ADELANTO CON PEDIDO DE PENAS –
La Dra. María Gabriela Urrutia, agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, en la IPP N° 19-00-016606-18, presenta al juzgado de Garantías N° 2 la elevación a juicio de la causa caratulada como Ricobene, homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio a la administración pública.
El escrito – instrumento de 113 fojas, afirma que la explosión se pudo haber evitado si el gasista Ricobene aplicaba el Protocolo, esto es, corte total del suministro y pruebas correspondientes para detectar las fugas.
Segundo elemento de prueba: la pérdida no estaba en el calefactor de la «salita de cambio de funciones» sino en la cañería de instalación de gas ubicada en el techo del lugar donde presenta una unión de la T de derivación y bujes de reducción cuya rosca de ensamble tenía una fisura,
Tercer aspecto de análisis penal: Ricobene, dice textualmente el escrito de elevación a juicio de la causa, «muy livianamente da por solucionado el escape de gas con cerrar la llave del calefactor y encender un ventilador» su negligencia e impericia se ve agravada por «carecer de la habilitación necesaria para realizar tareas de gasista en establecimientos escolares».
La categoría de gasista (3) es para instalaciones domésticas unifamiliares, pero además estaba vencida desde el año 2015. La investigación determina que al menos Cristian Ricobene presta servicios en el Consejo Escolar desde el 28 de septiembre de 2016.
Este descontrol o falta del mismo respecto a los proveedores y su contratación, atento a lo ocurrido el 2 de agosto de 2018, produce la imputación y pedido de condenas a los funcionarios públicos que la fiscal Dra. Urrutia, entiende son coautores penalmente responsables del delito de incumplimiento a los Deberes de funcionario público que deriva en las muertes de Sandra y Rubén.
Para Cristian Ricobene, la representante del Ministerio Público solicita cinco (5) años de prisión de efectivo cumplimiento por homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio a la administración pública.
Los funcionarios que van a juicio tienen un pedido de dos (2) años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento a los Deberes de funcionario público e inhabilitación especial por el término de cuatro (4) años. Se trata de Sebastián Nasif (avocador del Consejo Escolar) , Mónica Berzoni (presidente del Consejo Escolar), Pablo Daniel Perazzo (Secretario Técnico del Consejo Escolar) y Jorge Galian (consejero escolar área de Infraestructura).
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