La morosidad empieza a ocupar un lugar en la agenda política. Billeteras virtuales, tasas desreguladas, endeudamiento y usura forman parte de una realidad que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas. No se llega a fin de mes, las ofertas para conseguir dinero aparecen al alcance de un celular y, muchas veces, la urgencia impide dimensionar el problema que vendrá después.
Ricardo Vago, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, advierte que el discurso del Gobierno de Javier Milei choca con la realidad. Según plantea, la desregulación de las tasas, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de las tarifas empujan a los sectores populares hacia créditos inmediatos, con costos financieros que pueden alcanzar niveles exorbitantes.
Para Vago, el Gobierno tiene responsabilidad directa en el problema porque tomó decisiones políticas concretas.
“Primero, desreguló todas las tasas. En el DNU, desregular las tasas bancarias fue una decisión del Gobierno”, explica.
A partir de esa desregulación, empresas como Mercado Pago y otras aplicaciones reciben dinero tanto de trabajadores formales como de personas que desarrollan actividades informales. Esos fondos son colocados a cambio de una rentabilidad diaria o mensual, lo que permite a los usuarios disponer de pequeñas sumas durante períodos breves.
“Le dan 1,8 por ciento mensual y le depositan todos los días la plata. La persona que no tiene posibilidad de guardar ese dinero a 30 días lo pone ahí y durante 15 días consigue un poquito de dinero”, describe.
Las billeteras virtuales no prestan el dinero depositado por sus usuarios, sino la rentabilidad obtenida mediante fideicomisos o colocaciones bancarias. De ese modo, sostiene que no administran ni prestan los fondos de los usuarios, sino las ganancias generadas por esos fondos.
“Prestan la ganancia producida con la plata de los usuarios puesta a interés”, señala.
La consecuencia, advierte, es que el Gobierno presenta el problema como una cuestión entre privados, cuando en realidad existe una regulación estatal que fue modificada por decisión política.
Salarios por debajo de la inflación
La segunda decisión que Vago atribuye al Gobierno es la política de ingresos.
“Trabaja para que no haya plata en los sectores populares, sean informales o no. Los convenios colectivos de trabajo siempre van por abajo”, afirma.
La pérdida del poder adquisitivo reduce la capacidad de consumo y obliga a muchas familias a recurrir al ahorro o al crédito para cubrir necesidades básicas.
“El plan es que la gente no tenga plata y por eso se pare la inflación. El Salario Mínimo Vital y Móvil hoy está en 370.000 pesos, la empleada doméstica está deprimida, la jubilación está deprimida con respecto a la inflación. Ese es el plan: parar la inflación frenando el dólar y sacándole plata a la gente”, sostiene.
A esa situación se suma el aumento de las tarifas y del transporte, junto con la eliminación de beneficios asociados a la tarjeta SUBE.
“Todos los meses sube el transporte, eliminan la ventaja de la SUBE en el segundo y tercer viaje y suben las tarifas. Hay menor capacidad de pago”, plantea.
El celular como puerta de entrada al endeudamiento
Cuando una persona ya no puede sostener sus gastos con sus ingresos, aparece el teléfono celular como una vía inmediata para resolver la urgencia.
“La gente empieza no solamente a bajar su consumo, sino a desahorrar. ¿Y qué empieza a aparecer para el que no puede resolver? La instantaneidad del teléfono”, explica Vago.
La necesidad puede ser tan básica como comprar una garrafa para cocinar o calefaccionarse.
“La garrafa sale 30 lucas. No se puede cocinar ni calentar. ¿Y cómo lo resuelve? Hay un algoritmo que te evalúa”, describe.
Antes, para acceder a un préstamo, era necesario presentarse ante una persona, demostrar ingresos y, en muchos casos, ofrecer garantías. Ahora, el sistema analiza en segundos la situación financiera del solicitante.
“En un instante te evalúan: si tiene deuda, si es moroso, si es propietario, cuáles son sus ingresos. El sistema lo tiene todo con inteligencia artificial”, señala.
El problema es que la rapidez de la aprobación oculta el costo real del crédito.
El costo financiero total
Vago menciona el caso de una persona considerada cumplidora histórica que solicita un préstamo de 300.000 pesos a seis meses. Para ese crédito, afirma, puede cobrarse un Costo Financiero Total del 477 por ciento, equivalente a aproximadamente un 13 por ciento mensual.
El Costo Financiero Total, explica, es el indicador que permite comparar el costo completo de un préstamo, porque incluye intereses, gastos administrativos, seguros, impuestos y otros cargos.
“Es la única forma de comparar con todos los elementos ligados al préstamo: costo administrativo, IVA. El crédito paga IVA y ese IVA se lo lleva el Estado”, sostiene.
Los intereses también quedan alcanzados por el impuesto, lo que incrementa aún más el monto final que debe devolver el usuario.
Según Vago, la falta de regulación específica se vincula con el modo en que las empresas presentan sus operaciones: no prestarían directamente el dinero depositado por los usuarios, sino la ganancia obtenida a partir de esas colocaciones.
Tasas que pueden alcanzar el 1600 por ciento
La situación es todavía más grave para quienes ya tienen antecedentes de incumplimiento.
“Si al cumplidor le cobran el 13 por ciento mensual, al no cumplidor calculan sobre miles de préstamos chicos un promedio”, explica.
El mecanismo, según describe, consiste en cobrar una primera cuota a los pocos días y otra al comienzo del mes siguiente. Con tasas muy elevadas, la empresa puede recuperar rápidamente el capital prestado.
“Con el interés tan alto, que llega al 1600 por ciento de Costo Financiero Total, recuperan todo con las dos primeras cuotas”, afirma.
Si el usuario se atrasa, los intereses pueden duplicarse mediante punitorios. Y si la deuda permanece impaga durante dos meses, pueden producirse débitos sobre cuentas propias o compartidas.
A esto se suma el hostigamiento de los estudios jurídicos o agencias de cobro, que pueden acceder a los contactos del teléfono y utilizarlos para presionar al deudor.
¿La usura está tipificada?
La usura está contemplada en la legislación, pero Vago considera que existe una falta de aplicación efectiva frente a los abusos financieros.
“La usura está tipificada, pero en este país los robos de guante blanco no están penados”, afirma.
Durante años, la inflación fue utilizada como argumento para relativizar la existencia de tasas abusivas. Sin embargo, Vago sostiene que, con una inflación más baja, ese argumento ya no resulta suficiente.
“Con la excusa de la inflación no podemos considerar usura cuando hay inflación. Pero hoy la inflación se paró y el Banco Central sacó esquemas solo para convocatorias de acreedores específicas. Para el vecino común no hay respuesta frente al apriete permanente”, plantea.
La consecuencia es un círculo de endeudamiento: una persona toma un crédito para pagar otro, luego recurre a una nueva aplicación y termina acumulando obligaciones cada vez más costosas.
“Se endeudan con uno, después con otro y van subiendo las tasas”, advierte.
Millones de personas atrapadas en deudas pequeñas
Vago estima que cerca de seis millones de personas deben montos pequeños, aunque suficientes para comprometer sus ingresos y afectar la economía familiar.
También cuestiona la facilidad con la que se ofrecen préstamos de largo plazo a través del teléfono.
“Los bancos dan préstamos hipotecarios a 15 años por teléfono sin pisar una sucursal, para atrapar a la gente con la deuda”, sostiene.
La instantaneidad permite obtener el dinero en pocos minutos, pero las consecuencias pueden extenderse durante años: ingreso al Veraz, registro como deudor en el Banco Central, pérdida de tarjetas y deterioro de las relaciones familiares.
“Sacás la plata y después terminás perjudicando a la familia, entrás al Veraz, aparecés como deudor en el Banco Central, perdés la tarjeta y te arruinaste la vida”, concluye.
El problema de la morosidad, entonces, no se limita a una dificultad individual para pagar. Es el resultado de una combinación de salarios deteriorados, tarifas en aumento, tasas desreguladas y plataformas digitales que convierten la urgencia cotidiana en una oportunidad de negocio financiero.
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