Por Analía Brizuela –
Cinco familias campesinas y originarias fueron desalojadas con violencia de su territorio en las cercanías del pueblo de Guerrero, a poco más de 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había reconocido los derechos a la comunidad kolla Guerrero (toma el mismo nombre de la localidad): primero le otorgó la personería jurídica y, años después, aprobó la carpeta técnica con la cartografía de su territorio de ocupación actual, tradicional y público. Detrás del desalojo está la familia Jenefes Quevedo, parte del poder político y empresarial de la provincia.
Guerrero es una localidad vecina de San Salvador de Jujuy, a medio camino entre la capital de la provincia y la turística Termas de Reyes. Antes de cruzar un puente sobre un curso del río Reyes, la curva de la ruta provincial se encuentra con un camino de tierra: allí aparece un portón que marca el ingreso Finca Guerreros (o Finca Quevedo). Es el ingreso a las casas de varios integrantes de los Jenefes Quevedo, pero también a las humildes viviendas de la comunidad indígena kolla desalojada el martes 15 de octubre.
La zona es rural, pero tan cercana y accesible desde San Salvador que la convierte en altamente apetecible a intereses inmobiliarios. La familia Jenefes Quevedo tienen varios catastros que heredaron de Susana Carrillo de Quevedo Cornejo. Las hectáreas en conflicto, sobre las que el juzgado jujeño número 7 de Primera Nominación ordenó desalojar, apenas superan las dos hectáreas. Gran parte de esa superficie se extiende hacia el suroeste, por un camino vecinal que ingresa montaña adentro por faldeos de las yungas jujeñas que corona el gran pico del Nevado del Chañi.
Decretos para beneficiar a aliados y usurpar territorios indígenas
El conflicto territorial de los Jenefes Quevedo contra la comunidad del pueblo kolla de Guerrero lo inició Juan Jenefes, hijo de Guillermo Jenefes, empresario de medios, ex vicegobernador y ex Convencional Constituyente de la Reforma de 2023. Jenefes hijo ocupa hoy una banca como diputado provincial por el PJ jujeño. “Varias versiones dan cuenta de que ellos (por la familia Jenefes) querían darle las dos hectáreas a las y los comuneros, pero cuando vieron que reclamaban por más de 1.000 hectáreas, comenzó el conflicto”, advirtió Mariana Mamaní, periodista jujeña que acompaña a la comunidad.
El dato concuerda con el expediente judicial que inició Juan Jenefes Quevedo en 2017, año que se relaciona directamente con la finalización de la cartografía del relevamiento territorial indígena que realizó el INAI a través del Renaci (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) a favor de esa comunidad.
Es decir, Morales anuló toda validez de la documentación de la comunidad que había sido otorgada por Nación (y que validaban sus antecedentes y confirmaban derechos territoriales comunitarios). Incluso, en ese decreto provincial, el gobernador Morales anuló una resolución de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Jujuy que legalizaba la documentación que el Estado argentino les había otorgado a los originarios de Guerrero.
No casualmente, la abogada de los Jenefes Quevedo en este caso, Leonor Palomares, aseveró: “No son aborígenes, son usurpadores”. Después remató con el argumento de los papeles fuera de regla, al menos en territorio jujeño. ”Usted bien invoca al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional”, respondió con léxico jurídico la abogada, “pero es potestad no delegada de las provincias el otorgamiento o rechazo de personerías jurídicas a comunidades aborígenes”.
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