La entrada en vigencia, desde el 9 de septiembre, del nuevo régimen que reduce a 14 años la edad de punibilidad vuelve a poner en el centro del debate la respuesta del Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Para la especialista en Niñez Sonia Aiscar, la discusión no puede limitarse al encierro: advierte que el verdadero problema está en el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir el delito y acompañar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Aiscar cuestionó el impacto de la nueva normativa y recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 23, establece la obligación estatal de implementar medidas de acción positiva destinadas a proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. “Justamente todo lo que desguazó este gobierno son aquellos grupos que la Constitución define como vulnerables”, planteó.
La especialista también puso el foco en un dato que, según señaló, quedó prácticamente fuera de la discusión parlamentaria: solo el 0,1% de los delitos en conflicto con la ley penal era atribuible a menores de 16 años. En ese contexto, cuestionó que la respuesta haya sido reducir la edad de punibilidad en lugar de fortalecer las políticas de prevención, inclusión y acompañamiento.
“Las personas no cambian por el mero transcurso del tiempo”, explicó Aiscar al referirse a los centros de alojamiento para adolescentes. Según su mirada, aumentar la cantidad de jóvenes que pueden ser privados de su libertad sin incrementar proporcionalmente la cantidad de profesionales especializados implica dejar de lado el componente fundamental de cualquier proceso de reinserción.
“Yo encierro a un pibe dos años y, cuando sale, pasaron dos años que, si no tuvo un acompañamiento y no tuvo la posibilidad de trabajar sobre su situación, va a salir igual o peor que cuando entró”, sostuvo.
La especialista fue todavía más contundente al advertir que la respuesta penal, por sí misma, nunca demostró ser una herramienta eficaz para reducir la comisión de delitos. “¿Por qué suponemos que la respuesta punitiva va a servir para algo en materia penal juvenil?”, planteó, especialmente frente a una problemática que representa una proporción mínima del universo delictivo.
El problema que queda detrás de las rejas
La entrada en vigencia del nuevo régimen les dio a las provincias un plazo de 180 días para adecuar sus estructuras. Sin embargo, Aiscar advierte que la discusión no pasa solamente por saber cuántos edificios existen o cuántos adolescentes pueden alojar.
“Lo que no creció es la planta profesional, que justamente es lo que más impacta a la hora de hacer un abordaje terapéutico exitoso que logre que ese pibe no reincida”, señaló.
En la provincia de Buenos Aires, la especialista estimó que existen pocos establecimientos destinados al alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero, a su entender, el verdadero déficit está en los equipos interdisciplinarios que deberían trabajar con los jóvenes.
“Si no hay profesionales, los centros pueden terminar siendo sucursales del infierno para niños o adolescentes”, sintetizó durante la entrevista.
En esa mirada aparece una dimensión que excede al sistema penal: el centro de detención puede convertirse en la última instancia de contacto entre el Estado y un adolescente. Si allí tampoco encuentra acompañamiento, contención y herramientas para modificar su proyecto de vida, la posibilidad de reincidencia se profundiza.
La respuesta bonaerense: el programa Entramados
Aiscar destacó que la provincia de Buenos Aires puso en marcha el programa Entramados, destinado a adolescentes y jóvenes de aproximadamente 14 a 22 años, con el objetivo de intervenir tanto sobre quienes ya tuvieron conflictos con la ley penal como sobre aquellos que se encuentran en riesgo de ingresar en ese circuito.
La propuesta busca financiar profesionales que trabajen territorialmente en zonas vulnerables y acompañen a los jóvenes, además de promover espacios de formación laboral y talleres.
Para Aiscar, la iniciativa tiene objetivos adecuados, aunque su implementación presenta dificultades vinculadas, entre otras cuestiones, con la continuidad de los profesionales en el territorio.
“Es un trabajo de hormiga al lado de una ley que se los viene a llevar puestos”, resumió.
El contraste que plantea la especialista es, justamente, entre prevención y castigo: mientras se amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal, las políticas destinadas a evitar que esos jóvenes lleguen a ese punto requieren mayor presencia territorial, equipos profesionales y continuidad.
En ese sentido, Aiscar vuelve a colocar el debate en un terreno incómodo: qué hace el Estado antes de que un adolescente cometa un delito y qué hace después, cuando ya atravesó la puerta del sistema penal. Porque, como advierte, el encierro por sí solo no transforma una vida.
Entrevista completa en Desalambrar Tv:
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