EN UNA ASAMBLEA HABLÓ EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES –
Oficialmente la Provincia de Buenos Aires adoptó cerrar las vías o voceros de comunicación. Nadie está autorizado a dar explicaciones de lo que haría o hace el gobierno de María Eugenia Vidal tras las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez el pasado 2 de agosto. Sin embargo se producen reuniones y encuentros de funcionarios bonaerenses que buscan generar consenso en pos de reabrir en aquellas escuelas que «ofrecen» garantías edilicias. Con ese escenario, la presencia de hombres de gobierno convocan al ejercicio de protesta y descarga legítima cuando el dato sale de la red. Así como ocurrió con la «visita» de Sánchez Zinny (Director General de Cultura y Educación) a la Escuela Nº 49, en la mañana de hoy el receptor de toda la bronca (que seguirá acumulada) fue Marcelo Di Mario, Director de Consejos Escolares, figura central en la intervención del Consejo Escolar de Moreno. En orden a la escasa información oficial, Di Mario esbozó que el plan de reparación tiene dos aristas definidas: pruebas de hermeticidad (y reparación) y sistema eléctrico. La búsqueda del gobierno de Vidal para destrabar el conflicto pasa por reabrir los servicios que tengan la aprobación (técnica) que garantiza la seguridad edilicia (gas y electricidad). Más aún, en aquellas escuelas donde los trabajos demanden más tiempo, se pretende reiniciar las clases con un plan de obras en ejecución. Los directores /as exigieron que se cumpla con la ley y que Jefatura Distrital y el Consejo Escolar son competentes para decretar «la suspensión de clases hasta tanto los edificios sean seguros, dignos y habitables, porque la emergencia ya tiene dos víctimas fatales». Es un argumento sólido, amplio y que no está en el terreno de ninguna negociación porque está en la ley, por lo tanto debe ser cumplido.
Pero esta mañana, Di Mario confirmó que el «hace una semana atrás firmó la disposición que creaba una Comisión de Emergencia, compuesta por siete personas, representantes del acampe en el Consejo Escolar, representada en ese momento por el señor Juan Grabois (CTEP) y quien solicitó el listado de personas para que sean parte de esa comisión. Eso lo firmé yo».
Fin de la intervención en octubre y siete actores sentados en una misma mesa de trabajo
La iniciativa no prosperó hasta el momento por cuestiones operativas y políticas:
El Director Provincial de Consejos Escolares, informó que trabajan en el distrito de Moreno «varios inspectores de DPI y empresas, que costó conseguir, para resolver los graves problemas de gas». Falta mucha más información, por ejemplo detalle de las obras, montos y tiempos de ejecución, tres patas fundamentales de algo que puede llamarse plan de contingencia.
Como segundo dato de «información», Di Mario asegura que el 27 de octubre finaliza la avocación del Consejo Escolar de Moreno. Según sus palabras, «no puede hacerse la entrega antes de esa fecha (culminan los segundos 180 días de intervención) porque se aguarda la decisión de la justicia en la causa que investiga (Fiscal Soñora) un desmanejo de fondos públicos, más precisamente del Servicio Alimentario Escolar (SAE):
Di Mario manifestó que el monto que habría sido utilizado indebidamente por el Servicio Alimentario Escolar llega a los 6 millones de pesos: «Esperamos que la justicia rápidamente confirme que están debidamente procesados para que nosotros apliquemos la suspensión de los consejeros escolares imputados y asuman los suplentes. Creemos que esto debe suceder antes del 27 de octubre, si ocurre antes no tenemos problemas en entregar el Consejo Escolar. Nuestra intención siempre fue devolver el Consejo Escolar a los consejeros que fueron electos por el voto popular».
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