El pliego de licitación del transporte público ya está elaborado y transita el proceso de aprobación en el Honorable Concejo Deliberante.
El hecho posee una centralidad política indiscutible. Se trata de un nuevo capítulo de las promesas con las que Mariel Fernández llegó al poder, una definición ratificada en la última apertura de sesiones ordinarias, cuando anunció la decisión de avanzar sobre un esquema cuyo contrato vigente vence en enero de 2027.
Antes de los análisis técnicos y de una convocatoria a las comunidades que fue anunciada pero que todavía no tuvo expresión concreta, lo que aparece como fundamento del relato oficial es la necesidad de terminar con una herencia. Más aún: cerrar un ciclo y consolidar un nuevo proceso de poder.
Cuando asumió la Intendencia en 2019, en alianza con Mariano West y Pueblo Libre, la flamante jefa comunal identificó dos estructuras sobre las que concentró sus críticas y objetivos de transformación: la recolección de residuos y el transporte público.
En el primer caso, el tiempo jugó a su favor. El vínculo contractual con Consorcio Trébol vencía en 2020. La gestión respetó el contrato hasta su finalización y abonó cada una de las prestaciones. No hubo multas ni descuentos por incumplimientos. Finalizada esa etapa, se dejó atrás el sistema de privatización integral y se avanzó hacia un esquema de tercerización de la mano de obra, modelo que posteriormente fue renovado hasta el año 2032.
Debe consignarse además que la administración de Mariel Fernández logró incorporar camiones cero kilómetro sin realizar una inversión propia, gracias al aporte efectuado durante la presidencia de Alberto Fernández. Con ese parque automotor ya capitalizado, la posibilidad de municipalizar completamente el servicio de recolección y generar un ahorro genuino parecía una alternativa al alcance de la mano. Sin embargo, la decisión política fue otra: consolidar el vínculo con Hugo Moyano y con la Cooperativa Gestionar Ltda.
Aquel esquema concentrado en manos privadas fue sostenido por los oficialismos peronistas, y fue objeto de observaciones y denuncias por parte de la oposición, tanto por la calidad del servicio como por los montos abonados. Las críticas apuntaron especialmente a pagos que no tendrían correlato directo con las obligaciones contractuales o cuya justificación resultaría difícil de sostener desde el punto de vista administrativo.
El actual modelo de la basura, ideado por el Departamento Ejecutivo, sin herencia alguna, todavía no ha brindado una explicación concluyente respecto de una cuestión central: por qué desde el inicio del nuevo esquema de recolección se abonaron más de 32 mil millones de pesos adicionales a favor de la cooperativa, desembolsos que, según distintas observaciones, no surgirían de manera expresa de las condiciones establecidas en el contrato.
TRANSPORTE: fin de UN monopolio
La fortaleza política construida a partir de los triunfos electorales, traducida en bancas y mayoría propia en el Concejo Deliberante, le otorga al oficialismo la posibilidad de avanzar hacia uno de sus objetivos fundacionales: poner fin al monopolio absoluto de Transportes La Perlita.
A diferencia de lo ocurrido con el servicio de recolección de residuos, donde la Nación aportó los recursos para renovar la flota, en el transporte no hay nadie dispuesto a regalar colectivos. Por eso el diseño del pliego es más directo: dividir el sistema en tres áreas de explotación y establecer que ningún oferente pueda adjudicarse más de una de ellas.
El transporte público constituye un servicio cuya titularidad pertenece al Estado. Es éste quien define las reglas de juego y otorga las concesiones. Sin embargo, por razones económicas, operativas y de escala, las empresas que resulten adjudicatarias no tendrán competencia dentro de sus respectivas áreas de prestación. Dicho de otro modo, el monopolio general que hoy concentra una sola empresa se transformará en tres monopolios zonales, cada uno con exclusividad sobre el territorio asignado.
La diferencia no estará en la existencia o no de competencia directa, sino en la distribución del poder económico y operativo que durante décadas permaneció concentrado en un único actor.
Además de la división territorial del sistema, el pliego asigna a la Autoridad de Aplicación designada por el Municipio de Moreno la responsabilidad de intervenir en el proceso de transición laboral. En términos concretos, deberá coordinar la distribución de los trabajadores que dejarían de pertenecer a la empresa morenense Transportes La Perlita, garantizando su incorporación a las empresas que resulten adjudicatarias de las nuevas concesiones.
Entre los posibles protagonistas del nuevo esquema aparece el grupo Nueva Metropol, propiedad de los hermanos Eduardo y Javier Zbikoski. Con base en Misiones y una creciente expansión en el Área Metropolitana de Buenos Aires, los empresarios impulsan un modelo que presentan bajo la consigna de un «transporte moderno y transformador». Su eventual crecimiento en Moreno constituiría uno de los movimientos más relevantes dentro del proceso de redistribución del negocio que propone la futura licitación.
Respecto del plantel de trabajadores, aproximadamente 450 choferes, existen dos escenarios posibles. El primero, que la actual concesionaria participe de la licitación y logre adjudicarse una de las tres áreas en las que quedará dividido el sistema. El segundo, que decida no adquirir el pliego y reoriente su estrategia de inversión y sostenimiento empresarial hacia otras unidades de negocio.
Esa última posibilidad encuentra sustento en una ecuación económica que comenzó a circular en algunos medios especializados. Según esos cálculos, cada colectivo percibe alrededor de 2,8 millones de pesos mensuales por todo concepto. De ese total, aproximadamente 1,6 millones se destinan al pago de salarios de los choferes, unos 800 mil pesos al combustible y cerca de 100 mil pesos a seguros.
La cuenta deja un saldo de apenas 300 mil pesos por unidad para afrontar el resto de los costos operativos: mantenimiento integral de las unidades, estructura administrativa, honorarios profesionales, infraestructura edilicia, impuestos y otros gastos inherentes a la prestación del servicio.
Si esa ecuación efectivamente refleja la realidad económica del sector, la pregunta es inevitable: ¿por qué insistir en un negocio con márgenes tan estrechos? En ese caso, el Grupo Empresario Pietro (GEP) podría optar por concentrar sus recursos en actividades más rentables, entre ellas la fabricación de carrocerías, un segmento donde posee experiencia, capacidad instalada y mayores posibilidades de expansión. El grupo es representante directo de Mercedes Benz en Argentina, además de poseer La Perlita con participación de la familia Mesa.
Y como en Moreno todo termina siendo político, resulta imposible omitir el encuentro que mantuvieron el año pasado la intendenta Mariel Fernández y el gobernador Axel Kicillof. Fue en octubre y tuvo como eje la entrega de un informe sobre el transporte público del distrito. Del contenido de ese documento poco y nada se conoce, pero su sola existencia alimentó múltiples interpretaciones. El Concejo Deliberante aprobó una emergencia sin fundamentos técnicos pero con mensaje a La Plata.
Circularon versiones de distinto tenor. La mayoría carecía de sustento. Sin embargo, una hipótesis conservaba cierta lógica: la necesidad de incrementar los subsidios o compensaciones destinados a sostener el sistema de transporte local.
El problema es que la realidad financiera de la Provincia no ofrece demasiados márgenes. Al menos hasta finales de 2027, el horizonte económico bonaerense aparece condicionado por recursos escasos, reclamos permanentes a la administración nacional de Javier Milei y la expectativa de que la Corte Suprema se expida sobre fondos reclamados por el gobierno provincial. Aun cuando ese escenario resultara favorable para la gestión de Kicillof, nada garantiza que los eventuales recursos extraordinarios terminen reforzando las partidas destinadas al transporte en Moreno.
Con cuentas ajustadas y una presión financiera creciente, cualquier pedido de ampliación de subsidios luce difícil de atender.
Los números oficiales ayudan a comprender la dimensión del debate. Al mes de mayo, Transportes La Perlita había recibido más de mil millones de pesos en concepto de compensación. El dato no resuelve la discusión sobre la calidad del servicio ni sobre la rentabilidad del negocio, pero confirma que el sistema de transporte local continúa dependiendo de una asistencia estatal PROVINCIAL de magnitud. Para calcular la compensación, el gobierno de Kicillof utiliza información operativa proveniente principalmente del sistema SUBE, incluyendo cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos y otros datos de explotación.
En ese contexto, la futura licitación no sólo definirá quiénes operarán las líneas de colectivos. También pondrá a prueba la capacidad del Estado para sostener económica y políticamente el nuevo esquema que pretende construir.
El pliego que La Capitana de Moreno envió al Concejo Deliberante puede significar un renacimiento de algo superior a El Colmenar. Si en los años ’90 con el neoliberalismo peronista de Carlos Menem abriendo sus fauces para fagocitar las joyas del Estado nacía la Mutual de Transporte que luego enfrentaría a La Perlita, ¿podemos descartar que dos décadas y media después cobre luz una COOPERATIVA, un surgimiento de los Nadies en Cuartel V?
El Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones puede abrigar una esperanza, una primavera, ya que no define reglas o criterios de adjudicación sobre la oferta mas conveniente para el Estado.
La competencia no estará dada por una mejora económica de la oferta. Los interesados no pujarán por el canon, que ya fue fijado en el equivalente a 75 litros de combustible por colectivo y por mes. Tampoco competirán proponiendo más unidades, mejores frecuencias o una ampliación de recorridos, ya que todos esos parámetros se encuentran previamente definidos en el pliego.
Lo que deberán acreditar los aspirantes es su capacidad efectiva para prestar el servicio. En otras palabras, tendrán que demostrar documentalmente que cuentan con la cantidad de colectivos exigida, el personal necesario, playas de estacionamiento, talleres, estructura operativa y respaldo económico suficiente para cumplir con las condiciones establecidas por la Autoridad de Aplicación.
La licitación, entonces, no se resolverá por quién ofrece más o menos, sino por quién logra acreditar que está en condiciones de ejecutar un esquema de prestación diseñado por el Municipio.
El inicio de un debate tan trascendente como postergado invita a recuperar una mirada que, décadas atrás, pareció anticipar el tiempo presente. Eduardo Galeano supo describir con notable precisión una sociedad atravesada por la fragmentación y el aislamiento. Patas arriba: La escuela del mundo al revés: «La cibercomunidad naciente encuentra refugio en la realidad virtual, mientras las ciudades tienden a convertirse en inmensos desiertos llenos de gente, donde cada cual vela por su santo y está cada cual metido en su propia burbuja».
Resulta llamativo que un tema de enorme impacto social avance sin haber generado, hasta el momento, un debate proporcional a su importancia.
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