La intervención en el Consejo Escolar de Moreno sigue otros 180 días (por lo menos)

LA CONFIRMACIÓN OFICIAL ESTÁ ARMADA –

El próximo 27 de octubre se cumplirá un año de la medida tomada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Auditorias, irregularidades, demoras sostenidas al momento de dar respuestas, fueron las bases para la intervención. De 180 días se extendió por un período más el “trabajo de ordenamiento”. El 2 de agosto la explosión en la Escuela N° 49 que provocó las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez sacude todo el sistema. La infraestructura escolar cruje y la intervención entra en fase de crisis total. Renuncia el Avocador Sebastián Nasif y llega a ese puesto Ana Karina Politi. El edificio de la calle Victorica está rodeado de manifestantes, organizaciones políticas y sociales que hacen del Acampe – Fin de la Intervención, un núcleo de resistencia y lucha. No obstante, la función de la avocadora sigue desde dos lugares, Trujui y Moreno Centro. Junto a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar se despliega el “plan de relevamiento” siendo las obras de gas y electricidad las cuestiones prioritarias. Días después de las muertes de Sandra y Rubén, comienza ese trabajo en más de 190 edificios. Tras las pruebas de hermeticidad, más de 200 servicios educativos quedan con el gas cortado, sólo 30 no tienen fugas de gas y alrededor de veinte escuelas nunca contaron con el servicio de gas. Aquí es importante registrar que la Provincia y el Municipio de Moreno “acuerdan” un trabajo “coordinado” que representa una división de tareas: la gestión Festa con recursos del Fondo de Financimiento Educativo asume el compromiso de reparar el gas en 92 edificios (alrededor de 112 servicios), mientras que la administración Vidal ejecuta las obras en 142 servicios.

En cuanto a la electricidad, las tareas son definidas por la Avocación, financiado todo por la Provincia de Buenos Aires y controlado el desarrollo por la DPIE.

Son los tiempos de realizar las reparaciones, las empresas contratadas, los modos de trabajo y los pagos requeridos, los que sirven como argumento de continuidad de la intervención. Ana Karina Politi, el equipo de la Dirección Provincial de Infraestructura, bajo la conducción de Sánchez Zinny y Vidal, por supuesto, querrán entregar las escuelas con las mejores condiciones posibles, por lo menos seguras, respetando los plazos sin perder dinámica por la “urgencia”.

No aparece ninguna señal administrativa y política, a menos de dos días hábiles de terminar la intervención, que permita intuir que los consejeros escolares elegidos por el voto popular están en la puerta del edificio de la calle Victoria “desesperados” por ingresar a cumplir funciones.

Hasta ayer no hubo reuniones entre la avocación y los consejeros que demuestren un lógico y fundamental encuentro de transición hacia la normalización, esto es, Politi explicándoles el proceso, los avances, los proyectos, los protocolos, las normativas, los pagos, etc, a quienes a partir del 23 de octubre deberían resolver todas las demandas y exigencias que hay en un distrito sin clases porque las escuelas no son seguras.

¿Arriesgaría Vidal devolver el Consejo Escolar para que desde allí se revitalice la lucha cuando hoy existe un acuerdo entre el Municipio y la mayor parte del Comité de Crisis, convertido en Comisión de Seguimiento, que acepta la gradualidad como modo legítimo y victorioso de volver a las aulas sin conocerse el plan detalladísimo de las obras?

¿Quiere la Provincia poner fin a la intervención sin garantía que los consejeros cuentan con las capacidades y condiciones de hacer cumplir las disposiciones y normativas vigentes, sobre todo en un escenario de conflicto, crisis y emergencia educativa y política?

Si esto es relativo, florecen las causas judiciales que “ahora” revitalizan la intervención y su continuidad, desde la implacable mirada provincial.

Por títulos truchos, confección de listado de auxiliares con puntajes truchos y todo lo que se desprende de ahí, el número es DIEZ. Salvo Myriam Luz Juárez, Secretaria General de UCPN Moreno, que está prófuga de la justicia, hay nueve personas detenidas y procesadas:

Parentti Cecilia Verónica, Secretaria del Consejo Escolar.

Lilian Teresita Juárez. Funcionaria Municipal.

Gerardo Andres Wenzel, empleado del Ministerio (Contralor)

Claudia Silvia Meniz. Empleada del Ministerio (Contralor).

Rosa Lahilacar

Elisa Ivonne Puente

Zelmar Alberto Carnichelli

Damaris Carnichelli

Betiana Arazco (hija de Myriam Juárez)

La otra causa tiene el número 14 e investiga lo ocurrido con el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Los consejeros escolar denunciados y procesados son cuatro:

Berzoni Mónica Claudia Alicia, Presidente del Consejo Escolar. –

Parentti Cecilia Verónica, Secretaria del Consejo Escolar.

Almada Jorge Eduardo, Tesorero del Consejo Escolar.

Zarza Camilo, Consejero Escolar a cargo del SAE (terminó su mandato en diciembre de 2017).

Por el SAE están procesados Marcela Montiel, Directora de la E.E.S. N° 41, Matías Nicolás Di Mario, Director de Pasfin S.A, Florencia Anabela Di Mario, Directora de Pasfin S.A, Waldo Oscar Andrade, Director de Pasfin S.A, Contadora Gladys Beatriz Ladelfa, esposa de Andrade y Contadora del grupoPasfin S.A.

Quedan como denunciados Miguel Ángel Ladelfa, Apoderado de Clamidafe S.A., Jefe del Grupo Ladelfa y hermano de la Contadora y Damián Ladelfa, Director de Clamidafe S.A., hijo de Miguel Ángel Ladelfa.

Están denunciados en la justicia los consejeros escolares Jorge Galian, a cargo de Infraestructura; Walter Nieto, servicios descentralizados y prensa a cargo del área Infraestructura y Prensa; Marcelo González, empleado de tesorería del Consejo Escolar.

¿Puede el Consejo Escolar reanudar su trabajo, con los funcionarios elegidos por el voto popular, si muchos de ellos están procesados y denunciados?

La respuesta es conocida y salió la boca de Marcelo Di Mario, Director Provincial de Consejos Escolares: “Todo consejero escolar procesado será suspendido y ocupa su lugar el suplente de la lista”.

De ser así, Eliana Gómez, Ezequiel Wajncer y Gabriel Del Río, ya estarían alistados para reemplazar. Sobre Del Río no existe la más mínima opción de regreso, por decisiones personales y de identificación política.

Wajncer, actual Subsecretario de Educación, participó ayer de las reuniones que padres y madres autoconvocados, directores y directoras autoconvocados, mantuvieron con el intendente Festa.

Eliana Gómez fue echada de la gestión Festa cuando se produce el quiebre del intendente con Cintia González.

Como conclusión de lo hecho, visto y comentado, existe una vigilia y una ceremonia con documento firmado: la intervención en el Consejo Escolar no Cambia. Hay 180 días más.

Hay, hay, hay … 2019.