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La gestión Mariel capitalizó los años de silencio y complicidades que rodearon al contrato de recolección de residuos domiciliarios. Su leitmotiv, sobredimensionado en porcentajes, refería a que el Municipio destinaba gran parte de su presupuesto al deficiente servicio de la basura, en manos de Consorcio Trébol. Con precisión, resultaba ser el 25 por ciento del total de los recursos (un 50 por ciento era Gasto en Personal). Había que terminar con el robo o la caja y así fue, con una observación particular: la empresa cobró hasta el último centavo, La Capitana no aplicó ni multas ni descuentos, pagó por un servicio impecable.


La épica urbana de la nueva generación, venciendo al todopoderoso Trébol y los intereses políticos circundantes, rechazó «la municipalización de la recolección» y «concesionó la mano de obra» favoreciendo a la cooperativa – empresa Gestionar Ltda de los Moyano.


En noviembre de 2020 dio a luz otro negocio, que preserva el mismo aroma y color, una caja descomunal que hace sumas, paga facturas sobre cumpliendo el contrato que, para los /as desprevenidos /as, es una política de Estado del «marielismo» hasta el año 2023.


Por tratarse solo de la contratación de la mano de obra (admitiendo en su génesis que la cooperativa obviamente aspira a lograr utilidades más que ganancias y así se garantizó al fijar el valor de la calle servida, el contrato entre la Municipalidad de Moreno y el Sindicato de Camioneros, vía Cooperativa Gestionar, establece que el precio a reconocer del (aumento) queda exclusivamente vinculado con la paritaria de Camioneros, Convenio Colectivo de Trabajo N° 40 /89.



Por este esquema de indexación, la administración Fernández solo está obligada a reconocer el porcentaje que el gremio obtiene en la mesa paritaria y aplicarlo al precio de la CUADRA.


Cuando inicia el vínculo, noviembre de 2020, el Poder Ejecutivo le ofrenda a Camioneros un aumento que correspondía a un tramo de la negociación salarial cuando el servicio era responsabilidad de la empresa Trébol.



La cuadra arranca manchada, de 159 pesos a 183 pesos, monto que se multiplica por la cantidad de calles servidas al mes (más de 15 mil), un servicio perfecto de seis días a la semana en un distrito con el 65 por ciento de calles de tierra.


De 183 pesos en enero de 2021, el valor de la cuadra viajó hasta los 6.059 pesos en julio de 2025, lo que representa un 3,209 por ciento de aumento.



Aquella distorsión inicial se retroalimentó y creó un zeppelin calculado en 23 millones de dólares, es decir, un pago descomunal a favor de la Cooperativa Gestionar que supera holgadamente los aumentos logrados en paritarias por Camioneros e incluso los índices inflacionarios del INDEC.




Como se observa en el cuadro, entre enero de 2021 y diciembre de 2025, el precio del contrato aumentó un 3.486%, mientras que el IPC (Índice de Precios al Consumidor / INDEC) un 2.558% y el Salario de los Recolectores, que sirve de base para actualizar el contrato, conquistó un 2.259%.


A simple vista y teniendo en cuenta que la diferencia acumulada entre el precio pagado por cuadra y el incremento de los salarios de los recolectores a diciembre de 2025, es un 54,3% mayor, podemos apreciar que el vínculo estratégico sellado en un contrato hasta el año 2032 resulta totalmente perjudicial a los intereses del pueblo.



El cuadro anterior permite apreciar el costo del servicio, a VALORES DE 2025, según el precio por cuadra facturado y la cantidad de calles recorridas en cada año, según declara el Municipio en cada Rendición de Cuentas y desde el inicio del contrato, y compararlo con el precio resultante si hubiera sido ajustado por el salario de convenio de los recolectores o por el IPC.


La magnitud de la diferencia acumulada según los criterios de indexación alternativos expuestos, es de 34.325 millones de pesos o de 23.149 millones de pesos, a diciembre de 2025. Expresado en dólares corrientes, implican un derroche de 23,2 millones de dólares según la evolución del salario de los recolectores o de 15,6 millones de dólares según el IPC, al cabo de 5 años de contrato

En este tiempo de escasez de recursos, con gobiernos comunales que analizan remunicipalizar la recolección de la basura, en Moreno hay un modelo que hace caja, vulnerando el contrato pero a favor de la empresa.


Pregunta de rigor, ¿cómo explica la Secretaría de Economía, que advierte que no hay dinero, sostener un contrato por arriba de lo obligatorio, lo legal, lo comprometido? ¿La mano de obra de la basura privatizada obtiene el aumento que aplasta a la inflación, ganancias astronómicas, mientras la mano de obra municipal sufre el ajuste de la misma funcionaria que recita la plegaria de la crisis?


Cuestión de economía popular y participativa, ¿qué se puede hacer con 23 millones de dólares o 34 mil millones de pesos? Una sugerencia: se trata de una cifra que equivale al 85% del Fondo Educativo que recibió Moreno en el año 2025.