El 12 de diciembre de 2016 realizamos una entrevista con Damián Falfán, figura principal de la CTEP en Moreno (hombre que cuatro años después sería relevante en el gobierno de Mariel Fernández para implementar el Programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). El archivo periodístico grafica el acuerdo que algunas organizaciones sociales le arrancaron al macrismo: manejaban las unidades ejecutoras de los programas:
Esa fuerza de trabajo «precarizada» adquirió importancia en las intervenciones del Departamento Ejecutivo porque las «unidades ejecutoras» tenían la responsabilidad de asignar tareas de contraprestación, y así lo hizo el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC, entre otros.
En los próximos días el gobierno nacional hará el anuncio de la quita de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las Unidades de Gestión, que, según fuentes oficiales, implicaban al Estado un desembolso de alrededor de 34 millones de dólares al año.
La decisión sobre la desarticulación del Potenciar Trabajo y sus consecuencias en las unidades de gestión, se sumó a los reclamos previos que mantienen a los movimientos sociales en estado de alerta.
¿En qué Secretarías, áreas o sectores, en el IDUAR e IMDEL, tendrá afectación directa el fin de la intermediación? ¿Cuántos programas oficiales de la gestión tienen recurso humano financiado con Potenciar Trabajo? ¿Habrá una recarga de funciones en los trabajadores /as municipales que están bajo Convenio Colectivo de Trabajo?
Milei quiere poner fin a los intermediarios, cortar con el gerenciamiento en un plan de libertad y pobreza… en nombre del trabajo.
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