El juicio a la banda narco-policial-judicial bonaerense lleva ya cinco jornadas; las cuatro últimas fueron de recepción de declaraciones testimoniales que lejos de aportar claridad al objeto de la causa sólo han evidenciado un profundo interés en deslindar y quitar de escena al ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan destituido de su cargo por un juicio político el año pasado, pero beneficiado con la falta de mérito a pesar de las evidencias que lo sitúan como líder de la asociación ilícita, y eludir el tema de los cargamentos de droga.
Son 34 acusados, entre ellos 24 policías bonaerenses (algunos de alto rango), dos abogados y media docena de testigos truchos comenzaron a ser juzgados por integrar una inmensa maquinaria de corrupción que se alimentaba del vínculo con narcotraficantes.
Se trata de un caso escandaloso por donde se lo mire. Aunque hay cuatro hechos en cuestión -en su momento investigados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado– uno de ellos se destaca: el Operativo «Leones Blancos» (diciembre de 2013), un armado policial, un falso procedimiento montado para robarle media tonelada de cocaína al poderoso clan Loza.
“Leones blancos” o “Anacona” son los nombres con los que se conoce coloquialmente el hecho principal que se ventila en este juicio: el robo de la mitad de un enorme cargamento de cocaína mediante un simulacro de operativo judicial-policial realizado en un peaje del camino del Buen Ayre, en Moreno, para luego ser reintroducido ilegalmente en el mercado.
Como coartada para montar el operativo, la banda policial alegó un supuesto llamado anónimo a la DDI de Quilmes sobre el traslado del cargamento desde Moreno a la zona norte. Pero el llamado nunca existió.
En realidad, el dato había surgido del financista, informante de los organismos de inteligencia y de seguridad y testigo arrepentido Javier Guastini, que luego fuera asesinado por un sicario el 28 de octubre de 2019. Guastini había informado al personal de drogas ilícitas el traslado del cargamento de cocaína perteneciente al clan Loza, que rápidamente y en articulación con el entonces fiscal de San Isidro, Claudio Scapolan, dispuso un procedimiento ilegal para mejicanear la droga.
Sobre este caso declararon más de una decena de testigos, entre ellos el propio Anacona, chofer de la camioneta Sprinter interceptada por la DDI de Quilmes y de la que fueron robados 500 kilos de droga, y Hurtado, que conducía un Ford Fiesta y se trasladaba en apoyo al traslado del cargamento ilícito.
Ambos alegaron no recordar nada a pesar de que en declaraciones realizadas durante la instrucción de la causa ante el fiscal federal Domínguez habían aportado valiosa información. Por ejemplo, Anacona había dicho que en el peaje donde se produjo el operativo policial el que impartía las órdenes era una persona de traje (en relación al entonces fiscal de San Isidro).
Algo similar ocurrió con Hurtado: había declarado anteriormente que era una persona de traje la que mandaba durante el operativo y que había sido con la llegada de esa persona al peaje cuando comenzaron a trasladar los bolsos de una camioneta a la otra. También había dicho ante el fiscal federal Domínguez que durante el allanamiento en la quinta Leones Blancos esa misma persona de traje era quien daba las órdenes a los policías.
Frente a las flagrantes contradicciones y presuntos olvidos de ambos testigos, el fiscal de juicio García Berro y la querella pidieron la aprehensión de ambos por falso testimonio, lo que fue concedido por el TOF 1 de San Martín.
Muchos otros testigos -entre familiares de Anacona y personas que trabajaban en la quinta donde se produjo el violento allanamiento simultáneamente con el operativo en el peaje de Moreno- replicaron el silencio, las dudas y contradicciones con un denominador común: aportar poca o ninguna información valiosa para este juicio, especialmente en lo relativo a la droga y máquinas de sellado, así como la presencia en el lugar de los hechos del ahora ex fiscal Claudio Scapolan.
En la última jornada del juicio, llevada a cabo el miércoles pasado, declararon otros cuatro testigos. El primero, Eduardo Marcelo Ruarte, negó haber participado como testigo de actuación en el procedimiento realizado en la autopista cuando la DDI interceptó la camioneta con una tonelada de cocaína. De hecho, Duarte no reconoció la firma obrante en el acta original del caso.
Otro de los testigos, de apellido Juárez, intervino como testigo de actuación en el allanamiento realizado en la quinta y declaró que aquel procedimiento le había parecido normal, sin maltrato hacia los imputados, y que hallaron mucha cocaína y máquinas para envasarla al vacío. La ex pareja de Juárez, de apellido Villarubia, también fue testigo del operativo y declaró el miércoles pasado, pero se descompensó en medio de su testimonio.
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