La comunidad de la Escuela Secundaria Politécnica, también las autoridades de la Universidad Nacional de Moreno, no renuncian al proyecto que supo tener el empuje sostenido del actual Director General de Escuelas, Alberto Sileoni. La causa que nunca tuvo una única mesa institucional de gestión y resolución del conflicto presenta dos venas abiertas: proceso judicial en trámite y proceso; Municipalidad con su Cooperativa que no pega en el Yunque sino que perfora una tierra.
Pero hay un fallo judicial cercano, limítrofe, que hace lugar a un instrumento muy conocido, MEDIDA CAUTELAR, y que produce una fallo que consagra un aspecto superior: la autonomía.
La sentencia corresponde al Juzgado Federal de Campana, el mismo magistrado que tiene la causa de la Universidad Nacional de Moreno contra la Municipalidad de Moreno y quien debe resolver la cuestión de fondo, es decir, quien ostenta mayores derechos sobre la tierra.
El gobierno de Javier Milei a través del Ministerio de Capital Humano produce un acto administrativo (resolución) en el que desconoce la creación de la UNIPILAR. Ese documento judicial de 34 fojas, tiene en el inicio de los argumentos un criterio – concepto – derecho: «…el acto administrativo atacado implica una evidente injerencia del Poder Ejecutivo en el desarrollo de la vida autónoma de la institución universitaria, ya que las universidades han sido creadas por leyes formales emanadas del Congreso Nacional».
La Universidad Nacional de Pilar se hallaba normalizada desde el 18 de enero último, a partir de la decisión de su primera Asamblea Universitaria, reunida ese día de acuerdo a la LES (Ley de Educación Superior), cuando eligió a su primer gobierno autónomo, designando a su rectora organizadora ahora como Rectora, quedando plenamente conformada bajo el régimen de co gobierno autónomo y autarquía que distingue al sistema universitario argentino.
La sentencia del señor juez de Campana, Dr. Adrián González Charvay sobre la UNIPILAR tiene plataforma en un fundamento que aplica en la UNM: «Las universidades cuenten con plena capacidad para determinar sus propios órganos y normas de gobierno y poder elegir a sus autoridades; apuntando a que este derecho, garantiza la libertad académica para enseñar y aprender, sin imposiciones limites o directrices de los poderes del Estado o de las propias autoridades universitarias, lo que exige desvincular a la Universidad de toda dependencia del Poder Ejecutivo u obstrucción del Estado«.
Si la Resolución N° 2024, conocida el 26 de febrero, firmada por Sandra Pettovello, pretendió obstaculizar el desarrollo de la UNIPILAR, el Juez González Charvay consagra y legitima la autonomía, el poder de decisión que ya tiene el primer gobierno universitario.
Pregunta cerrada y directa, el mismo Juez que entiende en la causa de la Universidad Nacional de Moreno contra el Estado municipal, ¿no evalúa que la usurpación de la tierra por parte de la Intendencia obstaculiza el desarrollo y la autonomía de la UNM, es decir, impedir la construcción de la Escuela Secundaria Politécnica? ¿No es un hecho claro, comprobado y en pleno desarrollo?
La comunidad de la ESPUNM espera que la justicia se ajuste a derecho.
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