“El piso mínimo que se requiere para cierta protección de las mujeres y las diversidades en Argentina no es un gasto delirante, extraordinario, que va a destruir la macroeconomía. Es un nivel de gasto totalmente alcanzable y comparable a otras partidas que hoy en día sí se priorizan y que no son fundamentales para los derechos de la población”.
El planteo es de la economista e integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Malena Vivanco, quien formó parte del informe elaborado por la organización y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sobre el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo.
La motivación de esta investigación es la urgencia: tras dos años de prorrogar el mismo Presupuesto y con un Congreso que anticipa más afín, el gobierno de Javier Milei intentará que se apruebe su proyecto de ley para achicar todavía más las partidas destinadas a políticas de género.
Desmantelarlo todo
El informe de ELA y ACIJ, que fue presentado ante la Comisión de Género y Diversidad de la Cámara de Diputados la semana pasada, arroja una conclusión demoledora: el ajuste iniciado en 2024 en políticas clave para la igualdad de género va a profundizarse en 2026.
En el nuevo Presupuesto “programas centrales como los de prevención de la violencia, salud sexual y reproductiva y moratorias previsionales sufrieron recortes drásticos, cambios de enfoque o directamente dejaron de figurar como partidas específicas”, detalla la entidad.
El estudio hace hincapié en las partidas presupuestarias asignadas a las tres políticas que funcionan como eje del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, al que el Estado se encuentra obligado por la Ley 26.486.
El más recortado fue el Programa Acompañar, cuyo presupuesto se redujo un 90% en 2024 respecto a 2023 y cuya cobertura cayó de más de 100.000 personas a sólo 434 en un año. “Desde 2025, el Programa dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja”, asegura el informe.
En el ranking de desfinanciamiento le sigue la Línea 144, canal principal de atención a personas en situación de violencia, que perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45% su planta de trabajadoras.
“En 2025 y 2026 también se eliminó su línea presupuestaria específica, lo que impide saber cuántos recursos se le asignan y ejecutan —detalla el estudio—. Aún cuando no es posible identificar una partida específica, para 2026 aparece una meta asociada a la Línea 144 en el programa Afianzamiento de la Justicia. La cantidad de personas asistidas se reduce a 60.000, un tercio de las personas asistidas en 2023”.
Finalmente, la partida de Protección de Víctimas de Violencia —perteneciente al programa Afianzamiento de la Justicia del Ministerio de Justicia— muestra, según establece el informe, un aumento significativo en 2026. Pero “al considerar la magnitud absoluta de los tres fondos —que son los que tienen montos más significativos en términos de lucha contra la violencia—, este aumento está lejos de compensar la reducción presupuestaria” de los otros dos.
“En términos agregados, estas tres políticas sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 89%”, concluyen ACIJ y ELA.
¿No hay plata?
Montado en el caballito de batalla de que “no hay plata”, el Gobierno no da explicaciones sobre este ajuste. Pero la realidad, como viene ocurriendo, no avala sus dichos.
“Hoy hay un Presupuesto nacional que está sosteniendo gastos tributarios, que en muchos casos son injustificados, que benefician a sectores de altos ingresos, que no tienen evaluación, que no tienen rendición de cuentas. Y, mientras eso se sostiene, se desmantelan las políticas de género”, plantea Vivanco.
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