Por Sonia Aiscar /
La conmoción generada por el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años, movilizó a miles de personas que salieron a las calles para reclamar justicia y exigir respuestas frente a un crimen que ha golpeado profundamente a la comunidad.
En este contexto, resulta importante realizar una precisión que no es meramente semántica. Agostina no permaneció una semana «desaparecida», como señalan algunos medios, en el sentido de encontrarse voluntariamente ausente o sin que se conociera lo sucedido. Lo que transcurrió durante esos siete días fue el tiempo que demandaron las tareas de búsqueda hasta lograr su localización, con una muerte que pedía justicia a gritos.
Cada hora de incertidumbre representó para su familia una espera angustiante, mientras las autoridades desplegaban distintos procedimientos para determinar qué había ocurrido. Finalmente, el hallazgo confirmó el peor desenlace y puso de manifiesto la gravedad del hecho investigado.
La diferencia no es menor. Hablar de una semana de desaparición puede invisibilizar que, desde el inicio, Agostina habría sido víctima de un delito. Lo que se extendió durante siete días fue la búsqueda de respuestas, no la existencia de una ausencia voluntaria. Durante ese tiempo, una madre, una familia y toda una comunidad vivieron una incertidumbre desgarradora, aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida.
Este crimen también obliga a reflexionar sobre las múltiples dimensiones de violencia que pueden converger en un mismo hecho. Desde algunas perspectivas, podría analizarse como una manifestación de violencia vicaria, entendida como aquella que se ejerce sobre hijas e hijos con el propósito de causar el máximo daño posible a una mujer. Sin embargo, limitar la mirada exclusivamente a esa categoría resultaría insuficiente. Ante todo, estamos frente a una gravísima expresión de violencia contra niñas, niños y adolescentes, quienes constituyen uno de los grupos más expuestos y vulnerados frente a distintas formas de violencia y criminalidad.
En el caso de Agostina, la violencia ejercida contra la adolescente trasciende a la víctima directa y alcanza a todo su entorno afectivo. Por ello, el hecho también puede comprenderse como una forma extrema de violencia de género que se multiplica en sus efectos: por un lado, a través del femicidio de una adolescente cuya vida fue arrebatada de manera brutal; por otro, mediante el daño irreparable causado a su madre, obligada a atravesar el dolor inconmensurable de perder a su hija en circunstancias que conmueven a toda la sociedad. La violencia no termina en quien la sufre directamente, sino que se proyecta sobre las familias, destruye vínculos, deja secuelas permanentes y genera profundas heridas colectivas.
Hoy el reclamo social se concentra en el esclarecimiento completo de los hechos, la determinación de todas las responsabilidades que correspondan y el acompañamiento integral a una familia que atraviesa uno de los dolores más profundos que puede experimentar una persona.
Más allá de la investigación judicial en curso, el caso vuelve a interpelarnos como sociedad acerca de la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes, la necesidad de respuestas estatales rápidas y eficaces ante denuncias de desaparición, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de las violencias y el compromiso colectivo para erradicar todas las formas de violencia de género y de violencia contra las infancias y adolescencias. El pedido de justicia por Agostina no es sólo el reclamo por el esclarecimiento de un crimen; es también una exigencia para que ninguna otra familia deba atravesar una tragedia semejante.
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