Se registraron 70 denuncias en escuelas del distrito y tras siete allanamientos, la fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil Alejandra Piqué, a cargo de la UFI N°6 de Moreno – General Rodríguez, en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7 del mismo distrito, solicitó embargos para los padres de alumnos.
Las denuncias realizadas por directoras y directores de establecimientos educativos, fueron el inicio de las pesquisas judiciales. En menos de una semana la justicia logró identificar a siete menores, dos de 16 años y, por lo tanto, punibles. A raíz de los resultados, la DDI local realizó ayer siete allanamientos, algunos de ellos positivos: los agentes secuestraron armas, que serían las mismas que habrían sido exhibidas en redes a modo de amenaza por los estudiantes investigados. También incautaron celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.
Durante el operativo, se notificó a los sospechosos por el delito de intimidación pública y fueron citados a indagatoria para este miércoles. “Tienen que venir con sus padres”, detalló una fuente del caso a Infobae, quien también explicó que el embargo debe ser dispuesto por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. Y aclaró que aún no está estipulado el monto del daño ocasionado, un valor que deberá establecer la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, tal como sucede con los llamados al 911 por amenaza de bomba.
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