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En Ituzaingó, el Sindicato de Trabajadores Municipales propone sacar la recolección de residuos de manos privadas para mejorar los salarios y modificar una ecuación económica que, según denuncia, consume el 42% de la recaudación municipal. En Moreno, la municipalización quedó sepultada hasta 2032 por el acuerdo con Camioneros. Dos distritos, un mismo servicio y una discusión que excede la basura: quién lo administra, cuánto cuesta y cómo se distribuyen los recursos.


La recolección de residuos es uno de los servicios más costosos de la administración municipal. Pero el gasto no se mide solamente en toneladas levantadas, recorridos realizados o cuadras barridas. También se expresa en las condiciones laborales de quienes hacen el trabajo y en las diferencias salariales entre trabajadores que cumplen tareas similares bajo relaciones de contratación distintas.


En Ituzaingó, el Sindicato de Trabajadores Municipales puso sobre la mesa una propuesta concreta: estatizar el servicio para mejorar los ingresos del personal y aliviar las cuentas públicas. Según publicó PrimerPlano Online, el secretario general del gremio, Juan Carlos López, sostuvo que la recolección absorbe actualmente el 42% de la recaudación municipal (esquema de concesión total).


El dirigente expuso una desigualdad difícil de justificar: mientras un trabajador municipal dedicado al barrido cobra alrededor de 600.000 pesos, otro que realiza la misma tarea para una empresa privada percibe cerca de 1.500.000 pesos. Una diferencia que convierte la modalidad de contratación en un factor determinante del salario.


En un caso, el ingreso queda por debajo de la línea de indigencia; en el otro, supera la línea de pobreza. La comparación no es menor: se trata de trabajadores que sostienen un servicio esencial, pero cuyos ingresos pueden quedar separados por una brecha de casi un millón de pesos.


¿Quién se queda con la caja de la basura?


La propuesta sindical busca sacar de manos privadas el conjunto del servicio. En términos políticos, abre una discusión sobre el negocio de la recolección: cuánto paga el Estado municipal, qué costos asume y qué margen existe para mejorar las condiciones laborales si la prestación pasa a la órbita pública.


López señaló que el intendente Pablo Descalzo propone que el Gobierno nacional deje de cobrar el 21% de IVA por la contratación y que la Provincia elimine los tributos correspondientes al rubro. Según el dirigente, ese alivio impositivo podría representar un ahorro total del 50% y traducirse en mejores salarios.


Pero el propio gremio advierte que el problema se agrava con la caída de la recaudación, asociada a la baja de la actividad económica. En ese escenario, la estatización aparece como una alternativa para revisar el destino de los recursos públicos y discutir si el esquema actual resulta conveniente para el municipio y sus trabajadores.


La idea de «terminar con toda la caja» puede funcionar como una lectura política de la iniciativa, pero el planteo concreto del sindicato apunta a modificar el sistema de prestación, reducir costos y mejorar los salarios. El debate de fondo es si la gestión privada ofrece mejores resultados que una administración pública directa y bajo qué condiciones.


Moreno: la municipalización, hasta 2032


La discusión encuentra un contrapunto en Moreno. Aquí, posibilidad de municipalizar la recolección quedó desplazada por un acuerdo con el gremio de Camioneros que prolonga el esquema vigente hasta 2032. La mano de obra privada es millonaria, se indexa por arriba de la inflación y juega con el engaño del servicio perfecto.