En la antesala del debate en el Senado sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su preocupación por el alcance de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
Leandro Vera Belli, sociólogo y coordinador del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del organismo, sostuvo que la propuesta no se limita a modificar el régimen de tierras rurales, sino que constituye un paquete de reformas que redefine el papel del Estado en materia de propiedad, vivienda y territorio.
El especialista explicó que el proyecto incorpora un conjunto de desregulaciones que exceden la discusión sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre ellas mencionó la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente impide modificar el uso de terrenos incendiados; la agilización de los desalojos mediante los llamados «desalojos exprés«, vinculados a cambios en la legislación de alquileres; y nuevas restricciones a las facultades del Estado para realizar expropiaciones.
Para Vera Belli, el objetivo central de las modificaciones es generar un nuevo marco jurídico que facilite el ingreso de inversiones privadas, particularmente de sectores ligados a la tecnología y la inteligencia artificial.
«Lo que se propone es un cambio normativo, un nuevo despliegue jurídico para que nuevas empresas y nuevos capitales vinculados a la tecnología o a la inteligencia artificial puedan adquirir tierras donde puedan incluirse espejos de agua o corrientes de río, para hacer esos emprendimientos más atractivos y rentables», explicó.
El coordinador del CELS también alertó sobre el impacto que la iniciativa podría tener en territorios habitados por comunidades indígenas o poblaciones con formas de tenencia distintas a la propiedad registral.
«En aquellos lugares donde hay pueblos originarios que tienen otro tipo de vínculo con los títulos de las tierras, es muy preocupante que este proyecto se sancione porque podría generar conflictos entre quienes compren esos terrenos y quienes ya viven allí. Generalmente esos procesos vienen acompañados de expulsiones, relocalizaciones y situaciones de violencia», afirmó.
Otro de los aspectos observados por el especialista es la modificación de los límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales. Según indicó, la iniciativa elevaría el tope actual del 15% al 25%, aunque advirtió que el texto no establece con claridad cómo se aplicará ese porcentaje en cada jurisdicción o departamento.
Finalmente, Vera Belli vinculó esta iniciativa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró que ambas herramientas forman parte de una misma estrategia económica.
«Este proyecto, junto con el RIGI y el denominado ‘super RIGI’, constituye el nuevo despliegue jurídico para atraer esos capitales. Lo que no se contempla son los derechos de la población argentina a acceder a la tierra para producir alimentos, preservar la soberanía y garantizar que el Estado mantenga herramientas para proteger a los inquilinos frente a los desalojos», sostuvo.
En ese sentido, concluyó que una parte importante de la sociedad percibe que el actual gobierno impulsa un proceso de retiro del Estado de funciones que históricamente estuvieron vinculadas a la protección de derechos sociales y territoriales.
Las declaraciones de Leandro Vera Belli fueron realizadas en entrevistas concedidas a Canal 6 de Entre Ríos, Canal 7 de Mendoza, Canal 8 de San Juan, Canal 8 de Tucumán, Canal 10 de Córdoba y Next TV de Rafaela.
FUENTE: NOTICIAS NRED
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