La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, habló ayer en conferencia de prensa y anunció que no se avanzará en el proyecto del Salario Básico Universal. El gobierno priorizará la agenda del FMI y un plan para «cuidar los dólares». Mientras, avanza la criminalización judicial contra los movimientos sociales con decenas de allanamientos y una campaña en los medios hegemónicos. Algunas voces en el Frente De Todos salieron al cruce. Por ANRed.
Este jueves 7 de julio, en conferencia de prensa, el gobierno de Alberto Fernández comunicó a través de su vocera, Gabriela Cerruti, que no tiene intención de impulsar el proyecto del Salario Básico Universal avivado por algunos sectores dentro del Frente de Todos (FdT).
La propuesta del Salario Básico Universal era un proyecto que vendría a superar la asistencia de planes de trabajo desde el Estado. Aunque, en un principio, se conoció un esbozo del proyecto que abarcaría a nueve millones de personas, pero que no alcanzarían los $15.000.
Uno de los impulsores dentro del FdT, Juan Grabois, salió ha expresar el malestar ante el anuncio de Cerruti: «con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían su salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del pueblo, y hagan las cuentas de nuevo».
La vocera Cerruti, luego de mencionar cifras de crecimiento de la economía y las prioridades que financiará el BCA en dólares, explicó que «la cuestión del salario universal se discutió en el mundo, y en la Argentina también siempre fue un planteo. En realidad, ya existen planes universales, como la Asignación Universal por Hija (AUH)», precisó.
En tanto, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo en una entrevista con C5N, refiriéndose al Ingreso Básico Universal y no al salario básico: «es un tema que se viene trabajando en el mundo desde hace mucho tiempo. Necesitamos discutir estos temas, pero la verdad es que ni siquiera está resuelto en países que son más desarrollados».
El anuncio de Cerruti se dio al mismo tiempo que ha recrudecido la ofensiva contra los movimientos sociales «piqueteros», con decenas de allanamientos contra comedores y referentes sociales, acusando a las organizaciones de «asociación ilícita» en una «megacausa», que tiene más sustento en los medios hegemónicos de comunicación que en los estrados judiciales.
La crítica se centra contra el manejo de los planes sociales. La propia vicepresidenta Cristina Fernández había planteado que el manejo de los planes sociales debería volver al Estado, haciendo alusión a que serían los intendentes, que en la mayoría de los casos rivalizan con las organizaciones sociales en los territorios, tomen el control de los fondos.
En este contexto, en varios medios se instaló la intención de sectores kirchneristas del gobierno de cambiar los planes sociales por el Salario Básico Universal.
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