COMPRA DE MAQUINARIAS, DEUDAS Y CAPITALIZACIÓN –
La postura, declaración y posicionamiento del concejal Marcelo Cosme, Secretario General de SITRAM, abrió otro vector sobre la recolección de la basura domiciliaria. Si la inversión en adquisición de unidades, equipamiento, mantenimiento, arreglo del parque automotor, pago de salarios, responsabilidad civil y laboral estará a cargo del gobierno, ¿por qué la Intendenta busca un sistema mixto con la Cooperativa de Camioneros en lugar de MUNICIPALIZAR completamente el servicio?
Cuartel V, parte de Francisco Álvarez y Moreno Sur, áreas que hoy son municipales, ¿pasarían a ese esquema mixto que es una especie de concesión y privatización pero del campo popular y bajo control popular?
El Bloque de Juntos por el Cambio (Cosme como único concejal del Frente de Todos no aprobó), planteó objeciones políticas, técnicas, administrativas y metodológicas para rechazar un proyecto de ampliación del crédito (leasing, alquiler con opción a compra) pensado como instrumento de estrategia oficial en pos de terminar con la concesión privada.
A un mes de ese logro político aparece un dato no confirmado por los que esconden las cartas (tal vez alguien pueda pensar que la búsqueda es finalizar con lo privado). La solicitud del leasing viajó con una cifra de 180 millones de pesos. Llegó la respuesta del Banco Provincia con algo menor a lo esperado o deseado: 50 millones de pesos.
Son 45 las unidades que componen la flota propiedad de Consorcio Trébol, que cubren las dos zonas concesionadas.
OTRO LEASING AL CONCEJO DELIBERANTE
Desembarca otro proyecto de aval para la iniciativa. En este caso la entidad es el BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior, banca pública que otorga créditos de mediano y largo plazo destinados a la inversión productiva y al comercio, que está presidido por un empresario, cuadro político del Frente Renovador: José Ignacio De Mendiguren (tomó licencia de su banca como diputado nacional).
La gestión MF tiene la marca de «pedir – exigir» más que «seducir -gestionar». Manda al Concejo Deliberante con urgencia la ordenanza que faculta a la señora Intendenta Mariel Fernández y a la Secretaria de Economía Sabrina Rossi a iniciar la operación con el BICE para adquirir seis (6) chasis para camión y seis (6) recolectores compactadores, por la suma de hasta 40 millones de pesos.
Los presupuestos y las facturas pro forma que acompañan el expediente, dan una cifra de 15 millones de pesos que se enmarca en la línea LEASING MUNICIPIOS COVID -19:
UNA LUCHA SIN CUARTEL
Existe una versión novedosa, vital y trascendente: el gobierno habría aplicado una multa superior a los 15 millones de pesos a Consorcio Trébol por incumplimiento de contrato. La empresa reclama una deuda millonaria al Municipio que al mes de mayo era de 270 millones de pesos, advirtiendo que «una menor prestación del servicio es responsabilidad exclusiva de la comuna».
Las obligaciones asumidas no dialogan. El contrato que vincula a las partes finalizó el 9 de julio, pero está planteada una continuidad hasta el mes de noviembre. Pregunta de caja, si el Departamento Ejecutivo no paga la totalidad del contrato por imposibilidad económica real y tangible, pero además aplica el control y genera multas como corresponde, ¿puede Consorcio Trébol retirarse antes del 9 de noviembre aduciendo incapacidad económica y financiera, provocando así una emergencia en el servicio público de recolección de residuos domiciliarios?
Dentro del plan estratégico que comanda Mariel Fernández, es inimaginable pensar que no existen opciones alternativas (tácticos) pensados para repelar el ataque empresarial o el vacío en la recolección… mientras la curva no llega al pico o mientras la cuarentena sea la tapa que contenga la gran crisis.
El gobierno debe elaborar un pliego de bases y condiciones si el sistema tiene participación privada (empresarial o cooperativa). Llama a licitación y juegan los que quieren, por supuesto decide el Departamento Ejecutivo y refrenda el Concejo Deliberante. Ese engorroso trámite administrativo es la base legal, de transparencia y mejor política (prometida) que hay que «cumplir».
Los préstamos se pagan.
Las demandas sociales y laborales tendrán su presencia en la agenda local cuando la pandemia muestre sus resultados.
Un contrato millonario por una prestación deficiente no tiene más lugar en Moreno, luego de veinte años.
Todo lo que sea considerado ahorro va teniendo una obligación que está presente, pasiva, expectante… por ahora.
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