En el día de ayer el HCD de Morón obtuvo los votos para llevar al recinto el Intendente Lucas Ghi por la situación judicial de Luna Suyai Ortigoza, la ex directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género que permanece prófuga luego de que la Policía Federal encontrara más de medio kilo de cocaína en su domicilio.
La iniciativa opositora reunió los votos necesarios para obligar al jefe comunal de Fuerza Patria, o al funcionario que designe el Ejecutivo municipal, a brindar explicaciones sobre el episodio. En tanto, la votación representó un nuevo capítulo de la crisis política que atraviesa el oficialismo local, ya que el pedido cosechó 16 votos afirmativos y 8 rechazos gracias al respaldo de concejales alineados con el exintendente Martín Sabbatella, quienes se sumaron a la ofensiva contra la gestión de Ghi.
Luna Ortigoza se desempeñaba hasta la semana pasada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón. No obstante, la ahora exfuncionaria quedó bajo investigación judicial luego de que un allanamiento en su domicilio derivara en el secuestro de cerca de medio kilo de cocaína, situación que motivó su desvinculación del Municipio y una orden de captura que todavía permanece vigente.
Entre los puntos incluidos en la interpelación, los ediles exigieron conocer si el Gobierno local recibió advertencias previas sobre las actividades de la exfuncionaria. Asimismo, el Concejo buscará determinar qué acciones adoptó la gestión luego de que la Justicia iniciara la causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.
“Cuando el crimen organizado penetra de forma tan flagrante las segundas y terceras líneas de un gobierno local, la confianza pública se quiebra por completo y es el intendente quien debe dar la cara y asumir las consecuencias de sus designaciones políticas”, sostuvieron los impulsores de la iniciativa, que apuntaron directamente contra la responsabilidad política del mandatario.
En paralelo, el expediente también recordó otro antecedente reciente que involucró a personal municipal al retomar el caso de Karen Cufré, una ex empleada de la Secretaría de Seguridad detenida meses atrás en una causa por extorsiones virtuales. Sobre este punto, la bancada que impulsa la interpelación buscó determinar si la conducción municipal implementó protocolos específicos para detectar posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones delictivas.
La administración de Ghi tendrá cinco días hábiles para responder a una batería de preguntas vinculadas con la incorporación de Ortigoza a la estructura comunal. Además, los concejales solicitaron precisiones sobre los controles internos, los mecanismos de prevención y los filtros aplicados para evaluar la idoneidad de los funcionarios que ocupan cargos de responsabilidad dentro del Municipio.
FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES
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