Lomas de Casasco, el barrio de las casitas, fue pensado, planificado y construido bajo una política de inclusión social. La inauguración, encabezada por el entonces presidente Néstor Kirchner, simbolizó la posibilidad de acceder a una vivienda y construir una vida con derechos. Más de dos décadas después, aquella promesa convive con una realidad que sus habitantes describen con otras palabras: miedo, violencia, allanamientos y jóvenes bajo sospecha.
Esta semana, un operativo de fuerzas especiales llegó a un sector del barrio y terminó con varios pibes detenidos, entre ellos menores de 15 años, según el relato que motivó la denuncia comunitaria. Las imágenes de jóvenes abrazados a sus madres y la preocupación de las familias volvieron a poner en discusión qué sucede en el territorio cuando la intervención estatal se presenta a través de procedimientos policiales.
Carina Leguizamón conoce la historia de Lomas de Casasco desde sus comienzos. Integra la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y lleva años acompañando reclamos de vecinos y vecinas. Lo que ve hoy le provoca una mezcla de tristeza, dolor y bronca.
«Mucha gente se fue, mucha gente volvió. Este es un barrio que se construyó con una profunda lucha», recuerda en diálogo con Desalambrar.
En los primeros años faltaban servicios esenciales. No había salita, plaza, iluminación ni establecimientos educativos suficientes. La organización comunitaria buscó construir esos espacios para que los chicos y las chicas pudieran crecer con oportunidades. La inclusión no se reducía a una casa: también implicaba salud, educación, acompañamiento y vida comunitaria.
«Empezamos para incluir a los pibes. En todo momento pensamos en los jóvenes, en los niños, en las madres, en la salud», explica.
Hoy, sin embargo, observa cómo la desocupación, los consumos problemáticos, los padecimientos de salud mental y las distintas formas de violencia atraviesan la vida cotidiana.
«No somos nosotros: el problema también lo produce el Estado»
La crítica de Carina apunta a las condiciones sociales que afectan a los jóvenes, pero también a las prácticas policiales que, según denuncia, los convierten en sospechosos por su apariencia o por el lugar donde viven.
Cuenta que su propio hijo fue detenido o perseguido en distintas oportunidades, por ser morocho, usar visera o caminar por el barrio. Para ella, esas experiencias forman parte de la lógica que criminaliza a los pibes antes de escuchar sus historias.
«No podemos pretender que la Policía, la Justicia o los jueces resuelvan nuestro problema cuando el problema son ellos», sostiene.
Su cuestionamiento no supone negar las responsabilidades individuales frente a un delito. De hecho, distingue entre asumir las consecuencias de las propias decisiones y convertir la vulnerabilidad social en una condena anticipada.
Lo que cuestiona es que los procedimientos se exhiban como grandes éxitos policiales cuando, desde su mirada, recaen sobre personas que viven en condiciones de extrema fragilidad.
«No agarran a un capo de la mafia. Agarran personas totalmente vulnerabilizadas», afirma.
El planteo pone en discusión una pregunta que excede a Lomas de Casasco: ¿qué capacidad tiene el Estado para prevenir la violencia si su presencia en determinados territorios queda asociada, sobre todo, a los allanamientos, las detenciones y el hostigamiento?
Allanamientos, miedo y derechos vulnerados
Leguizamón relata que durante el reciente operativo hubo jóvenes que estaban en el barrio y terminaron involucrados en el procedimiento. Según su testimonio, algunos fueron trasladados pese a que las autoridades no habrían encontrado los elementos que buscaban. La situación, asegura, dejó a las familias angustiadas y reforzó la sensación de que cualquiera puede quedar expuesto a una intervención policial.
«¿Qué garantía me dan? No hay garantía. ¿De qué me sirve el derecho si no tengo garantías?», pregunta.
La integrante de la CPM afirma que muchas personas evitan denunciar por temor a las consecuencias. No necesariamente porque desconozcan lo que sucede, sino porque sienten que acudir a las instituciones puede dejarlas más expuestas.
«La gente no denuncia porque tiene miedo», resume.
En ese escenario, la desconfianza alcanza a la Policía y a la Justicia. Carina cuenta que escucha historias de jóvenes que habrían sido involucrados en causas penales sin tener relación con los hechos investigados. Son relatos que, para las familias, alimentan la idea de que una detención puede ocurrir por estar en el lugar equivocado o por cargar con antecedentes de conflictos previos.
«Yo confío más en las personas de este barrio que en la Justicia, que en la Policía», afirma.
La denuncia contra Casa Joven y las preguntas al municipio
En su testimonio, Carina también cuestiona el origen de la información que, según le habrían dicho durante una consulta en el ámbito judicial, desde Casa Joven, oficina municipal, presta datos a la policía.
«Casa Joven denuncia a los pibes, apunta casas, da información errónea a la justicia y ni siquiera se anima a caminar el barrio» afirma.
El planteo, abre una discusión política relevante: ¿qué papel cumplen los dispositivos municipales destinados a acompañar a los jóvenes? ¿Son espacios de escucha y protección o se los percibe como parte de un circuito que termina exponiéndolos ante las fuerzas de seguridad?
«Hablan de memoria, verdad y justicia, pero no ponen el cuerpo»
La crítica de Carina no se limita a la Policía ni a la Justicia. También interpela al poder político, en particular a quienes antes acompañaban las actividades culturales y las organizaciones barriales, pero que, según observa, hoy no aparecen cuando las familias necesitan respaldo.
Le resulta contradictorio que un municipio reivindique las banderas de memoria, verdad y justicia mientras, a su juicio, se toleran prácticas que vulneran derechos.
«Está todo muy lindo hacer festivales, está todo muy lindo hablar porque hablan rebonito, pero no los ves acá cuando realmente necesitamos ayuda», cuestiona.
El reproche apunta a la distancia entre el discurso público y la presencia concreta en el territorio. Para Carina Leguizamón, acompañar a una comunidad no consiste solamente en participar de actividades o pronunciar palabras sobre inclusión: significa acercarse cuando una madre está desesperada, escuchar a los jóvenes y exigir explicaciones frente a un procedimiento cuestionado.
«Necesitamos estar ahí, donde uno tiene que estar, poner el cuerpo. Ahí donde ponés en práctica lo que decís», afirma.
La frase también contiene una crítica a la descomposición de los vínculos políticos y comunitarios. Carina recuerda que hubo momentos en los que la organización territorial y las actividades culturales se pensaban como herramientas para defender a los pibes. Hoy siente que esas redes se debilitaron y que el silencio de quienes podrían intervenir agrava la soledad de las familias.
«Nosotros somos la resaca del sistema»
Al final de la entrevista, desplaza la mirada desde las familias hacia las responsabilidades estructurales. Rechaza que la comunidad cargue sola con la culpa por el hambre, la falta de educación, los consumos problemáticos o la participación de algunos jóvenes en actividades delictivas.
«Nosotros no somos culpables del hambre, no somos culpables de que nuestros hijos no tengan educación, no somos culpables de que nuestros hijos vendan droga», dice.
Y agrega una definición que condensa su mirada sobre el presente del barrio: «Nosotros somos la resaca del sistema».
Lomas de Casasco nació como una política pública destinada a abrir oportunidades. La pregunta, más de veinte años después, es qué ocurrió con aquella promesa cuando los vecinos describen el miedo como parte de la vida cotidiana.
Para Carina Leguizamón, el problema no se resuelve con más operativos ni con la exhibición de detenciones. Se necesita reconstruir garantías, investigar las denuncias, proteger a los chicos y recuperar una presencia estatal que no se limite al despliegue policial.
Porque detrás de cada allanamiento hay una casa, una familia y una comunidad que necesita saber que sus derechos valen tanto como los de cualquier otra persona.
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