La decisión política de La Capitana es como una topadora, una máquina que desde el pasado 4 de marzo mueve la tierra y saca ese insumo en camiones privados o públicos.
La Universidad Nacional de Moreno no solo preservó durante 12 años la lonja de Merlo y Corvalán, sino que allí se construyeron las instituciones públicas previstas en el Convenio firmado con el gobierno nacional y el Acta o Protocolo Adicional.
Sin embargo la decisión política de la gestión de Mariel Fernández fue inequívoca y no sorprende: a finales de 2020, cuando se hace el sorteo de la primer cohorte de la ESPUNM, no firma ni participa del acuerdo entre los gobiernos, nacional y provincial, junto a la UNM para conseguir un terreno y allí construir la Escuela Secundaria N° 37, acción que devolvería a la Universidad el predio para relanzar la ESPUNM y el Instituto Tecnológico.
En ese camino que adopta Mariel está un enorme acto administrativo poseedor de todos los vicios, errores e irregularidades. Mientras en el Concejo Deliberante llegaba el reclamo de la comunidad de la ESPUNM, el Departamento Ejecutivo pergeñaba la licitación y adjudicación del Polo Educativo (oficinas administrativas de organismos provinciales), sin contar si quiera con la inscripción en ARBA y el Registro Inmueble bonaerense, meta alcanzada en febrero de este año, logro que de ninguna manera resolvió la cuestión de fondo, es decir, quien tiene mejores papeles para obtener el DOMINIO de la tierra.
Ausentes esas condiciones objetivas mínimas, las secretarías de Economía, Gobierno y Obras Públicas, confeccionan el pliego de bases y condiciones, el llamado a licitación y adjudicación, todo en tiempos récords que deben estar incluidos en el sitial de histórico. Debe observarse que en todo el procedimiento no existe opinión técnica de una figura central en la disputa por la tierra: ni más ni menos que el Dr. Federico Aliaga, Administrador General del IDUAR, arquitecto en la estrategia de poseer la tierra que tenía la Universidad desde el año 2012.
En ese llamado para Construir el Polo Educativo, 24 de junio de 2022, el pliego de bases y condiciones estableció, como corresponde, que las empresas participantes debían visitar el lugar, la tierra asignada. Ninguna lo pudo hacer porque el predio estaba bajo custodia de la Universidad. Aún con ese escollo en el expediente están las firmas de una empleada administrativa de la empresa DIPRONOR y de María Giménez, Secretaria de Obras Públicas:
Con esta forma y modo, el Departamento Ejecutivo avanzó, al tiempo que el bloque legislativo oficialista repetía que en el conflicto con la ESPUNM «el gobierno municipal no tenía nada que ver». Reviste enorme importancia puntualizar que la adjudicación de la obra a DIPRONOR tuvo un adelanto financiero de más de 87 millones de pesos, el 30 por ciento del presupuesto, recurso del Fondo Educativo.
A esa altura de los acontecimientos, la Universidad Nacional de Moreno había puesto en conocimiento de DIPRONOR que «se abstuviera de realizar cualquier tipo de avance sobre un terreno que le pertenece a la UNM».
La carta de documento advertía de concurrir a la justicia, de ser necesario. Ese paso queda consumado a fines el año pasado, y es la licitación y adjudicación el origen de la presentación judicial que fue rechazada en PRIMERA INSTANCIA por un juez federal (San Martín) que en la resolución donde no hace lugar a las medidas cautelares, indica que el PROPIETARIO de la tierra es el ESTADO NACIONAL.
DIPRONOR, una empresa «amiga del gobierno local», estaba a cargo del Polideportivo Diego Armando Maradona, Parque Las Flores. Ambas obras se encuentran totalmente paralizadas. El rumor seriamente instalado es que DIPRONOR se fue de Moreno.
Los tres grandes proyectos tienen el diseño de un mismo arquitecto: Juan Micieli, contratado en forma exclusiva y directa.
El pasado 4 de marzo la Municipalidad ingresa al predio de la Universidad donde pretende avanzar con el Polo Educativo. Coloca un cartel de obra sin ninguna descripción técnica, solo Sandra y Rubén. Una gran observación porque la obra tenía asignada empresa y monto.
Cuando la ocupación sucede y el hecho toma cierto estado nacional, el Dr. Aliaga, Administrador General del IDUAR (Instituto de Desarrollo Ambiental y Regional) declara ante un medio emblemático como Página 12 que «entró al terreno junto a la empresa que construirá el Polo Educativo no durante la noche, sino el sábado a la mañana, temprano, entre las 6.30 y las 7, es decir dentro de un día laborable”.
Si la palabra de Federico Aliaga es cierta, y no tenemos porque dudar de su honestidad, la empresa era DIPRONOR, ganadora de la licitación y adjudicataria de la construcción del Polo Educativo desde el 24 de julio de 2022:
23_04_02-4-decreto-2503_22-adjudicacionEl 4 de marzo de 2023, entonces, DIPRONOR entra a la obra (no existe ningún indicio de ello), y dieciocho días después de la ocupación la Municipalidad de Moreno que conduce Mariel Fernández publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el llamado a licitación para construir el Polo Educativo Moreno. Ya no son 285 sino 444 millones de pesos:
Las fuentes oficiales consultadas dan cuenta que se trata del mismo Polo Educativo, en la misma tierra que la UNM reclama como propia. Entonces, ¿existe un expediente que explique las razones, motivos o causas que llevaron a DIPRONOR a retirarse? ¿Está al alcance de concejales /as ese acto administrativo y, especialmente, cómo se resuelve al adelanto financiero del 30 por ciento, unos 87 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo a favor de DIPRONOR?
Si la tierra es del Municipio y la obra albergará organismos provinciales (Consejo Escolar, Jefaturas y SAD), el Concejo Deliberante debe aprobar la sesión del terreno.
El jueves pasado el bloque oficialista afirmó que el tema «estaba debatido», que la documentación obrante certifica posesión por lo tanto es una discusión abstracta o bien puramente electoralista que «intenta poner palos en la rueda». Obviamente desconocían la «gran novedad del Polo Educativo».
Es de esperar que, como lo hizo con DIPRONOR, la UNM notifique a la nueva ganadora de «abstenerse en avanzar porque hay dos denuncias penales en curso».
Ninguna empresa arriesga una mancha en el legajo que le impida sostener el preciado título de «contratista del Estado»… que de bobo no tiene nada.
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