Migraciones dispuso una expulsión ilegal

Se trata de un hombre afrodescendiente con casi veinte años de residencia en el país, esposa y tres hijos nacidos acá. Fue detenido -merced al DNU que modificó la ley de migraciones- cuando iba a buscar, por fin, su DNI como residente permanente. Estuvo cinco días incomunicado y sin despedirse de nadie fue dejado del otro lado de la frontera uruguaya de donde Juan Pedro Martinez Piedraita es nativo.

Por Marta Dillon.

A la madrugada, sin que se tuviera en cuenta su representación legal, sin que pudiera ver a su esposa ni a sus tres hijos -los cuatro nacidos en Argentina- en los cinco días de detención que pasó sin medicación para la hipertensión que sufre; sin cambiarse de ropa, sin ningún derecho a réplica, Juan Pedro Martinez Piedraita fue expulsado del país de forma arbitraria e ilegal. Es una consecuencia de la modificación de la Ley de Migraciones a través del DNU 366/2025, pero esta deportación de hecho también viola la letra de ese decreto, ya que antes de tomar cualquier decisión, la Dirección de Migraciones debería haber constatado y respetado los vínculos familiares de Martinez Piedraita. No lo hizo. En cambio, modificaron la hora de la expulsión y ni siquiera para cruzar un adiós pudieron verse Juan Pedro y su familia.

¿Por qué expulsaron del país a este hombre afrodescendiente, nacido en Uruguay pero residente en Argentina hace casi veinte años? Paola Arismendi no sabe qué contestar, le cuesta hablar sin llorar, sabe que las leyes migratorias cambiaron pero desde 2022 a su marido le habían otorgado una residencia permanente. “Yo te digo la verdad, toda la verdad, mi marido pasó por un mal momento, nosotros vivíamos en Hurlingham, en un barrio caro, y él fue adicto, te digo la verdad -insiste-, cuando venía drogado yo lo echaba y se escuchaban los gritos afuera. Los vecinos hicieron la denuncia y por violencia de género le dieron una condena de un año y seis meses más una probation”. Esa condena fue cumplida en 2018, Martinez Piedraita pudo recuperarse de su adicción, la pareja se mudó a Merlo y tuvieron a su tercer hijo que ahora tiene 6.

“Tenía hasta el DNI pagado, en marzo nos dijeron que ya no habría más residencias precarias, cuando fuimos a migraciones teníamos esa ilusión de tener finalmente el documento”. En cambio, Juan Pedro fue retenido, separado de su esposa en las mismas oficinas donde esperaba poner fin a sus trámites como “extranjero”. Ese día su hijo más pequeño actuaba en la escuela y el matrimonio esperaba llegar a verlo. No fue así.

“Retenido” es el eufemismo para nombrar la nueva habilitación de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Poder Ejecutivo, para detener a personas nacidas en otro país por irregularidades en sus papeles de residencia o por su falta. Es el fuero contencioso administrativo -en este caso el juzgado Nro 12- el que tiene que ordenar esta “retención”, una incumbencia nueva para este fuero, que se produce, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en las dependencias de la Policía Federal conocidas por el nombre de la calle donde se encuentran: Cavia -ahí donde se amenazó con llevar a CFK en las horas previas a su detención. “Esta expulsión es arbitraria e ilegal”, califica Diego Morales, director de Litigio del Cels, “y es elocuente de lo que está pasando en este momento, se homologa un antecedente penal con la expulsión”. Y eso está fuera de la ley, incluso fuera de los cambios que introdujo el DNU firmado el 29 de mayo de este año que incluye a delitos con penas de tres años -en la ley anterior la pena a tener en cuenta era de cinco- como causal de expulsión o denegación de la residencia.

“Nosotros somos emprendedores, pagamos alquiler. Él tiene un puesto en la feria de Merlo, donde vivimos, tiene la cuenta de luz a su  nombre, hace veinte años que somos familia”, se desespera Paola. La historia de su marido tiene vínculos con la de Francisco Urizar, un guatemalteco con 30 años de residencia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. A él lo capturó el ICE -el equivalente a la Dirección de Migraciones de nuestro país- en el estacionamiento de un mall donde se detuvo para entregar tortillas en un puesto de comidas, ese era su trabajo. Francisco estuvo desaparecido cinco días, después se anunció a sus hijas que sería deportado, la causa es una condena por violencia de género cumplida hace más de diez años atrás. La historia viene al caso, ya que los fundamentos de la necesidad y urgencia del decreto que modificó la Ley 25871 -que logró regularizar la situación de dos millones de migrantes en nuestro país- cita las deportaciones masivas en Estados Unidos y dice que “el fenómeno mencionado representa una ineludible señal de alerta para la República Argentina”. E imagina, en el lenguaje formal de los considerandos del DNU, que llegarán a nuestras fronteras delincuentes, integrantes de bandas organizadas y más calamidades directamente desde el norte a este sur. “La justificación (del DNU) vuelve al estigma del migrante delincuente”, dice Morales.

Ocho veces está mencionada la palabra “riesgo”, nueve la palabra “seguridad”, “peligro” y “amenaza” también se repiten en la introducción del DNU 366/2025 que firmó Javier Milei sin siquiera reparar en que el 39% de los votos de La Libertad Avanza en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires son de extranjeros o extranjeras. Además del estigma y la presunción de delincuencia sobre la cual se construye en ese texto a las personas migrantes, también pesa sobre ellas la sospecha de venir a “aprovecharse” de la salud y la educación pública que son un derecho constitucional para “nosotros, nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, como dice el preámbulo de la Carta Magna -el masculino universal corresponde a la época-.  “Una entrada masiva de extranjeros traería aparejada una fuerte afectación de la prestación de servicios esenciales provistos por el estado” y por los cuales se deberá pagar si no se cuenta con una residencia permanente, la que a Juan Pedro Martinez Piedraita le negaron después de veinte años de residencia en Argentina.

“Se estigmatiza a quienes migran como delincuentes pero la población migrante de cárceles no creció en los últimos 20 años, se mantiene en un 6 por ciento, y muchos son detenidos o detenidas en la frontera, no viven acá”, dice la politóloga Melina Sánchez Rincón, quien organizó dentro de la Casa Roja de Amar -el sindicato de trabajadorxs sexuales – un grupo de acompañamiento para quienes están en una situación especial de vulnerabilidad. Tanto porque en el barrio de Constitución -donde está ubicada la Casa Roja- la violencia institucional es permanente, como porque el mismo trabajo sexual está estigmatizado, más cuando se trata de personas trans o travestis. Paola, Osiris, María Joaquina y Daniela son algunas de las que fueron detenidas en Cavia con peligro de ser expulsadas igual que Piedraita. “Paola podría haber sido la primera travesti deportada -dice Sánchez Rincón-, se le consiguió un estatus de refugiada por la cantidad de travesticidios que se cuentan en su país de origen, Perú. Sin embargo, advertimos que el Ministerio Público Fiscal está teniendo en la calle prácticas extorsivas ‘¿Te expulso ahora o en tres años?’ preguntan ante cualquier causa con una ley en la mano que ni siquiera tuvo que pasar por el Congreso.”