En la antesala del tratamiento en el Senado nacional del proyecto del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Tierras, la senadora bonaerense de Fuerza Patria, Malena Galmarini, presentó una iniciativa para establecer en la provincia de Buenos Aires un límite del 15% a la titularidad extranjera sobre las tierras rurales, con el objetivo de impedir una eventual flexibilización impulsada desde la Nación.
La propuesta busca convertir a la provincia en un «escudo» frente a las modificaciones que promueve el Ejecutivo nacional, que pretende elevar del 15% al 25% el porcentaje permitido de propiedad rural en manos extranjeras.
El proyecto de Galmarini ratifica el espíritu del Régimen de Protección al Dominio sobre la Propiedad o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionado en 2011, y establece que ninguna persona extranjera ni empresa con más del 51% de capital extranjero podrá superar el límite del 15% de la superficie rural bonaerense. Además, la restricción también se aplicará a nivel municipal, ya que el porcentaje deberá respetarse dentro del territorio de cada distrito donde se ubique el inmueble.
La iniciativa incorpora un mecanismo para evitar maniobras destinadas a eludir la normativa. En ese sentido, prohíbe la utilización de ciudadanos argentinos como titulares aparentes para encubrir inversiones extranjeras. «Se considerará una simulación ilícita y fraudulenta», señala el texto al referirse a las denominadas «titularidades nacionales figuradas».
«Las tierras rurales no son zonas inútiles: concentran bienes estratégicos como agua dulce, biodiversidad, minerales y corredores logísticos. El proyecto busca consolidar una gestión estratégica de esos recursos, garantizando que su aprovechamiento se traduzca en un desarrollo sostenible y la protección del patrimonio ambiental«, sostuvo Galmarini al fundamentar la iniciativa.
En esa línea, el proyecto fija además un límite máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo bonaerense para un mismo titular extranjero y prohíbe la propiedad o posesión de inmuebles rurales que sean ribereños de cuerpos permanentes de agua o que estén ubicados en zonas de seguridad de frontera, al considerar que se trata de áreas de especial interés estratégico.
Otro de los ejes de la propuesta es la creación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, integrado por los ministerios bonaerenses de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Agrario, Ambiente, Gobierno y Seguridad. Entre sus funciones estarán ejecutar la política provincial sobre tierras rurales y determinar la equivalencia de superficies contempladas por la normativa.
Asimismo, el proyecto establece que el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires será la autoridad encargada de controlar el cumplimiento de la ley y de emitir los certificados obligatorios para toda transferencia de derechos de propiedad o posesión de tierras rurales a personas extranjeras.
La presentación de la iniciativa coincide con el debate que este jueves se desarrollará en el Senado de la Nación sobre la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, una propuesta que, entre otros cambios, flexibiliza el régimen de acceso y adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Para Galmarini, la provincia debe preservar herramientas propias que permitan proteger recursos considerados estratégicos frente al nuevo esquema que impulsa la administración naciona
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