Servicio de crematorio: urgente pedido de informes

La publicación oficial de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de la ingeniera agrónoma María Giménez, dio cuenta a los /as habitantes del distrito que en el «cementerio municipal» contará con «servicio de cremaciones»:

En la oficina administrativa se realiza el trámite. ¿Cuando pasó ese proyecto por el Honorable Concejo Deliberante, tal como lo prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades? En la Ordenanza Fiscal no hay creación de Tasa pero aparece un «costo «precio» en la Ordenanza Tributaria. Resulta de interés ciudadano comprender cómo el gobierno construyó el acuerdo con el sector privado para postear en sus redes que habrá «servicios de cremaciones», no precisamente en el Cementerio de Moreno sino en el de Tres de Febrero. Es clave recordar que el gobierno define y decide el «arrendamiento» de la tierra, cobra un tributo y expirado el tiempo notifica a los familiares el procedimiento que ellos deben realizar por su cuenta.

María Selva Aguilar, concejala del PRO, ingresó este miércoles un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo para que en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles informe si «esiste un convenio, contrato, concesión o acuerdo con TERCEROS para la prestación del servicio de crematorio en el cementerio municipal.

El artículo 2° es de relevancia porque en los considerandos la legisladora observa que «de existir el servicio» el convenio debió pasar por el Honorable Concejo Deliberante. En caso que se haya suscripto entre la empresa con asiento en Tres de Febrero (NdR: como lo apuntamos en nota periodística), y la Municipalidad de Moreno, Aguilar solicita acceder a la copia del mismo.

Otro camino institucional es dirigirse hasta el Cementerio de Tres de Febrero y producir un encuentro presencial o bien telefonear al conductor político de ese distrito, Diego Valenzuela, ex PRO convertido en figura de La Libertad Avanza, solicitándole información ya que el servicio tercerizado se brinda en el cementerio público.

En la agenda legislativa busca cobrar fuerza lo anunciado por la Secretaría de Servicios Públicos que acordó con una empresa privada el ofertar el servicio final.