En el recorte que su propio equipo de campaña selecciona para que los electores conozcan y aprecien sus virtudes de dirigenta, la intendenta Mariel Fernández hace gala de haber planificado estratégicamente el uso del suelo en Moreno. La premisa, según explica, es que la tierra debe garantizarnos un lugar donde vivir, alimentarnos y trabajar.
La declaración viene cargada de ambición. Por un momento, uno podría imaginar que el gobierno municipal está preparando una reforma agraria, distribuyendo tierras para resolver el déficit habitacional y promoviendo que cada familia pueda producir lo necesario para su subsistencia. Por ahora, tenemos un recorte de campaña, una definición exhacerbada y una planificación estratégica cuyo contenido concreto sigue siendo un misterio para buena parte de la comunidad.
La explicación continúa. La Capitana afirma que esa planificación se orientó al «desarrollo industrial con una convivencia con el ambiente saludable». La frase parece contener una dirección política, aunque deja abiertos varios interrogantes: ¿qué desarrollo industrial?, ¿con qué ordenamiento territorial?, ¿bajo qué criterios ambientales?, ¿con qué actores sociales y económicos?, ¿con qué metas y plazos? Sobre todo, ¿dónde puede consultar la ciudadanía ese plan que la Intendenta presenta como uno de los atributos de su gestión?
Hasta aquí, la comunicación oficial cumple su cometido: pone en circulación una definición, construye una imagen de gobierno y propone una interpretación favorable de los propios actos. Lo que no aparece con la misma intensidad es el segundo movimiento, el que convertiría el mensaje en una política pública susceptible de ser discutida, contrastada y evaluada. La usina comunica, pero no parece demasiado interesada en abrir las ventanas para que entre el intercambio.
Conviene hacer una distinción. Planificar el uso del suelo no es lo mismo que hablar de sustentabilidad, del mismo modo que invocar un ambiente saludable no equivale a demostrar que las decisiones municipales lo producen. La planificación territorial exige conocer los recursos disponibles, establecer prioridades, fijar objetivos, evaluar consecuencias y articular políticas de vivienda, producción, infraestructura y ambiente. No alcanza con reunir palabras nobles en una frase bien editada para las redes.
Y si la planificación estratégica existe, después de seis años de gestión debería ser posible conocerla, discutirla y comprobar sus resultados. Sin embargo, el plan no aparece en el debate público con la entidad que cabría esperar de una política que, según la propia Intendenta, define cuestiones tan elementales como el acceso a la tierra, la vivienda, el trabajo y el desarrollo industrial. ¿Se trata de un documento conocido por las áreas municipales y las instituciones del distrito? ¿Fue elaborado con participación de la comunidad? ¿Tiene metas verificables? ¿Qué decisiones concretas se tomaron a partir de él? ¿Qué resultados pueden medirse?
No son preguntas caprichosas. La planificación estratégica es, precisamente, un proceso sistemático y colectivo. Requiere convocar a los actores de la comunidad, construir un diagnóstico compartido y acordar objetivos de mediano y largo plazo. Su utilidad no se agota en orientar las acciones del gobierno: también debe permitir que ciudadanos, organizaciones, universidades, instituciones públicas y sectores privados conozcan el rumbo, aporten sus perspectivas y coordinen sus decisiones.
En Moreno, esa conversación parece haber quedado fuera del encuadre. La gestión produce mensajes sobre sus virtudes, pero no construye con la misma disposición los espacios para discutirlas. El relato llega terminado, con su interpretación incluida. La comunidad queda en el lugar de espectadora: puede recibir la comunicación, compartirla o cuestionarla desde afuera, pero no necesariamente intervenir en la elaboración de las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Alcanza y sobra registrar un hecho que se sostiene desde hace siete años. La Universidad Nacional de Moreno desarrolla su propia planificación estratégica y produce conocimientos, investigaciones e innovaciones que podrían contribuir al desarrollo del distrito. Sin embargo, no existe una articulación municipal capaz de aprovechar plenamente esa capacidad académica para construir una agenda territorial compartida. La Universidad fue concebida para cumplir una responsabilidad institucional que excede sus aulas; el gobierno local, por su parte, podría encontrar allí una herramienta de enorme valor para planificar. Pero para eso hace falta algo más que una mención protocolar: hace falta sentarse, intercambiar y trabajar sobre objetivos comunes.
El problema tampoco se limita a la planificación territorial. En la dinámica que imprime el Ejecutivo, las decisiones grandes y pequeñas suelen llegar al Concejo Deliberante con escaso margen para el análisis. En ocasiones, los instrumentos que deben aprobarse se conocen apenas 48 horas antes de su tratamiento. Ordenanzas que habilitan acciones, establecen exigencias, disponen expropiaciones o conceden exenciones pueden llegar sin que se expongan públicamente los estudios, diagnósticos, fundamentos o cálculos económicos que permitan evaluar su alcance.
La participación ciudadana, entretanto, no parece ocupar un lugar central en ese circuito. Se gobierna, se decide y se comunica; el intercambio queda para después, si es que llega. Así, el oficialismo conserva el control de la escena y de la interpretación de sus actos, mientras la comunidad pierde oportunidades para intervenir antes de que las decisiones estén tomadas.
No es solamente un problema de transparencia. La ausencia de debate y planificación compartida también compromete la eficiencia en el uso de los recursos públicos, dificulta la coordinación con actores provinciales y regionales y debilita la rendición de cuentas. Si no hay metas acordadas ni indicadores públicos de cumplimiento, cualquier balance corre el riesgo de convertirse en una competencia de relatos: el gobierno enumera sus logros y la oposición cuestiona sus resultados, pero la ciudadanía carece de una referencia común para determinar qué se hizo, qué falta y cuánto costó.
En el universo comunicacional de la gestión, en cambio, todo parece más sencillo. La Intendenta formula una definición, su equipo la selecciona y la difunde, y el mensaje llega al público con una conclusión incorporada: hay planificación estratégica, existe una visión de futuro y el gobierno sabe hacia dónde va. El problema empieza cuando se intenta salir del video y entrar en el territorio, donde las afirmaciones necesitan documentos, las promesas requieren indicadores y las decisiones deben resistir preguntas.
El plan existe. Lo que no existe es su ejecución
El contraste aparece en el último estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que evalúa el desempeño de los 31 distritos del AMBA ampliado en materia de gestión institucional, desarrollo económico, condiciones sociales, ambiente e infraestructura. CENTRO DE CIUDADES INTELIGENTES Facultad de Ciencias Económicas · Universidad de Buenos Aires 2.ª EDICIÓN · 2026 Índice de Gestión Estratégica de Ciudades.
El relevamiento utiliza 159 indicadores y vuelve a ubicar a Moreno entre los cinco distritos con peor desempeño del conjunto.
Hay un dato especialmente incómodo para la narrativa oficial: según el informe, Moreno no supera el promedio en ninguna de las dimensiones evaluadas. El estudio, sin embargo, identifica tres aspectos considerados fortalezas. Mirados con mayor detenimiento, esos puntos ofrecen una imagen bastante menos auspiciosa que la que podría sugerir una lectura rápida.
El primero es la existencia del Plan de Desarrollo Territorial 2020-2040, que cuenta con un diagnóstico integral y un modelo territorial futuro. A primera vista, la referencia podría funcionar como respaldo de las declaraciones de campaña de la Intendenta. Pero el propio informe señala una debilidad decisiva: no hay avances en la ejecución del plan.
Y aquí aparece una diferencia sustancial entre tener una planificación y gobernar a partir de ella. El documento fue elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial (CEDET) de la Universidad Nacional de Moreno. Según los antecedentes planteados, la Municipalidad no participó en su formulación ni lo incorporó como insumo efectivo de su gestión territorial. Es decir, Moreno dispone de un plan de desarrollo con horizonte a veinte años, pero ese instrumento no se traduce en una política municipal reconocible.
La paradoja es difícil de disimular: el distrito cuenta con un documento que propone pensar su futuro y, al mismo tiempo, la gestión invoca una planificación estratégica cuyo contenido y resultados no aparecen con claridad en el debate público. El plan está; la ejecución, ausente. La planificación, al menos en el terreno de los hechos, parece tener una vida más cómoda en los documentos que en las decisiones de gobierno.
Tasas que se actualizan, salarios que no alcanzan
El segundo aspecto valorado por el estudio es que la administración tributaria municipal cuenta con un esquema de indexación de las tasas en función del índice de precios. En principio, ese mecanismo permitiría sostener los ingresos municipales en términos reales. Pero la evaluación de esa fortaleza requiere incorporar una variable que el indicador, por sí solo, no resuelve: la capacidad de pago de quienes deben afrontar los tributos.
En una economía que comprime los ingresos de los trabajadores, actualizar las tasas al ritmo de los precios no equivale a garantizar una recaudación socialmente sostenible. La fórmula puede preservar los ingresos del municipio sobre el papel, pero no elimina el deterioro de los bolsillos ni responde, por sí misma, a las preguntas sobre la calidad del gasto y la contraprestación de los servicios.
Además, hay decisiones tributarias que merecen una explicación política más precisa. La reciente modificación de la Tasa de Valorización Inmobiliaria, reducida a la mitad para los emprendimientos que crean nuevas urbanizaciones, plantea un interrogante sobre la coherencia entre el discurso territorial y los incentivos económicos que establece el propio gobierno.
La cuestión no es menor. Si la Intendenta cuestiona públicamente el crecimiento de los barrios cerrados, como surge de sus propias declaraciones, ¿qué lógica orienta una reducción tributaria que beneficia a los emprendimientos que generan nuevas urbanizaciones? ¿Qué objetivos persigue esa decisión y cómo se integra con la planificación del uso del suelo que se presenta como una de las grandes virtudes de la gestión?
No alcanza con invocar una convivencia saludable entre industria y ambiente si, cuando se trata de decisiones concretas, no se explicitan los criterios que permiten evaluar su consistencia. La planificación estratégica también debería servir para eso: hacer visibles las prioridades, justificar los incentivos y explicar por qué una decisión tributaria resulta compatible con el modelo territorial que el gobierno dice promover.
Ficha Limpia: la transparencia también necesita luz
El tercer punto destacado por el informe es la existencia de una ordenanza de Ficha Limpia que restringe el acceso a cargos públicos municipales a personas con determinados antecedentes penales. Se trata de una herramienta relevante, pero su sola existencia no resuelve la cuestión más amplia de la transparencia en el ejercicio de la función pública.
La integridad institucional no puede quedar reducida a una condición de ingreso. También exige mecanismos de control, información accesible y rendición de cuentas durante el ejercicio de los cargos. En ese terreno, la publicación de los antecedentes que legalmente correspondan y de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios constituye una vía para fortalecer el control ciudadano, de acuerdo con las obligaciones y los alcances que establece la normativa aplicable.
Las declaraciones patrimoniales permiten conocer bienes, ingresos, deudas y otros vínculos alcanzados por la ley, y pueden contribuir a detectar inconsistencias o eventuales situaciones de enriquecimiento ilícito. Pero para que funcionen como instrumento de transparencia deben ser accesibles, comprensibles y sometidas a controles efectivos. Una ordenanza puede establecer una barrera de ingreso; no reemplaza los mecanismos que permiten observar cómo se ejerce el poder una vez que alguien ocupa un cargo público.
De nuevo, la distancia entre el enunciado y la práctica se vuelve relevante. La transparencia no se demuestra únicamente con una norma, del mismo modo que la planificación estratégica no se acredita con una frase de campaña. Ambas necesitan procedimientos, información y controles que puedan ser conocidos y evaluados por la sociedad.
Una usina de comunicación no reemplaza la planificación
El desafío no es nuevo, pero se vuelve más urgente en un contexto atravesado por la economía del conocimiento, la innovación tecnológica y los debates sobre las llamadas ciudades inteligentes. La capacidad de un municipio para producir y utilizar información, articular instituciones y diseñar políticas de largo plazo resulta cada vez más determinante para enfrentar las desigualdades y orientar el desarrollo local.
En ese escenario, Moreno necesita algo más que una comunicación eficaz de sus propias virtudes. Necesita planificación verificable, coordinación institucional, debate público y objetivos que trasciendan los tiempos electorales. Necesita que la Universidad, las organizaciones sociales, los sectores productivos y la ciudadanía puedan intervenir en la definición del rumbo, y que después exista información suficiente para comprobar si ese rumbo se siguió.
La comunicación gubernamental puede ser una herramienta valiosa para informar lo que hace el Estado. Pero cuando se convierte en una usina que selecciona los fragmentos más favorables, ofrece interpretaciones cerradas y no promueve el intercambio con quienes podrían contrastarlas, corre el riesgo de confundir la difusión de una gestión con la construcción de una política pública.
Mariel Fernández puede afirmar que planificó estratégicamente el uso del suelo. Lo que todavía debe ponerse sobre la mesa es el plan, su articulación con las instituciones del distrito, las decisiones que derivaron de él y los resultados que permiten medir su cumplimiento. Porque una cosa es presentar una visión de futuro y otra, bastante más exigente, es demostrar que el gobierno trabaja para alcanzarla.
La planificación estratégica no debería ser un secreto de gestión ni una virtud certificada por el propio equipo de campaña. Debería ser una hoja de ruta pública, discutida con la comunidad y sometida a evaluación. De lo contrario, Moreno corre el riesgo de tener una estrategia impecablemente comunicada y una realidad que sigue esperando conocerla
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