Por Gloria Pagés / Fuente: Izquierda Diario. – Entrevista a Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas. Explica el peligro que significa para los 3.000 niños y niñas de la toma Guernica la amenaza de desalojo e institucionalización. Por eso se presentó un hábeas corpus preventivo. La responsabilidad del Gobierno de Axel Kicillof, ya que podría negarse a desalojar, por ser ilegal la medida.
La crisis habitacional afecta a más de cuatro millones de familias y la lucha por una vivienda es lo que está ocurriendo en Guernica y otros lugares de la provincia de Buenos Aires. La respuesta estatal a este gravísimo problema que afecta a miles de niños y niñas ha sido calificar de ilegales los reclamos y amenazar con patotas y desalojos e institucionalización. Entonces ¿donde hay una necesidad hay un derecho? Laura Tafettani de la Gremial de Abogados y Abogadas explica la situación.
¿Por qué es ilegal el desalojo? Consideramos que es ilegal porque justamente uno de los presupuestos que se tiene que dar para la acción de usurpación es probar la titularidad de esas tierras, cuestión que no fue acreditada en el expediente. Por eso consideramos que la medida es apresurada, sin siquiera verificar la titularidad del dominio de ese predio y porque todos y todas sabemos, aunque el que no quiere saber si tienen dueño o no sabrá por qué lo hace, la mayoría de las tierras que están abandonadas, o que o que han sido herencias vacantes o que por alguna razón no tienen la titularidad clara, o son fiscales, todos estos años han quedado en manos de grandes negocios inmobiliarios ligados a las municipalidades.
Entonces no es casual que no se tenga el título para acreditar porque en el fondo lo que está son estos grandes negociados que se hacen de las tierras y qué se manifiesta de este modo, y que además la justicia lo convalida con este tipo de decisiones.
Un ejemplo crudo de todo este manejo, se dio en esa primera reunión que tuvimos por los oficios de la Defensoría del Pueblo provincial, tratando de armar la mesa de diálogo. En ese momento la intendenta Blanca Cantero lo primero que dijo fue que su política en Guernica era priorizar los dieciocho countries que se encuentran en esa ciudad, porque ella consideraba que era su principal fuente de generación de empleos, cosa que resulta bastante difícil pensar, ¿cuánto empleo pueden generar los countries y además que tipo de empleo?.
Realmente ese fue el comienzo y así siguió la reunión y estaba claro que como intendenta ella decide a qué sector de la población va a privilegiar y lo duro de esa afirmación es que estaba claro que lo que no quería en su distrito era a los pobres, y a que sector iba a privilegiar.
A pesar de ser ilegal, el Gobierno bonaerense dijo que la fecha prevista para este jueves es inamovible Hay algo que muestra con claridad esto que planteo, porque el Estado provincial podría negarse a cumplir la orden del juez si considera que es ilegal o, como dice la ley nacional de niñez 26.061 cuando en sus artículos 2 y 3 establece que es obligatoria la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y por lo tanto su Interés Superior, que significa que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
Por eso el Estado provincial podría no prestar su fuerza pública argumentando que la Justicia los está obligando a incumplir la ley de infancia. Pero está claro que esto no lo hizo, dejando clara su complicidad con lo que está sucediendo. Hay que erradicar esa idea de que el Poder Ejecutivo no puede hacer otra cosa, porque sí puede hacerlo, porque como además tiene la fuerza pública y el fiscal o el juez no cuenta con esa fuerza pública, no pueden llevar adelante el desalojo si ella, entonces en ese sentido también tiene una responsabilidad muy grande.
Entonces fíjense cómo actúa el Estado provincial cuando asegura que no tiene otro remedio si se lo dice el juez. Pero el Estado podría pararse en otro lugar y decir que no es legal. Lo que está pasando es que hay derechos muchos más importantes. En la audiencia yo les decía que todos sabíamos los perjuicios que traería resolver este conflicto con represión para los niños y niñas y les preguntaba. ¿Cuál sería el perjuicio para los supuestos propietarios si dan el tiempo para que se tenga una solución negociada?
Además no podemos ignorar la postura de estos doce intendentes que salieron al cruce a apoyar a la intendenta Cantero en esta movida y las implicancias políticas.
¿Por qué decidieron presentar el hábeas corpus preventivo y por qué temen una amenaza cierta de privación de libertad de los niños y niñas que se encuentran en Guernica? Presentamos un hábeas corpus preventivo por los niños y niñas porque está claro que si la única respuesta que va a dar el Estado frente a la toma es el desalojo, corren el peligro de que esa única respuesta sea la institucionalización. Incluso si se los lleva a algún hogar con alguno de sus referentes familiares, porque a veces se toman medidas para madres con hijos, son las menos porque no hay hogares que contemplen esa posibilidad.
También puede suceder que esos niñas y niños vayan a un hogar convivencial, porque sus padres se encuentren en alguna situación de privación de libertad tras la represión, o que directamente los dejen en la calle porque al desalojarlos de allí no tengan otro lugar adonde ir a vivir y entonces es muy posible que el Estado, como ya ha dicho que no va a resolverlo de otro modo, la única opción que queda es que los niños y niñas vayan a un hogar, esta es la razón primordial.
A pesar de que la ley de infancia establece que la institucionalización debe ser el último recurso frente a una situación como la que se plantea y que además está prohibido que se haga por razones de pobreza, que aquí está claro que es la causa y madre del problema.
¿Cómo impacta la institucionalización en los niños y niñas? En realidad que sean los chicos institucionalizados trae consecuencias muy graves, porque en realidad cuando interviene de esta forma el Estado en general empieza un camino que puede ser muy peligroso. ¿Cuál es el peligro que corren los chicos y chicas que son institucionalizados?, que los den en adopción a familias pudientes que están sedientas de niños sobre todo si son niños y niñas chiquitos. Este es el peligro porque para la ley después de ciento ochenta días de estar institucionalizados si consideran que sus padres o madres no tienen respuesta en los dan en adopción esto es lo más grave.
¿Los que tienen en sus manos resolver el problema, hacen algo? El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia es en la provincia de Buenos Aires quien debe llevar adelante la aplicación de las leyes de niñas, niños y adolescentes y en particular de lo que se llama el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de este sector de la población.
Este sistema legal realmente tiene la dificultad que está a contramano del sistema económico y social que los chicos y las chicas atraviesan, entonces en un país de ocho millones de niñas y niños bajo la línea de pobreza, los organismos que trabajan en relación a este sistema son oficinas vacías o a lo sumo, tratan algunos temas de urgencia pero jamás promueven políticas de estado que puedan dar solución a una cuestión tan grave como es que niños y niñas en nuestro país este sufran hambre, falta de vivienda, de salud, y todo lo que atraviesa más de la mitad de la población de niñez.
Entonces es un organismo ausente y esto quedó muy claro por ejemplo cuando estuvieron ausentes en la audiencia que tuvimos con el juez que dio lugar a que participaran distintas organizaciones y organismos que trabajan con niños niñas.
Eramos creo que casi seis o siete organizaciones que específicamente trabajábamos con el tema, pero no estuvo el Organismo de Niñez, cuando son 3000 niños y niñas quienes están en la toma, pero sí estuvo el Ministerio de Seguridad. Esto es un fiel ejemplo de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires.
El Poder Judicial merece un punto aparte. ¿Por qué denunciaron al fiscal? Bueno, el fiscal evidentemente lo que hace es ser el portavoz de todo este sistema del que estamos hablando de la manera más cruda e impune, porque quizás lo que llama la atención es lo grosero en plantear algo tan tremendo como que es que una familia que busca amparo para justamente darle un techo a sus hijos y a sus hijas y considere que los utiliza de escudos.
Obviamente que nosotros lo denunciamos porque en su escrito cuando nosotros hacemos en la presentación de los niños y niñas, este fiscal dice barbaridades, que inclusive son contrarias a la ley a la que él se encuentra sometido, pero fundamentalmente por la mirada discriminatoria y se expresa en que nadie duda que el Poder Judicial cumple un rol sumamente importante para proteger los derechos de los poderosos y siempre fue así, pero que ya lo diga en un escrito es como medio grosero, pero bueno esta es la Justicia que hay y esto es éste muchas veces batallamos, sin que lo digan pero esto es lo que sucede.
La balanza siempre se inclina para el mismo lado y tiene que ver con quién lo nombró bueno en ese sentido más claro fue que en la primera reunión que tuvimos con la intendenta Blanca Cantero, ella dijo yo saqué a los fiscales que estaba ahí puse los míos, lo dijo así textual, así que está claro que es un empleado en realidad de Cantero, entonces realmente no quedan dudas de cuál es el rol que cumple y esto es lo que debemos saber.
Vos sos abogada del registro de Abogades de Niños, Niñas y Adolescentes de la Pcia de Buenos Aires, ¿se los institucionaliza por ser pobres? Tanto la ley nacional como la ley provincial de niñez, establece justamente que no hay derechos de los niños y niñas si no se cumple con los derechos económicos sociales y culturales. Yo creo que esa impronta de la Convención de los Derechos del Niño implica justamente establecer que la principal responsabilidad sobre la situación de los niños y niñas es del Estado como primer punto, ya que establece que en todo caso el Estado es quien debe garantizar las condiciones para que la familia asuma su responsabilidad, y éste es el punto central.
En nuestro caso sabemos bien que esto no sucede, el Estado no asume la responsabilidad que tiene, cuando además ha dictado leyes para eso, en cuanto a políticas que puedan brindar a los niños y niñas las condiciones para que justamente puedan tener una crianza como corresponde, condiciones de vida para poder desarrollar su proyecto futuro, en algo tan importante y estratégico cómo es para un país su infancia y su adolescencia.
Entonces en este caso, es como una situación un tanto loca, tenemos leyes de primera para para un sistema que a los chicos y a las chicas las considera desechables, yo siempre digo son los nadies y estamos hablando de más de la mitad de nuestra población, que está sumergida bajo la línea de pobreza no.
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