Ocho años después de la explosión que terminó con las vidas de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la principal deuda del Estado sigue siendo la misma: garantizar escuelas seguras. Aquellas muertes no fueron una tragedia inevitable, sino la consecuencia de años de abandono, precariedad y de una política que naturalizó las «escuelas parche» o «escuelas Cromañón» como parte del paisaje educativo de Moreno. Esta fecha, 2 de agosto, es oficialmente el Día de la Escuela Pública Digna y Segura.
Sandra y Rubén no murieron imaginando un moderno edificio para el Consejo Escolar levantado sobre el predio destinado a la Escuela Secundaria Politécnica. Murieron trabajando en un establecimiento que no reunía las condiciones mínimas de seguridad.
Si algo hubiera cambiado de manera profunda desde aquel 2 de agosto de 2018, los gobiernos provincial y municipal podrían mostrar hoy, con orgullo, que todas las escuelas de Moreno cumplen los doce puntos de habitabilidad. Ese sería el verdadero homenaje a las víctimas y la prueba irrefutable de que la explosión de la Escuela N.º 49 dejó una enseñanza institucional.
Sin embargo, ocho años después, el recuerdo sigue siendo exclusivamente conmemorativo. Las escuelas no pueden exhibirse como el resultado de una política pública que haya desterrado definitivamente las condiciones que hicieron posible aquella tragedia.
Durante años, organizaciones sociales, sindicales y educativas denunciaron el uso inadecuado del Fondo Educativo y reclamaron que esos recursos fueran destinados prioritariamente a la infraestructura escolar. Mariel Fernández, hija política del llamado Morenazo, asumió el compromiso de revertir esa historia y anunció que esos fondos tendrían como destino las escuelas del distrito.
Los números, sin embargo, ofrecen otra dimensión del debate. Entre 2019 y junio de 2026 —última información oficial publicada por la Provincia de Buenos Aires— la administración municipal dispuso de aproximadamente 34,4 millones de dólares correspondientes al Fondo Educativo. Una cifra que permite dimensionar el volumen de recursos administrados y que vuelve inevitable una pregunta, ocho años después de la muerte de Sandra y Rubén: ¿por qué Moreno todavía no puede mostrar que todas sus escuelas son lugares seguros, dignos y de calidad para enseñar y aprender?
UN 70 POR CIENTO DEL FONDO LEJOS DE LAS ESCUELAS
De acuerdo con información oficial publicada por la Provincia de Buenos Aires y por la Municipalidad de Moreno correspondiente al cierre del primer semestre de 2026, el Fondo Educativo disponía al inicio del ejercicio de un saldo de 1.329 millones de pesos provenientes del año anterior.
A ese monto se sumaron transferencias provinciales por 8.907 millones de pesos y otros 788 millones girados durante los primeros seis meses del año, lo que elevó los recursos disponibles a un total de 11.024 millones de pesos.
Sin embargo, el Balance de Tesorería al 30 de junio de 2026 muestra que al finalizar el semestre el Fondo conservaba un saldo de apenas 644 millones de pesos.
Esto implica que durante ese período se utilizaron recursos por 10.380 millones de pesos. ¿Podemos imaginar ese paquete de recursos en las escuelas morenenses?
Según la documentación, los gastos efectivamente imputados al Fondo Educativo alcanzaron solamente los 2.461 millones de pesos.
La comparación entre ambas cifras permite concluir que 7.919 millones de pesos fueron utilizados transitoriamente o aplicados a otros destinos distintos de aquellos para los que el Fondo fue creado. Para mejor comprensión, en términos porcentuales, siete de cada diez pesos ejecutados durante el primer semestre de 2026 no fueron destinados a gastos específicos del Fondo Educativo, es decir, alrededor del 70 % de los recursos.
Una práctica consolidada
Los datos oficiales muestran una continuidad respecto de lo ocurrido durante 2025. Según el análisis de la ejecución presupuestaria, el uso de recursos afectados para fines diferentes a los previstos volvió a producirse durante el presente ejercicio.
Esta situación no ha generado sanciones administrativas debido a la vigencia de la Ley Provincial Nº 15.557, mediante la cual la Provincia declaró la emergencia económica y presupuestaria. Esa normativa volvió a eximir de responsabilidades a los funcionarios municipales que durante 2024 y 2025 hubieran autorizado gastos utilizando fondos afectados para destinos distintos de los establecidos por la ley.
El régimen del Fondo de Financiamiento Educativo determina que el ciento por ciento de los recursos debe destinarse exclusivamente a gastos educativos. Además, en los municipios del conurbano bonaerense la legislación establece una obligación adicional: al menos el 50 % de los recursos transferidos debe invertirse en infraestructura escolar, incluyendo obras destinadas a mejorar la habitabilidad de los establecimientos, ampliaciones edilicias y adquisición de equipamiento.
La exigencia responde al deterioro histórico de los edificios escolares en el Gran Buenos Aires y busca garantizar inversiones sostenidas en condiciones edilicias.
El Tribunal de Cuentas también fijó criterios
La preocupación por el uso de estos recursos incluso motivó una resolución específica del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que instó a las municipalidades a destinar el Fondo de Financiamiento Educativo a la construcción y mantenimiento de la infraestructura escolar estatal en todos sus niveles.
La resolución buscó reducir la discrecionalidad detectada desde la creación del Fondo, aunque los datos de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026 muestran que esas recomendaciones continúan sin reflejarse plenamente en la administración de los recursos.
Hoy se cumplen 8 años de la explosión ocurrida en la Escuela Nº 49. Aquel hecho expuso las graves deficiencias en materia de infraestructura escolar y marcó un antes y un después en el debate sobre la utilización del Fondo Educativo. Sin embargo, ocho años después, los datos oficiales vuelven a mostrar que una parte sustancial de esos recursos continúa utilizándose fuera de su finalidad específica.
Cifras asombrosas
Si se consideran los recursos administrados desde 2019 hasta junio de 2026 —sin incluir el Fondo Compensador administrado por el Consejo Escolar ni el Programa Especial de Emergencia Educativa, actualmente denominado Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027—, Mariel Fernández administró, a valores constantes, aproximadamente 34,4 millones de dólares del Fondo Educativo.
Ocho años después de la explosión que mató a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la memoria parece haber perdido fuerza frente a la rutina administrativa.
El Fondo Educativo, creado precisamente para garantizar escuelas seguras, habitables y dignas, vuelve a exhibir desvíos millonarios mientras cientos de estudiantes, docentes y auxiliares continúan transitando edificios con graves déficits de infraestructura.
Las «escuelas Cromañón», aquellas que la comunidad educativa prometió no volver a tolerar, siguen siendo una realidad cotidiana en Moreno. En ese escenario, la palabra empeñada por Mariel Fernández de priorizar la inversión educativa quedó reducida a una promesa incumplida.
La verdadera reparación no se construye con actos conmemorativos ni discursos cada 2 de agosto, sino con escuelas que dejen de representar un riesgo para quienes las habitan todos los días. Mientras eso no ocurra, Sandra y Rubén seguirán recordando, con el peso de su ausencia, que la tragedia no pertenece solamente al pasado.
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