Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Por Corresponsal popular para ANRed – El geógrafo e integrante de la comisión de urbanismo de la ocupación de Guernica, Ricardo Apaolaza, asegura que si el gobierno de Buenos Aires recurre a la Ley 14.449 podría solucionar buena parte de la situación. Apaolaza indicó que van solicitarle al juez de la causa que posponga el desalojo que tiene fecha para los primeros días de octubre. Pretenden, de ese modo, convocar a una mesa técnica con el gobierno provincial para analizar la posibilidad de que el barrio cerrado San Cirano ceda el 10% de su terreno al municipio para que éste lo destine a quienes están en la ocupación.

La ocupación de Guernica tiene un conflicto puntual con un barrio cerrado San Cirano. Propiedad de la desarrolladora inmobiliaria Bellaco S.A., la urbanización de lujo ocupa 361 hectáreas, 60 de las cuales están ocupadas por las familias que hace dos meses tomaron el predio. La Ley 14.449 de la provincia de Buenos Aires habilita a que los Municipios capturen el 10% de cada proyecto inmobiliario de más de 5.000 metros cuadrados para utilidad social. “San Cirano se niega de hacer la sesión de esos terrenos, con los cuales se resolvería buena parte del problema”, explicó Apaolaza.

“Estamos armando un escrito para pedir al juez que posponga o suspenda el desalojo para armar una mesa de trabajo con las diferentes reparticiones técnicas el gobierno de Buenos Aires para dejar en evidencia que tienen la solución arriba de la mesa. Con las hectáreas de tierras que ya sabemos que están disponibles sumadas a las hectáreas de una porción minoritaria del country tendríamos este problema resuelto y no tendría que estar avanzando el desalojo”, sostuvo el profesional.

Apaolaza indicó que las tomas de tierras son un reflejo de las distintas crisis sociales y que se repiten regularmente desde principios de la década de 1980. En las primera oledas, los y las ocupantes se asentaban sobre las periferias urbanas que no tenían ningún valor para el mercado. Sin embargo, desde mediados de la década de 1990 los barrios cerrados trastocaron esa lógica ya que comenzaron a instalarse en suelos muy baratos: humedales y zonas con graves pasivos ambientales. “Ahora los sectores especulativos de punta, como los desarrolladores inmobiliarios, van a buscar los mismos terrenos que los grupos de laburantes más castigados”, indicó.

“Hoy tenemos más de 600 urbanizaciones cerradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires que ocupan casi 50 mil hectáreas. Dos veces y media la Ciudad de Buenos Aires. Con una población que ronda las 350 mil personas. Cuando en la Ciudad hay 10 veces más. La cantidad de hectáreas utilizadas con lagos o canchas de rugby es brutal”, precisó Apaolaza.

Solo queremos un pedazo de tierra”

El geógrafo Apaolaza intervino este domingo en una charla denominada “Ilegal es no tener donde vivir: las tomas de tierras y el derecho a la vivienda” organizada por Tierra para Vivir (TPV) y la Cooperativa de Producción Agroecológica (COPA) ambas organizaciones integrantes de Marabunta, Corriente Social y Política. De la actividad participaron también una de las delegadas de la ocupación de Guernica, Yamila, un integrante del Colectivo de Abogados/as La Ciega, la investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, Mariana Giaretto, y el militante territorial Alejandro Pérez.

“Empezamos con asambleas y se fueron decidiendo de forma democrática los delegados y delegadas. Cada manzana constituyó su propio delegado y delegada y fuimos las mujeres y disidencias quienes tomamos un montón de tareas y pudimos organizarnos”, relató Yamila, una de las cincuenta delegadas de la ocupación.

“Cada manzana y cada barrio tiene su delegada o delegado. El reclamo puntual es lisa y llanamente tener un pedazo de tierra para vivir y que los hijos de los compañeros y las compañeras puedan criarse, puedan vivir. Eso lo hemos planteado desde un primer momento. Pero para los funcionarios no es una opción: nos piden que nos retiremos de forma pacífica para ver después qué pasa con las familias”, señaló.

“A partir de la extensión del plazo del desalojo, esta última semana fue bastante tensa y complicada, pero también nos hizo dar cuenta de la organización que hay dentro del predio. Ser 2500 familias es un montón, y en este tipo de situaciones, tan al límite, te das cuenta de que las asambleas de estos dos meses y el espacio compartido dio sus frutos”, describió.

“La gente lo único que quiere es un lugar para vivir. Entendemos que irnos pacíficamente no va a solucionar nada. Por eso la gente no se quiere ir. Los planes de vivienda jamás funcionaron y jamás fueron dados a las familias que lo necesitaban”.

Ilegal es no tener donde vivir”

“Una de las cosas que tenemos que entender la legalidad o ilegalidad de las luchas. Es un concepto dinámico. Lo que hoy se presenta como ilegal, mañana, en un contexto de lucha, puede transformarse en algo legal”, sostuvo el abogado de La Ciega. “Lo que tenemos que saber es que el derecho a la vivienda está garantizado. Tenemos derecho a tener una vivienda y si el Estado no nos la garantiza tenemos la posibilidad y el derecho para tomar medidas”, enfatizó.

A su turno, la investigadora patagónica especialista en procesos de ocupación territorial, Mariana Giaretto, indicó que ante las tomas desde el Estado se desarrollan tres estrategias: la criminalización, la judicialización y la militarización de los territorios. Al cierre de su intervención resaltó la importancia de las ocupaciones: “La potencialidad de estos procesos de acceso directo a los medios de existencia está en pensar una sociedad anticapitalista, que vaya en contra de los propios principios de la sociedad capitalista fundamentalmente de la propiedad privada”.

El militante territorial de la zona sur del Conurbano, Alejandro Pérez, sostuvo, por su parte, que la actual es la cuarta oleada de tomas en la provincia de Buenos Aires e hizo un repaso histórico. La primera fue a comienzos de la década de 1980 como corolario de distintas políticas habitacionales y económicas de la dictadura. La segunda se constató a medidos de la década de 1990 cuando comenzó a sentirse la crisis económica menemista. Posteriormente se concretó una tercera oleada a mediados de 2000. “El kirchnerismo, pese a qué se ufanó de su política habitacional, no construyó una cantidad de ‘soluciones habitacionales’ que lograse resolver el hacinamiento previo y el de las nuevas generaciones”, explicó. Esa tercera oleada concluyó con el violento desalojo del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires en 2010.