El bloque de concejales /as de La Libertad Avanza puso la firma en el proyecto pensado por Ingrid Flessa: narcotest a las plantas jerárquicas del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y Juzgado de Faltas.
Los argumentos de la iniciativa están volcados en el papel que ingresó por Mesa de Entradas el 13 de marzo. La autora sostiene que toda persona que cumple labor en la función pública «debe carecer de adicción a drogas ILEGALES».
Es interesante la admisión del Estado que hace LLA, porque destaca que «debe asegurar que quienes se desempeñan cargos públicos se encuentren en condiciones físicas y psíquicas «compatibles con la responsabilidad de sus funciones».
Por abajo, preparando el discurso legislativo, la oposición querrá destacar que «si el gobierno local derriba bunker de droga», no tendrá dificultades para aceptar el proyecto de narcotest, porque el proyecto de ordenanza postula que «el Estado debe garantizar mecanismos de control, respetando las garantías constitucionales y el derecho a defensa«.
Quedan comprendidos y/o alcanzados desde la Intendenta /e y todos los funcionarios /as con cargo de Secretarios /as, directores /as, coordinadores /as, las autoridades de entes descentralizados (IMDEL, IDUAR), autoridades del Juzgado de Faltas, concejales /as.
La autoridad de aplicación sería un hospital público o una institución privada con la que se debe firmar un convenio.
El examen toxicológico (de orina) es de carácter obligatorio y prevé dos muestras (A y B) firmadas y selladas por las partes. Si resultara positivo, la persona tiene diez (10) días hábiles para recurrir a la contra prueba (frasco B) acompañado por un perito.
De confirmarse el examen cesará en sus «funciones» el o la funcionario / a que no superó el narcotest.
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