Entre 2020 y el primer semestre de 2026, el Fondo de Financiamiento Educativo que administra el Municipio de Moreno recibió, a valores constantes de junio de 2026, más de $100.765 millones. Sin embargo, según datos oficiales municipales, solo el 55% de esos recursos fue imputado como gasto del Fondo. Un análisis de las cifras sostiene que $44.755 millones habrían terminado financiando gastos ajenos a la finalidad específica.
El Fondo de Financiamiento Educativo nació con la Ley Nacional 26.075, sancionada en 2006, como parte de un esquema destinado a incrementar la inversión pública en educación, ciencia y tecnología. Aunque el plazo original de la ley venció, permaneció vigente la asignación específica establecida en su artículo 7°, destinada al mejoramiento y ampliación de la cobertura de la educación pública.
Desde 2013, esos recursos comenzaron a llegar directamente a los municipios bonaerenses. Dos años más tarde, la Ley provincial 14.652 estableció que la distribución se realizara automáticamente de acuerdo con los parámetros de la Ley de Coparticipación Municipal.
El objetivo del fondo no es discrecional. La normativa establece una serie de prioridades vinculadas con la expansión de la educación inicial, el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y la ampliación de la jornada escolar, especialmente en los sectores sociales y territorios más desfavorecidos.
Con el paso de los años, además, las reglas fueron incorporando mayores restricciones respecto del destino de los recursos. En 2014, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires estableció que el Fondo debía destinarse a la construcción y mantenimiento de infraestructura escolar de gestión estatal. Desde 2018, la legislación provincial impuso a los municipios del conurbano la obligación de afectar como mínimo el 50% de estos recursos a infraestructura educativa.
Sin embargo, el propio andamiaje normativo contempla excepciones que terminaron relativizando esas obligaciones. La Provincia autorizó sucesivamente al Tribunal de Cuentas a eximir de sanciones a funcionarios municipales que utilizaron el Fondo para otros fines, siempre que justificaran la excepcionalidad y restituyeran los recursos dentro de un plazo determinado.
El problema es que, en períodos de alta inflación, la devolución de esos fondos hasta 24 meses después supone también una pérdida significativa de su valor real.
Moreno y una cuenta que abre interrogantes
Durante la gestión de Mariel Fernández, de acuerdo con el análisis realizado sobre información oficial de la propia Municipalidad, entre 2020 y el primer semestre de 2026 los ingresos del Fondo Educativo alcanzaron, a valores constantes de junio de 2026, $100.765 millones.
Los gastos efectivamente imputados al Fondo, en cambio, fueron de $55.798 millones.
La diferencia es significativa: $44.755 millones, representan el 45% de los recursos recibidos durante ese período, una vez considerados los saldos de caja iniciales y finales.
En otras palabras, por cada $100 que ingresaron al Fondo Educativo, alrededor de $55 aparecen imputados como gastos del propio fondo, mientras que unos $45 quedan fuera de esa ejecución específica. La cifra adquiere otra dimensión cuando se recuerda que incluso dentro de ese 55% imputado al Fondo no necesariamente todos los gastos corresponden estrictamente a infraestructura o necesidades de establecimientos educativos, tal como exige la normativa.
La obligatoriedad establece que al menos el 50% del Fondo Educativo debe destinarse a infraestructura educativa. La serie permite observar cómo se comportó ese recurso durante la gestión de Mariel Fernández.
En 2020, primer año de gobierno municipal y atravesado por la pandemia de coronavirus, el Fondo superó los $12.000 millones, pero el destino efectivo hacia la educación fue mínimo en relación con los recursos disponibles. En 2021, pese al crecimiento de los ingresos, la ejecución continuó muy por debajo de lo esperado.
La excepción aparece en 2022, cuando, con el regreso de las clases a la normalidad, el Municipio prácticamente destinó a gastos educativos la totalidad de los recursos ingresados ese año. Sin embargo, que el dinero haya sido imputado al Fondo Educativo no significa necesariamente que haya sido invertido en infraestructura escolar, que constituye una de las principales finalidades establecidas por la normativa.
La tendencia vuelve a observarse en 2023, aunque el comportamiento cambia de manera marcada durante los últimos dos años y medio. Allí, la distancia entre los recursos que ingresan y los fondos efectivamente destinados a gastos educativos adquiere una dimensión mucho mayor.
El dato abre una discusión que excede la contabilidad municipal: ¿qué ocurre con una fuente de financiamiento millonaria cuando las escuelas continúan reclamando mejores condiciones edilicias?
En Moreno, el Fondo Educativo debería ser una herramienta central para garantizar habitabilidad, seguridad, mantenimiento y calidad de la infraestructura escolar. Sin embargo, la evolución de los últimos años muestra que una parte significativa de esos recursos se alejó de esa prioridad.
¿Qué se financia con el Fondo Educativo?
La discusión no se limita a cuánto dinero recibe Moreno, sino fundamentalmente a qué se considera gasto educativo.
A lo largo de los años, distintos municipios han utilizado estos recursos para financiar actividades y obras culturales, recreativas, deportivas, artísticas y universitarias, cuya vinculación directa con la infraestructura o el funcionamiento de las escuelas puede resultar, como mínimo, discutible.
El análisis pone bajo la lupa gastos vinculados con instalaciones culturales, deportivas y recreativas, la construcción del Consejo Escolar, espacios de alta competencia, proyectos recreativos extraordinarios e incluso actividades artísticas masivas.
También aparecen interrogantes respecto de la utilización del Fondo en obras o actividades vinculadas con el ámbito universitario.
El punto central no es negar el valor de esas políticas, sino determinar si corresponde financiarlas con un recurso que tiene una afectación específica y cuyo objetivo primordial es atender las necesidades de la educación pública, infraestructura escolar que no garantiza ni siquiera tres puntos básicos en la promesa de seguridad y calidad.
El 50% para infraestructura y una realidad que no cierra
La obligación de destinar al menos la mitad del Fondo a infraestructura educativa adquiere especial relevancia frente al estado edilicio de numerosas escuelas del distrito.
El interrogante es inevitable: ¿cómo explicar que existan recursos millonarios específicamente afectados a educación mientras persisten establecimientos con problemas de infraestructura, mantenimiento y seguridad?
La pregunta adquiere todavía mayor gravedad después del hecho ocurrido en la Escuela N.º 49, que volvió a colocar las condiciones edilicias y de seguridad de las escuelas públicas de Moreno en el centro de la discusión.
El Fondo Educativo no es un recurso ordinario de libre disponibilidad municipal. Tiene un origen y una finalidad determinados. Por eso, cuanto mayor es la magnitud de los recursos recibidos, mayor debería ser también el nivel de transparencia sobre su utilización.
Otros fondos, otra lógica
El análisis también diferencia al Fondo Educativo de otros recursos destinados a la educación bonaerense.
El Fondo Compensador para los Consejos Escolares tiene una dimensión económica mucho menor y está orientado fundamentalmente a gastos de funcionamiento y reparaciones menores.
Por otra parte, el Programa Especial de Emergencia Educativa, actualmente denominado Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027, también contempla obras de infraestructura escolar, pero funciona bajo una lógica diferente: su implementación supone decisiones compartidas con la Provincia. El Fondo representa una masa de recursos que la propia comunidad de Moreno debería poder orientar hacia sus necesidades educativas más urgentes.
¿Quién decide las prioridades?
El debate, entonces, excede la discusión contable.
Si durante seis años y medio ingresaron más de $100.000 millones a valores actuales y una proporción cercana al 45% no aparece imputada a gastos del Fondo, la pregunta política es quién define las prioridades y con qué nivel de participación y control social.
El análisis plantea que los sucesivos mecanismos de excepción y las autorizaciones para utilizar los fondos en destinos diferentes terminaron convirtiendo lo extraordinario en una práctica habitual.
Cuando las excepciones se repiten durante años, dejan de ser excepciones.
Y allí aparece uno de los principales interrogantes sobre la administración del Fondo Educativo: si la normativa establece una afectación específica, ¿por qué la comunidad educativa no tiene una participación efectiva en la definición de las prioridades?
Transparencia frente a la emergencia educativa
La discusión llega en un momento particularmente sensible para Moreno. Las necesidades de infraestructura escolar, las condiciones de seguridad y mantenimiento y la situación de numerosos establecimientos educativos exigen respuestas concretas.
Por eso, frente a las cifras analizadas, surge la necesidad de establecer mecanismos de participación de la comunidad educativa, los gremios, las familias y las representaciones institucionales en la definición de las obras y gastos prioritarios.
También resulta indispensable una rendición de cuentas clara, pública y periódica, que permita conocer cuánto dinero ingresó, cuánto se gastó, en qué se gastó y qué parte de los recursos terminó financiando actividades que no tienen una relación directa con los establecimientos educativos.
Porque el Fondo Educativo fue creado para garantizar más inversión en educación.
Y en Moreno, después de $100.765 millones recibidos entre 2020 y junio de 2026, la pregunta ya no es solamente cuánto dinero llegó.
La pregunta es dónde terminó y cuánto de ese dinero efectivamente se convirtió en escuelas más seguras, dignas y preparadas para educar.
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