En una extensa presentación, el Ejecutivo provincial dio cuenta de las políticas de ajuste por parte del gobierno de Milei que afectan especialmente a la Provincia de Buenos Aires. Detallaron una deuda del estado nacional con la Provincia por 7.8 billones de pesos. La misma estaría conformada por deudas directas como el Fondo de Incentivo docente, transferencias de la ANSES al IPS, subsidios al transporte y otros aportes específicos para políticas sociales por más de 2 billones de pesos y se completaría con el impacto de la paralización de más de mil obras públicas comprometidas por el gobierno nacional en la PBA, por otros 5 billones. El gobierno de Kicillof suma en esta ecuación la pérdida de recaudación provocada por la recesión económica.
Frente a este panorama en el que el gobierno bonaerense enmarca la situación de la provincia, el presupuesto se traza como principal objetivo el ser un escudo para amortiguar el golpe que están sufriendo los bonaerenses. Analizando la realidad de la clase trabajadora y los sectores populares junto a las prioridades que fija el presupuesto ese objetivo está muy lejos de concretarse.
Un presupuesto de ajuste y precarización
El presupuesto total asciende a $34.322.892.031.927 de pesos, creciendo un 34,5% respecto del presupuesto de 2024. Esta información es tentativa ya que durante el 2024 no hubo presupuesto sancionado, sino que se operó con el presupuesto 2023 prorrogado. Asimismo el gobierno no publicó el informe de ejecución presupuestaria del año pasado. Como denunció la diputada bonaerense Laura Cano (PTS – Frente de Izquierda) en una entrevista que le hicieron recientemente, el presupuesto presentado sostiene un ajuste en partidas significativas, también en los salarios de los trabajadores y mantiene la precarización laboral.
Para tomar solo algunos datos: comencemos con la pauta salarial. Para el año 2025 se propone un crecimiento del gasto de 34,5% (basado en la inflación proyectada para el año próximo). Sin embargo, la partida destinada a personal aumenta sólo un 30 %, quedando una vez más rezagada respecto de las erogaciones totales. Es decir que este presupuesto parte de la premisa que los salarios perderán nuevamente frente a la inflación.
Pero además, no se recupera nada de lo perdido en los últimos años. Con la gestión de Vidal el salario de estatales, docentes, trabajadores de la salud perdió 30 puntos en el poder de compra, mientras que durante los cinco años que lleva la actual del gobernador Kicillof, como planteamos en ésta nota la pérdida fue de 28 puntos. Se consolida así un modelo de provincia basado en trabajadores y trabajadoras pobres, cuyos ingresos no cubren el costo de vida.
Educación, que por su caudal (según datos del propio proyecto de ley del presupuesto afecta a 5 millones de estudiantes y más de 600 mil trabajadores) es la partida más importante del presupuesto, continúa decreciendo. Respecto del año 2023 su participación en el total de la torta retrocede 1,4 % y totaliza 6 puntos de caída desde el año 2003.
El presupuesto en salud aumenta apenas un 29,6% en relación a 2024 quedando 5 puntos por debajo del 34,5% que crece el gasto en promedio, mientras la partida para seguridad sube un 42,5%, en correspondencia con la política securitaria del gobernador. Más balas y menos salud y educación.
Asimismo se prorrogan todas las leyes de emergencia hasta diciembre del 2026 que congela la planta del estado y permite, entre otras cosas, realizar contrataciones en distintas modalidades de precarización. Esta es la situación de los 10 mil trabajadores becarios del ministerio de salud, que no cuentan con derechos laborales, y se desempeñan en los hospitales de la provincia, así como la de otros miles de trabajadores también becarios, con contratos como monotributistas o hasta quienes cobran a través de un plan social en el resto de las jurisdicciones de la administración provincial. Un presupuesto que refuerza la precarización laboral en el Estado, no solo quitando derechos a miles trabajadores y trabajadoras, sino que además desfinancia por la vía de no realizar los aportes a la seguridad social, tanto el IOMA como el IPS.
Prevé la creación tan solo de 2.249 cargos nuevos, de los cuales 1500, el 70%, son para el servicio penitenciario. Los 260 cargos creados para el ya vaciado organismo de niñez son en su totalidad de planta temporaria, es decir sin estabilidad.
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