«Imposible pensar en una sociedad más justa sin una educación de calidad»

Por Luciano Matías Pelle – Programa de Estudios Fiscales (UNM) /

Sin dudas, desde diciembre de 2023, la universidad pública, emblema de la movilidad social ascendente, ha estado sumergida en un sistemático proceso de desfinanciamiento. Las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional, especialmente intensas en áreas como la educación¹, cristalizan la intención de consolidar un ajuste estructural del sector público, y del sistema universitario en particular.

Si atendemos a los números, como se puede ver en el Gráfico 1, el presupuesto del sistema universitario desde 2024, en términos reales, ha venido cayendo año tras año. Si este 2026 continúa la misma tendencia, como indica nuestra proyección, la caída con respecto a 2023 será del 36% en valores constantes.

Este desalentador panorama no hace más que empeorar si observamos la situación de las universidades de reciente creación. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Moreno, como se puede visualizar en el Gráfico 2, proyecta una caída del 46% en términos reales entre 2023 y 2026.

En estas circunstancias, la tarea de garantizar un derecho humano universal y un bien público social tan importante como es la educación superior se ve seriamente comprometida: al ser un derecho, su ejercicio efectivo no es posible sin la garantía activa del Estado. En este sentido, la importancia de sostener y desarrollar el sistema universitario para el aparato estatal se vuelve evidente en cuando se abandonan las concepciones limitadas y empobrecidas. La Universidad, reducida como institución a una fuente de mano de obra calificada por parte del gobierno nacional, cumple mucho más que una mera función instrumental: su misión fundamental es nada menos que producir y transferir conocimiento.

Si bien esta es su meta mayor, no se agota allí: las instituciones universitarias son, también, un elemento clave a la hora de pensar el desarrollo (investigación y avance de la ciencia y técnica para la mejora de las capacidades productivas), la integración de los territorios (posibilidad de coordinar políticas públicas para atender a las necesidades locales) y la igualdad de oportunidades (distribución más equitativa del conocimiento). Incluso sin finalizar los estudios, el mero tránsito por la universidad ya constituye una instancia valiosa en la vida de las personas: cultiva el pensamiento crítico y nutre a los estudiantes de nuevas herramientas técnicas y conceptuales, entre otras cosas.

A partir de estos argumentos, se refuerza la idea de que es necesario revalorizar el papel de la educación superior y superar las concepciones reduccionistas. Sólo vista desde una óptica más integral, es que se vuelve nítida la importancia de sostener y desarrollar un sistema universitario de calidad. Alcanzar esto implica, entre otras cosas, que las universidades perciban un financiamiento que, como mínimo, alcance para remunerar justamente a los trabajadores (docentes, nodocentes y autoridades superiores) y asegure el normal funcionamiento de las instituciones. Este último punto involucra no sólo el mantenimiento, sino también la mejora y ampliación de la infraestructura de las universidades, cuestión que cobra especial relevancia en las instituciones de reciente creación, como las del AMBA, que poseen una matrícula de estudiantes en ascenso. La apertura de nuevas carreras, la ampliación de las ya existentes y el acercamiento de la universidad a territorios con fuertes demandas insatisfechas requieren de un financiamiento en línea con estas necesidades. En este sentido, aletargar el desarrollo de las universidades, sobre todo de las nuevas, sólo contribuye a afianzar la desigualdad estructural que existe entre las diferentes zonas de nuestro país.

En suma, es necesario recuperar la idea del financiamiento de la educación superior como una inversión, y no como un gasto. Es imposible pensar una sociedad más justa y con una mejor calidad de vida para las mayorías si no es en estrecha relación con el avance y la ampliación de la educación de calidad. Para ello, se vuelve menester no sólo mantener, sino incrementar el financiamiento de la educación superior, especialmente en las nuevas universidades.