Por Martín Vallejos
Desde Río Negro – Artículo conjunto de Revista Cítrica y Agencia Tierra Viva
Con los plazos vencidos, el 6 de noviembre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro emitió la resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Calcatreu. La medida supone el permiso final por parte del gobierno provincial a la empresa Patagonia Gold para avanzar en la explotación del proyecto minero de oro y plata. La autorización llega más de dos meses después de la audiencia pública realizada en Ingeniero Jacobacci, a pesar de que la normativa marca un plazo de 40 días para el trámite. Una irregularidad más para abrir paso a una actividad rechazada por la comunidad.
Negocios en Canadá, vulneración de derechos en Río Negro
La novedad fue publicada primero por la empresa minera (el jueves 7 de noviembre). Recién el viernes 8 fue informada por el gobierno provincial. Mientras el comunicado oficial destaca los controles ambientales que se llevarían adelante por el peligro para la vida que implica el uso de cianuro en el proceso de lixiviación, la propia empresa reconoce no haber concluido aún los estudios sobre cómo llevar adelante el proceso de extracción. “La compañía está completando estudios con el objetivo de desarrollar una operación de lixiviación en pilas”, dice el comunicado —publicado en inglés y fechado en Vancouver, Canadá— en el sitio web de la empresa. Aclaran también que tienen “amplia experiencia” en este tipo de procesos: realizaron dos en la última década.
En el mismo sitio se puede leer que la empresa consiguió el mes pasado adquirir los derechos de explotación de cuatro concesiones en cercanías a Mina Ángela. Este segundo proyecto está localizado en territorio de la provincia de Chubut, muy cerca del límite interprovincial y del propio proyecto Calcatreu. Se trata de una antigua explotación en galería cuya boca de mina fue cerrada hace más de veinte años con un fallido proceso de remediación cuestionado por pobladores y asambleas.
En una entrevista reciente, el director ejecutivo de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven apuntaba a la cercanía geográfica de ambos proyectos y a la vez mencionaba que este segundo proyecto está ubicado a tan sólo 45 kilómetros del Proyecto Navidad, paralizado luego de las protestas multitudinarias que en diciembre de 2021 lograron revertir el fraude legislativo que pretendió aprobar una zonificación minera a la medida de la multinacional Panamerican Silver. “Queremos estar ahí para desarrollar el potencial de esta provincia que estuvo cerrada a la minería por muchos años”, declaró Van Tienhoven sobre Chubut.
En Río Negro parecen haber logrado el objetivo con el que desembarcaron en 2018: que el gobierno provincial se convierta en punta de lanza para entregar la provincia al poder minero transnacional.
Mientras en Jacobacci el intendente, José Mellado, amenaza con judicializar la convocatoria a una consulta popular vinculante aprobada por el Concejo Deliberante, las peticiones administrativas ante la Secretaría de Energía y Ambiente han sido rápidamente desestimadas. Así como la convocatoria a plebiscito había sido anunciada durante la audiencia pública por un concejal de la oposición, en el mismo estrado el lonko de la comunidad Putren Tuli Mahuida, José Morales, comunicó la firme decisión de avanzar en el camino legal para reclamar su derecho a la participación.
El territorio de la comunidad de Morales está a sólo ocho kilómetros del proyecto megaminero, pero su comunidad fue excluida deliberadamente de la consulta indígena que establece la ley. La comunidad envió cartas documento a las firmas subsidiarias de Patagonia Gold. Los reclamos fueron rechazados por la empresa con argumentos curiosamente calcados de los esgrimidos por la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia.
A su vez, en las últimas semanas, la Legislatura provincial aprobó un protocolo para efectuar la consulta previa, libre e informada al mundo indígena con el fin de cumplir con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, que en nuestro país tiene rango supralegal (por encima de las normas locales). El protocolo fue rápidamente cuestionado por el Consejo de Comunidades Indígenas y la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Las instituciones y organizaciones indígenas refieren que no hubo ningún mecanismo de participación que les contemple en la redacción y aprobación de una normativa que, paradójicamente, busca garantizar la participación indígena.
Todo lo descripto sucedió en menos de dos meses. La rapidez obedece a que algo parecido al asedio está en juego.
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