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SALE A LA LUZ LA AUDITORIA DEL AÑO 2016 –

El año pasado y en este 2017 Desalambrar buscó conocer el resultado de la promocionada auditoría que la Dirección General de Escuelas realizó del Consejo Escolar de Moreno. La semana pasada y en sesión especial, el consejero escolar del Frente Renovador, Sergio Pazos, entregó el material a los medios locales. Del mismo se desprende una estructura de funcionamiento que no respeta ni cumple en términos absolutos las normas y reglamentaciones vigentes. El análisis corresponde a los días 29 y 30 de junio del año 2016 y el informe final fue entregado el 13 de octubre del mismo período. Los datos que allí aparecen deberían nutrir del material que directivos, docentes, delegados gremiales, alumnos y padres, reclaman cuando concurren al Consejo Escolar a buscar respuestas que nunca llegan. Tiene importancia remarcar que de acuerdo a Ley Provincial de Educación (13.688) los Consejos Escolares tienen como principal acción la administración de los establecimientos educativos en el ámbito de la competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnico pedagógicas. Lo contrario a ello significa que los funcionarios públicos (consejeros escolares) son responsables de sus actos.

hoja presentación

El Área de Infraestructura tiene sumo relieve por lo que se muestra en la Auditoría que firma el Contador Abelardo Harbin (Auditor General de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires), pero además por los más de 4 millones de pesos que al 14 de marzo de 2017 están en la cuenta del Fondo Compensador. Hay un párrafo de la auditoría (Anexo VI Infraestructura) que releva la arquitectura de funcionamiento del área que sigue conduciendo Jorge Galian:

“El Consejo Escolar tiene una modalidad incorrecta para contratar la ejecución de trabajos del Fondo Compensador cualquier sea el monto de la intervención a saber:

1- Recibe telefónicamente el requerimiento de las autoridades del establecimiento.

2- El Consejo Escolar determina y envía a una empresa para relevar y cotizar los trabajos.

3- La Contratista visita el establecimiento y evalúa los trabajos indicados por las autoridades del establecimiento, confecciona la cotización y la presenta en la oficina del Área Infraestructura.

4- El Sr. Galian a cargo del Área de Infraestructura, evalúa técnica y económicamente la oferta y determina la realización de los trabajos previa notificación a la Presidenta del Consejo Escolar (Berzoni).

5- No se da participación a la Delegada Distrital del Consejo Escolar en ninguna de las etapas mencionadas.

6- Se le notifica telefónicamente o personalmente a la Contratista la adjudicación de la intervención indicándole que dé inicio los trabajos de inmediato y que al presentar la factura debe adjuntar una foto de antes y después de la zonas intervernidas.

7- Se requirieron las fotos que se exigen pero hasta la fecha de la auditoría todavía no se habían presentado en ninguna de las obras visitadas.

8- A los Contratistas se les entrega una credencial identificatoria para ser presentadas ante las autoridades de los establecimientos. Concluidos los trabajos, la Empresa con la Directora del Colegio confeccionan y rubrican el “ACTA DE INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO” donde constan los detalles de lo realizado y el costo de los trabajos. El ACTA más la FACTURA son llevadas por la Contratista al Área de Infraestructura. Esa documentación es firmada por Jorge Galian, quien acumula una cierta cantidad de facturas de una misma contratista y las gira a Tesorería.

9- En Tesorería se cita a la Delegada Distrital para que de conformidad a los trabajos, sin lo cual no se pagan facturas. El Consejo Escolar desconoce que la DPIE (Dirección Provincial de Infraestructura Escolar) en las normativas y procedimientos emitidos sobre el Fondo Compensador, establece en conjunto con los Inspectores y/o Jefes Regionales deben programar las necesidades edilicias del distrito.

La Auditoria afirma que ningún consejero escolar responsable visitó las obras, pero además transfiere a una empresa la “obligación” de relevar las necesidades edilicias. La respuesta del Ente Auditado (Consejo Escolar) es una pieza de colección: “La Inspectora Distrital de Infraestructura Escolar en ningún momento solicitó, ni asesoró al área de Infraestructura, ni Presidencia ni Tesorería sobre la necesidad de distintos informes correspondientes a su trabajo en el distrito, situación que se agrava al tratarse del primer año de las autoridades en nuestro desempeño como consejeros. En ningún momento la Inspectora nos planteó mediante nota, mail, sobre la necesidad de contar con la memoria técnica, cómputo y presupuesto oficial para cada una de las obras del distrito”.

La Inspectora Distrital (Villalba) dejó el cargo y entregó al cuerpo de auditores el informe que muestra cómo los consejeros escolares no aplican resoluciones e instructivos que no pueden desconocer, sin importar la poca experiencia.

LOS CASOS, LOS PAGOS, LAS EMPRESAS, LAS ESCUELAS

1- Las Contratistas (empresas) no cuentan con un profesional para el SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

2- Las cotizaciones de las empresas Contratistas carecen de fecha de emisión, firma del responsable de la misma, plazo de ejecución, cómputo y presupuesto disgregado.

3- En el Jardín de Infantes N° 917 la empresa IDEAL, responsable de los trabajos, no cumplió con lo descripto en su cotización percibiendo la totalidad de lo ofertado 24.300 pesos.

4- En la Escuela Primaria N° 14 la empresa ROHENANA S.A, responsable de los trabajos, no cumplió con lo descripto en su cotización, percibiendo la totalidad de lo ofertado 26.600 pesos.

HOJA I

5- En la Escuela Primaria N° 45 la empresa GGK responsable de los trabajos, no cumplió con lo descripto en su cotización, percibiendo la totalidad de lo ofertado 13.000 pesos. Las autoridades del establecimiento suministraron parte de los materiales y mano de obra que la contratista facturó.

6- En la EES N° 25, la empresa GGK responsable de los trabajos, no cumplió con lo descripto en su cotización, percibiendo la totalidad de lo ofertado 7.000 pesos. Las autoridades del establecimiento suministraron la mayoría de los materiales.

7- En la EEB N° 12 el Consejo Escolar encomendó trabajos a la empresa GGK en dos etapas dentro de un mismo mes para realizar modificaciones y reparaciones con provisión total de materiales y mano de obra por un total de 44.500 pesos. La contratista cotizó 39.000 pesos, por lo cual hubo incumplimiento de normativas y reglamentaciones de contratación.

8- En la EP N° 47 se repiten los mismos actores. GGK cotiza para reparar techos, mampostería y zinguería con provisión total de materiales y mano de obra por un total de 45 mil pesos. Hubo incumplimiento de normativas y reglamentaciones de contratación.

En todos los casos no hubo respuesta del Consejo Escolar.

Para todos los casos la recomendación de la Auditoría es clara de ser interpretada: “El Consejo Escolar debería reclamar a la empresa por la falta de los trabajos realizados, analizando minuciosamente lo estipulado en los pliegos y lo realmente ejecutado. Correspondería que el Consejo Escolar de intervención a la Jefatura Regional de la DPIE para que en conjunto planifiquen, ante el incumplimiento de contrato, las acciones legales a seguir”.

Esta recomendación traslada dos preguntas al cuerpo en su conjunto:

¿Reclamó el Consejo Escolar el dinero que pagó de más a las empresas IDEAL, ROHENANA y GGK?

En conjunto, ¿iniciaron acciones penales?

HOJA II

MIRE Y COMPARE

A modo de especulación periodística, puede que la Auditoria 2016 puso en alerta máxima a los funcionarios que firmaron los procedimientos. Al mismo tiempo releva que el desconocimiento e inexperiencia afectan a la educación pública.

Cuando el Consejo Escolar de Moreno cambió su composición (no la mayoría), diciembre de 2015, hubo promesas de transparencia y respeto por la institucionalidad.

Arreciaron las críticas a la gobernación Vidal por fondos insuficientes, magras sumas para enfrentar una emergencia edilicia.

A enero de 2016 la cuenta del Fondo Compensador del Consejo Escolar de Moreno tenía $706.682,90.

En enero de 2017 el saldo inicial del Fondo Compensador registró la cifra de $3.495.864.