantienen bloqueada, exigiendo la renuncia de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Desde allí se distribuye nafta, diésel y GNC a todo el departamento de La Paz, por lo cual gran parte de la ciudadanía quedó a pata. Ayer, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional decidieron desbloquear la entrada a esta planta a cualquier precio. Con fuerte custodia, pudieron sacar 50 camiones cisterna para hacer girar las ruedas de autos y minibuses al menos por algunos días. Hasta la noche del martes, la Defensoría del Pueblo contaba tres muertos y 30 heridos. Por Sebastián Ochoa, desde Cochabamba (Bolivia) Fuente: ANRed

Luego de la balacera, mientras los camiones cisterna seguían bajando de El Alto a La Paz, los vehículos se aglomeraban frente a las estaciones de servicio, tocaban las bocinas impacientes. Mientras tanto, unos mil metros más arriba, la población alteña volvía a cumplir su rol histórico:dejar la vida frente a las balas, enterrar a sus asesinados.

LA HOYADA PACEÑA

En medio del Altiplano boliviano, la ciudad de La Paz está rodeada de montañas nevadas, también de casas de ladrillo sapo que terminan fundiéndose bien arriba con la ciudad de El Alto. Por su anatomía, se le llama la “hoyada paceña”. Estar flanqueada por montañas genera en ella un microclima, con árboles y flores que ya no se ven si se sube a El Alto.

En El Alto de los obreros, los indígenas y los campesinos, hace mucho frío. En La Paz el clima es más templado. Y mientras uno más se interne en los barrios clase medieros del sur, más calorcito sentirá. Aquí, las clases sociales se dividen según las temperaturas a las cuales están expuestas.

En 1781, Tupak Katari mantuvo un cerco de 11 meses alrededor de La Paz. En ese momento, vivían 11 mil españoles que se las tuvieron que ingeniar de manera bastante macabra para sobrevivir. Hoy,la misma ciudad tiene un millón de habitantes. Desde hacía una semana que no les bajaban alimentos, tampoco combustible. Así como ayer fue intervenido el bloqueo de Senkata, en áreas rurales de todo el país están cortados los caminos. Por ello, a su paisaje de montañas nevadas y casitas pintorescas, La Paz tuvo que agregar otra postal: la de miles de personas haciendo fila para comprar un pollo cada uno, que vino en avión desde Santa Cruz y se los venden a 35 Bolivianos, es decir unos 5 dólares. Dos dólares más que antes del Golpe de Estado.

Hambreada y a pie, la mitad de la población paceña celebró la represión que dejó tres muertos y decenas de heridos. La otra mitad fue esencialmente indiferente.

La semana pasada, cuando 9 personas fueron asesinadas con armas largas en una movilización en Sacaba, Cochabamba, las Fuerzas Conjuntas y el gobierno de Áñez aseguraron que los cocaleros se habían disparado entre ellos. Ayer, no dijeron quién abrió fuego en la Planta de Senkata. Pero en un comunicado sostuvieron que “los agitadores y vándalos enardecidos destruyeron parte de las instalaciones, muro perimetral, portones de ingreso, utilizando explosivos de alto poder,ocasionando daños que pueden generar un peligro mayor para la población en caso de una explosión en cadena”. Esta declaración sería lo más parecido a una justificación por la matanza de este martes.

Por la tarde, en el hospital Boliviano Japonés de El Alto las familias lloraban sobre dos cuerpos baleados y ya sin vida. Otros 30 heridos y un fallecido se encontraban en los hospitales Corea y Holandés, de la urbe alteña. Según la Defensoría del Pueblo, 26 personas murieron desde que se inició el golpe contra la presidencia de Evo Morales.

También en el hospital, Juana Lima lloraba por su hermano, Víctor Lima. Mostraba un aguayo ensangrentado y relataba desesperada: “Él ni siquiera estaba protestando. Tenía 23 años, vivía en el campo. Queremos justicia para esta presidenta. ¿Cómo nos van a mandar a matar como a animales? Somos seres humanos para que nos estén matando así. ¿Cómo me lo van a hacer así a mi hermano?”, se preguntaba la señora.

La furia alteña se trasladó hasta la casa de la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, donde se registraron disturbios, destrozos y fuego. Pero sus vecinos acudieron de inmediato con baldes de agua para aplacar el incendio.

CONVOCATORIA A ELECCIONES

Para este martes, estaba previsto que las y los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) -quienes tienen dos tercios en ambas cámaras- se reunirían para sesionar y para rechazar la carta de renuncia de Morales, fechada el 10 de noviembre pasado. Pero desistieron, como muestra de su interés por encarrilar un diálogo nacional. Y decidieron convocar este miércoles a las demás fuerzas políticas para definir una próxima y urgente fecha de elecciones, como única manera a la vista de pacificar el país.

Mientras dinamitaban las paredes de la Planta de Senkata, o metían bombas molotov a los vehículos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), los vecinos de El Alto gritaban periódicamente:“Ahora sí, Guerra Civil”. Los grupos que asumieron el poder luego del golpe contra Morales, ahora le acusan de digitar desde el exilio la enorme revuelta que vive Bolivia. Pero la verdad es que grandes sectores de la población que apoyaban a Evo ahora dan vía libre a su bronca, sin ningún tipo de liderazgo, organización ni direccionamiento. En los hechos, Áñez es quien detenta el poder y quien firma los decretos que favorecen la represión. De acuerdo al orden constitucional que ahora impera, ella es quien responde jurídicamente por estas muertes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que este viernes 22 llegará a Bolivia una comisión que permanecerá hasta el 25 de noviembre. Por medio de documentos oficiales y también su Twitter, la CIDH viene solicitando a Áñez que evite desbordes represivos en las Fuerzas Conjuntas, como los que se registran a diario.

Adriana Salvatierra, senadora del MAS, justificó la visita de la comisión.

“Primero: a los medios de comunicación y a los periodistas se los ha acusado de sedición. Eso es alterar las condiciones jurídicas para el ejercicio de la Libertad de Prensa. Segundo: se ha comprometido la conformación de un aparato especial para detener a parlamentarios, acusándonos de ‘Subversión’. Tercero: el Decreto 4078, que dispone del uso de las Fuerzas Militares, eximiéndoles de responsabilidad penal por sus actuaciones”, dijo en ronda de prensa.

“Actualmente, las Fuerzas Armadas cumplen atribuciones que constitucionalmente están enmarcadas para la Policía boliviana –manifestó Salvatierra- , por ello la vulneración de Derechos Humanos ya alcanza a más de 20 muertos. Hemos exigido la abrogación del Decreto 4078, que está provocando el asesinato de compatriotas bolivianos”.