El ala política – judicial busca acomodar lo que está plagado de imperfecciones hasta llegar a su paroxismo: edificio Consejo Escolar, obra que financia el Municipio, que deber ser la de mayor avance y rapidez en el gestión Fernández.
En el campo judicial hay un partido en plena disputa y no es el de UNM contra la Municipalidad de Moreno por el terreno (causa ESPUNM). El 19 de septiembre de 2023 la Secretaria de Obras Públicas, Ingeniera agrónoma, María Giménez, confirmó que estaban rescindidos todos los contratos con la empresa DIPRONOR, es decir, las obras más importantes de la gestión: Polideportivo Diego Armando Maradona en Cuartel V, el Parque Argentino Las Flores y el Nuevo Centro Comercial Trujui, Boulevard Caveri, entre Ruta 23 y Canadá. La cuarta obra, Polo Educativo en los terrenos que la Universidad Nacional de Moreno tenía planificado el Instituto Tecnológico y la ESPUNM.
Desalambrar publicó tres informes donde explicó el conflictivo desenlace, preludio de una decisión de la contratista de llevar todo a la justicia porque «el gobierno vulneró aspecto legales y dejó deudas económicas que reclama la empresa»
Sobre el Caso II Polo Educativo, el pasado 5 de julio dimos a conocer que en el expediente judicial DIPRONOR S.A.C.I.F.I C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA – OTROS JUICIOS el Juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 Dr. Luis Oscar Laserna firma SENTENCIA RESOLUTORIA. El corazón del fallo reviste enorme interés público: el gobierno municipal NO PUEDE EXIGIR LA DEVOLUCIÓN de los 87 millones de pesos (adelanto financiero) que, tras la rescisión unilateral del contrato Polo Educativo, buscó recuperar vía SEGURO DE CAUCIÓN.
El equipo jurídico – legal de La Capitana de Moreno apela la medida y obtiene una respuesta positiva porque la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín dictó sentencia en la causa “DIPRONOR S.A.C.I.F.I c/ MUNICIPALIDAD DE MORENO s/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O
ANTICIPADA – OTROS JUICIOS”. Anula el fallo del Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mercedes pero no le permite recuperar los 87 millones de pesos de un proyecto, nuevo Consejo Escolar, que tuvo un segundo llamado a licitación cuando no estaba rescindido el contrato con DIPRONOR.
La sentencia está fechada el pasado 13 de septiembre y contiene argumentos legales muy valiosos para evaluar si el Municipio puede ganar el litigio o perder en todas las causas que hay entre las dos partes porque es la Cámara que indica al Juez que concentre todo un único fallo, resuelva la cuestión de fondo.

En su sentencia, la Cámara opinó que las medidas cautelares que disponen la prohibición de innovar respecto de una situación determinada, son adoptadas por la autoridad judicial con el único objeto de impedir un cambio en la situación de hecho o de derecho, mientras dure el proceso y con miras a la eventual sentencia a dictarse concluyendo en que en esta cuestión no comparte el peligro en la demora para conceder la medida a favor de DIPRONOR.
La empresa a quien le fue adjudicada la obra del Consejo Escolar recibió 87 millones de pesos de adelanto financiero y aquí el nudo del problema tiene más vueltas. DIPRONOR no inicia la construcción porque recibe la carta documento de la Universidad de Moreno que reclama su tierra. Es el gobierno municipal quien suspende la obra por «fuerza mayor», es decir, nunca evaluó que la UNM iría a reclamar y condenar el proyecto municipal que atenta contra la planificación de la casa de altos estudios. Avanzar sobre la tierra y tomarla es un hecho de VOLUNTAD POLÍTICA por tanto es engañoso o falaz argumentar que ocurrió algo imprevisible, de fuerza mayor.
La Cámara de Apelación de San Martín destaca que «se hallaba acreditado que previo a rescindir el contrato con la adjudicataria, la comuna llamó nuevamente a licitación por la misma obra”, cuestión que la Municipalidad nunca pudo explicar a DIPRONOR ni en la causa, lo que además está desajustada de la causal de «fuerza mayor» que adujo la gestión Mariel. Poniendo la lupa en la contestación, expone el Municipio que «de manera intempestiva y arbitraria se vio atravesada por un conflicto con la Universidad Nacional de Moreno quien cuestionó y cuestiona la titularidad sobre el predio, siendo que los planteos cautelares esgrimidos por aquella casa de altos estudios obligaron a su mandante a adoptar las medidas que surgen de las actuaciones administrativas«. En aquel instante del proceso hay un hecho imposible de revertir: el gobierno licita, adjudica y paga el adelanto financiero de una obra cuya tierra estaba en poder y ocupada por la Universidad Nacional de Moreno.
Solo en proyección debe observarse una cuestión que la justicia reduce, tal vez con un grado de impericia. Al tratarse de un conflicto entre actores públicos, el o los /as magistradas leen la titularidad de la tierra colocando fuera el objeto, salvo que piensen que «es lo mismo un Consejo Escolar, oficinas administrativas provinciales que una Escuela Secundaria Politécnica – Instituto y Nodo Tecnológico».
La cautelar que presentó la Universidad Nacional de Moreno en el año 2022 pretendía evitar lo que hoy tiene losa en el segundo piso, el Polo Educativo que no lleva el nombre de Sandra y Rubén. De proseguir la obra el Municipio y en el futuro producirse una sentencia favorable a la Universidad, más allá del tiempo que ello demande hasta agotar todas las instancias, no ha de implicar impedimento alguno para construir la obra de la Universidad en el mismo lugar; lo que necesariamente de producirse, implicaría demoler la obra del “Polo Educativo» hasta donde llegue a realizarse para poder construirse el edificio de ESPUNM – ITUNM – Nodo Tecnológico.
Si eso ocurriese el gobierno municipal habrá dilapidado bajo su entera responsabilidad mucho más que 87 millones de pesos que busca recuperar, tal vez la cifra superará los MIL MILLONES DE PESOS del Fondo Educativo.
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