Voluntariado: o cómo idealizar la precarización laboral

Fuente: ATACA.- Hace 4 años, en tiempos macristas y de embate a la cultura, se conformaba ATACA, Asamblea de Trabajadores Autoconvocados de Cultura de la Argentina: trabajadores de museos nacionales, universitarios; de archivos y bibliotecas; de institutos de investigación; programas, áreas y organismos dependietes del Ministerio de Cultura de la Nación. Ese mismo año, 2016, elaboraban un informe sobre la estrategia neoliberal de la precarización laboral que aliaba al Estado con las Organizaciones de la Sociedad Civil: “VOLUNTARIADO: LA PATA «SOLIDARIA» DE LA PRECARIZACIÓN LABORAL”.

Esta política estratégica del neoliberalismo mundial, promocionada en la Argentina durante el menemato de los 90, buscaba y busca abaratar costos al Estado y minimizar sus responsabilidades políticas en la implementación necesariamente insatisfactoria de las políticas sociales. Aquí el voluntariado es central.

Algunos conceptos que allí se vertían pueden ser relevantes para comprender la nueva «normalidad» en tiempos de pandemia y pos-pandemia.

Compartimos algunos extractos de aquel informe:

Hace 12 años [2004], el Estado nacional legalizó el ejercicio del voluntariado al promulgar la Ley Nacional de Voluntariado Social (LNVS). De acuerdo al primer artículo, la “ley tiene por objeto promover el voluntariado social, instrumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el seno de la comunidad, en actividades sin fines de lucro, y regular las relaciones entre los voluntarios sociales y las organizaciones donde desarrollan sus actividades”. El segundo artículo de la Ley 25.855 explicita qué entiende por “organizaciones en las que se ejerce el voluntariado social”: son aquellas “personas de existencia ideal, públicas o privadas, sin fines de lucro, cualquiera sea su forma jurídica, que participen de manera directa o indirecta en programas y/o proyectos que persigan finalidades u objetivos propios del bien común y del interés general, con desarrollo en el país o en el extranjero, ya sea que cuenten o no con el apoyo, subvención o auspicio estatal”.

De la letra de la Ley 25.855 se desprende una idealización éticamente positiva del voluntariado: no se estarían suplantando prácticas profesionales remuneradas ni empleando mano de obra gratuita. Sin embargo, a futuro, el antecedente (¿laboral?, ¿no laboral?) de ser (o haber sido) voluntario será una vía de acceso a un puesto de trabajo: el artículo 14 refiere que la “actividad prestada como voluntario, debidamente acreditada, constituirá un antecedentede valoración obligatoria en los concursos para cubrir vacantes en los tres poderes del Estado”.

Hemos visto que el voluntariado es promocionado desde el Estado (de acuerdo a la Ley 25.855) como “antecedente” para, el día de mañana, obtener un empleo público. Pero es también una vía de acceso al empleo privado: muchos “voluntarios” lo son en la perspectiva de obtener en el futuro un trabajo (precario o no).

Durante el kirchnerismo, la contratación de trabajadores precarizados fue la norma en el mercado laboral de Argentina, sobre todo en la administración pública. A comienzos de 2016, gracias a la existencia de trabajadores precarizados bajo las figuras contractuales de “locación de obra/servicio” y “artículo 9 de la Ley Marco del Empleo Público” -modalidades de contratación que emergieron con fuerza durante el gobierno de Menem-, el gobierno de Cambiemos (PRO-UCR-CC) “no renovó” contratos de miles de trabajadores.

En otro contexto, quizá de “pleno empleo”, la función social del voluntariado podría llegar a verse como positivamente “solidaria”; pero en este contexto de condiciones laborales precarias, donde acecha el fantasma de la desocupación y la inflación carcome los magros ingresos de todos los trabajadores (precarizados o no), el voluntariado se comporta como aliado del deterioro laboral.

En síntesis, detrás de ”idealistas como tú, gente que quiere hacer cosas, con oportunidades para colaborar y pasar a la acción” (como se lee en idealistas.org, una organización “sin fines de lucro” que pretende conectar “personas, organizaciones, ideas y recursos” del tercer sector), hay acciones promovidas desde estructuras organizativas que dicen promover el “arte” y la “inclusión social” y que operan sobre una realidad que tiene firmes bases de precarización laboral: dichas acciones participan del movimiento generador de mayor exclusión social. Esas estructuras se llaman Fundación y Estado.

Estamos en presencia de un proceso de normalización de la precariedad, donde se funden -y confunden- las categorías “empleo” y “formación” y las figuras del pasante, del voluntario y del trabajador temporal. Es verdad que cuanto más fuerte es la economía de bienestar de un Estado, más fácil será para un trabajador encontrar un puesto de trabajo remunerado y, en consecuencia, menos atractivo le resultará obtener un trabajo voluntario, especialmente si en el voluntariado se busca una vía de capacitación y acumulación de experiencia; pero no menos cierto es que, en condiciones de estancamiento económico, el voluntariado provee mano de obra gratuita y constituye un mecanismo para debilitar la lucha encauzada a mejorar las condiciones del trabajador ocupado o para atemorizarlo con la amenaza del despido.

La profesionalización funcional del voluntariado supone un serio riesgo de normalización. Los trabajadores debemos estar atentos y combatir su naturalización para evitar la situación actual donde está normativizado el trabajo precario “eventual” o “a término” convertido en “permanente” al perpetuarse la renovación periódica de los contratos laborales: los empleados de la administración pública nacional cuyos contratos de “locación de obra y servicio” y de “planta transitoria” vencen semestral o anualmente así lo atestiguan. De ahí que la caracterización del voluntariado como núcleo de precarización laboral pretende alertar sobre la posibilidad de normativizar la sustitución de trabajo asalariado por trabajo voluntario.