El Juzgado Federal de Campana puso un freno al cierre del programa Volver al Trabajo. El juez Adrián González Charvay ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones económicas de $78.000 mensuales que cobran aproximadamente 900.000 personas en todo el país.
La medida cautelar responde a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores de la economía popular. Cuestionaron la decisión del Gobierno de dar de baja el programa sin ofrecer una alternativa equivalente.
Pettovello tiene un plazo de tres días desde la notificación para cumplir con la orden judicial. La suspensión del cierre se mantendrá vigente hasta que haya una sentencia definitiva en la causa.
Por qué los beneficiarios del Plan Volver al Trabajo fueron a la Justicia
Los cinco demandantes son trabajadores sin inserción en el mercado formal de empleo. Describieron su situación como crítica: Volver al Trabajo representa su principal o único ingreso mensual.
El Juez González Charvay analizó los hechos en una resolución de 20 páginas. Consideró que la finalización abrupta de una prestación de carácter alimentario comprometía derechos constitucionales y convencionales.
El magistrado hizo hincapié en el derecho a condiciones dignas de labor, la seguridad social, un nivel de vida adecuado y el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
El fallo destacó que los propios fundamentos del Decreto 198/2024 reconocían la finalidad social del programa. También remarcó el deber estatal de proteger a los grupos más vulnerables.
La Justicia determinó que la interrupción inminente de la prestación de $78.000 afectaba necesidades básicas de los trabajadores. Eso justificó un pronunciamiento urgente del magistrado.
Argumentaron que la interrupción del programa constituía una omisión ilegítima por parte del Estado Nacional. Solicitaron garantías de continuidad para sus derechos económicos, sociales y culturales de carácter alimentario.
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