El gobierno de Axel Kicillof resolvió suspender nuevamente el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense). La medida, oficializada mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, extenderá la interrupción desde el 31 de julio de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, lo que implica que miles de estudiantes y sus familias dejarán de recibir uno de los complementos alimentarios implementados durante la pandemia y sostenido en los años posteriores.
La decisión no solo tiene un fuerte impacto social por la reducción de la asistencia alimentaria, sino también un elevado costo político para la administración bonaerense, que deberá explicar por qué desactiva una política que durante años presentó como una herramienta para enfrentar la crisis económica.
La emergencia económica como argumento
La resolución fundamenta la suspensión en la vigencia de la Ley Provincial N.º 15.557, que declaró la emergencia económica en la provincia de Buenos Aires.
El Ejecutivo sostiene que la decisión responde al incumplimiento, la mora y la detracción de fondos por parte del Estado nacional, situación que, según el texto oficial, provocó una fuerte caída de los recursos provinciales y obligó a redefinir prioridades presupuestarias.
Antes de resolver la suspensión definitiva, la Provincia ya había adoptado medidas extraordinarias para sostener parcialmente el programa. En mayo autorizó utilizar fondos excedentes para cancelar deudas correspondientes a marzo y abril de 2026, y en junio permitió aplicar remanentes para afrontar obligaciones pendientes. Sin embargo, esas herramientas resultaron insuficientes frente al deterioro financiero.
Prioridad al Servicio Alimentario Escolar
La Dirección del Sistema Alimentario Escolar (SAE), organismo que impulsó la medida, argumentó que los recursos disponibles deben concentrarse en garantizar el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar, considerado la política alimentaria estructural de la provincia.
El documento oficial establece una clara diferenciación entre ambos programas. Mientras el SAE constituye una prestación permanente que asegura diariamente la alimentación de los alumnos dentro del sistema educativo, el programa MESA fue definido como un dispositivo «excepcional y complementario», creado durante la suspensión de la presencialidad escolar por la pandemia y mantenido posteriormente debido al contexto social.
En otras palabras, el Gobierno considera que, frente a la escasez de recursos, debe preservarse la política alimentaria central y dejar en suspenso el mecanismo complementario.
El impacto sobre las familias
Más allá de la fundamentación administrativa, la suspensión supone una reducción concreta de la asistencia alimentaria destinada a miles de hogares bonaerenses.
Durante los últimos años, MESA funcionó como un complemento para familias cuyos hijos concurren a establecimientos educativos públicos y representó un alivio frente al aumento sostenido del costo de los alimentos.
La decisión llega en un escenario económico donde la pérdida del poder adquisitivo continúa afectando a los sectores más vulnerables, por lo que la interrupción del programa podría traducirse en una mayor presión sobre los comedores escolares y las redes comunitarias de asistencia.
Un costo político para el oficialismo
La resolución también abre un frente político para el gobierno de Axel Kicillof.
Durante los últimos meses, la administración provincial atribuyó las dificultades financieras al recorte de fondos nacionales dispuesto por la gestión de Javier Milei. Esa explicación vuelve a aparecer como eje central de la resolución, que responsabiliza directamente al Estado nacional por la caída de los recursos bonaerenses.
Sin embargo, la suspensión del programa MESA deja al oficialismo frente a una contradicción inevitable: una política alimentaria que durante años fue presentada como una respuesta efectiva para garantizar el derecho a la alimentación queda ahora interrumpida por decisión del propio Gobierno provincial.
La medida expone el impacto concreto de la crisis fiscal sobre las políticas sociales y coloca a la gestión bonaerense ante el desafío de explicar cómo sostendrá la asistencia alimentaria de las familias que, hasta ahora, dependían también de este programa complementario.
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